En algunos allanamientos “especiales” debería estar presente el juez para dar “garantías a todos”, opinó el presidente de la Corte

“La casa parece un museo, hay hasta colmillos de elefantes que el hombre fue a cazar a África”, dijo a Búsqueda una persona que tuvo acceso a la vivienda. Lejos de esa imagen romántica, la Policía quiere indagar cómo ingresaron las armas al país y cuál era el fin de almacenar granadas y hasta fusiles de asalto. La Policía, que recibió la denuncia de un yerno del empresario, molesto por una disputa familiar, puso el caso en conocimiento de la jueza penal de octavo turno, Graciela Eustachio, quien autorizó el allanamiento. Fuentes judiciales dijeron a Búsqueda que las armas incautadas son “menos de 1.000” y que existen “múltiples formatos” de calibres y piezas. La magistrada espera que peritos policiales realicen un detallado informe del arsenal para decidir si devuelve las armas o si existe algún tipo de sanción administrativa o penal hacia el dueño de casa.

El magistrado señaló que no recibió “reproche alguno” de sus colegas por su actitud y considera además, que eso “no corresponde” porque no cometió ninguna ilegalidad.

“Si el allanamiento tuvo irregularidades es tema a decidir por la jueza que lo dispuso”, agregó Larrieux, quien considera que en las intervenciones de “especiales características”, como la que se produjo en el Royal Bank of Canada o en este caso, debería hacerse presente “el juez o funcionario del juzgado” para otorgar “garantías para todos”. Fuentes cercanas al caso del banco canadiense dijeron que la jueza no concurrió porque a esa hora estaba en otro allanamiento por el mismo tema.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó a Larrieux por correo electrónico, ya que el magistrado se encuentra en Buenos Aires en un seminario organizado por la Corte Penal Internacional.

—¿Por qué visitó usted al coleccionista de armas que estaba siendo allanado por la Policía?

—El motivo de mi presencia fue enterarme del estado de salud de un amigo de muchos años, octogenario, enfermo, que no se encontraba acompañado por familiares en el momento del allanamiento, solo por un empleado.

—¿Su presencia en la vivienda no puede interpretarse como una presión para la jueza que lleva adelante el caso?

—En absoluto. Todos los jueces de la República son independientes.

—La jueza Mariana Mota recibió un reproche ético por parte de la Corte por participar de la Marcha del Silencio. ¿No son comparables las situaciones?

—Las situaciones no son comparables, pues en nada intervine en el procedimiento, accediendo a verlo acompañado por dos familiares mientras afuera esperaban amigos y otros familiares preocupados.

—¿Recibió algún tipo de reproche por parte de sus colegas en la Suprema Corte?

—Hasta ahora no recibí reproche alguno de mis colegas ni creo que corresponda.

—¿Considera que hubo alguna irregularidad en el allanamiento?

—Si el allanamiento tuvo irregularidades es tema a decidir por la jueza que lo dispuso si se presenta alguna queja en su juzgado o por la SCJ si se presenta alguna denuncia ante nosotros.

—¿A su juicio es necesario que los jueces estén presentes en los allanamientos?

—Sí, creo que en los allanamientos de especiales características, como el reciente del Royal Bank en el World Trade Center y este, el juez o un funcionario del juzgado —actuario o alguacil— deberían hacerse presentes por garantías para todos, para el allanado y para la propia autoridad actuante.

—¿Usted es coleccionista de armas?

—No, solo soy aficionado a la cuchillería y el allanado tiene un biblioteca única en Uruguay sobre temas relacionados, que a veces consultaba.

—Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo el tema, ¿volvería a visitar a su amigo en las mismas circunstancias?

—Por supuesto que volvería en esas circunstancias a visitar a un amigo que no revestía la calidad de detenido, ni indagado ni mucho menos incomunicado, hasta donde tengo conocimiento. Si existen irregularidades en la tenencia de las armas no soy perito para decirlo, no soy ningún experto en armas de fuego y quedará en manos de las autoridades administrativas —el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa—, que lo intimará a regularizar la situación con eventuales multas. Lo que es claro es que el allanado perdió la privacidad, su intimidad, y eso es irrecuperable.