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La aprobación en noviembre de la Rendición de Cuentas implicó para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) un cambio relevante en su estructura. La norma, que entró en vigencia este 1º de enero, determinó que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) deje de formar parte del Ministerio del Interior y se incorpore a la cartera que hoy encabeza Martín Lema.
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Más allá del plazo formal que ya entró en vigor, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron que el pasaje todavía no se concretará. Según indicaron, están en medio de un proceso de “análisis” y “transición” que estiman que se extenderá al menos hasta marzo. En esa labor, hay un grupo de trabajo que lideran las direcciones de secretaría de ambas carteras.
“Nos dimos unos meses más para una mayor precisión”, indicó una de las fuentes consultadas.
Al mismo tiempo que determinó el traslado, la Rendición de Cuentas reasignó al Mides los “bienes muebles e inmuebles” que usaba la dirección, “toda asignación presupuestal”, y también fijó algunas condiciones para el traspaso del personal en funciones, los puestos de trabajo y los créditos asociados.
El asunto de los recursos humanos es uno de los aspectos más delicados del cambio y uno de los que hace más necesario el proceso de transición. Según indicaron las fuentes se está haciendo un análisis del perfil de cada funcionario. Este trabajo tiene un doble objetivo. Por un lado el de “optimizar los recursos” humanos y por otro el de que el resultado de los traslados ya refleje el cambio de perfil que se le quiere dar a la dirección. En ese sentido, dijeron que seguramente los funcionarios que tengan una formación más de perfil policial permanezcan en el Ministerio del Interior.
El Mides quiere que la Dinali profundice su “impronta social”. De hecho, pasará a estar bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección Social. Esa dependencia es la que trabaja con la población en situación de calle, un área que tiene puntos de contacto con la situación de los privados de libertad.
Buena parte de la población de calle pasó en algún momento de su vida por una cárcel. Ese fenómeno se ve reflejado en los censos que realizó el Mides en 2020. En esa oportunidad el 53,4% de quienes estaban durmiendo a la intemperie en Montevideo dijeron haber estado privados de libertad en algún momento, entre quienes estaban en la misma situación pero en el interior del país el porcentaje fue de 34,9% y entre quienes estaban en refugios de 26,6%. El censo de 2020 contó 885 personas a la intemperie y 1.668 en refugios.
El pasaje de la Dinali al Mides era un viejo reclamo de diversos actores. Entre ellos estaba el exdirector de esa dependencia Jaime Saavedra, un jerarca que llegó al cargo en las administraciones frenteamplistas y se mantuvo durante los primeros meses de la gestión de Jorge Larrañaga, hasta que decidió renunciar en mayo de 2020.
“Lo primero que hay que hacer es colocar a la Dinali en el Mides. Es un entorno mucho más amigable para las políticas pospenitenciarias que el del Ministerio del Interior. (...) La Dinali tiene que ir a un lugar donde la gente maneje otro lenguaje y preocupaciones. (...) El trabajo en el territorio de la rehabilitación es de educadores que pelean con los privados de libertad para que dejen de ‘bandidear’, por decirlo así. Pero ese trabajo que apasiona a determinado grupo de personas al resto la termina aburriendo: si me pongo a debatir con el comisario general capaz que no me entiende o se cansa, porque lógicamente en un contexto de seguridad tiene otras urgencias”, explicaba en una entrevista pocos días después de renunciar (Búsqueda Nº 2073).
La Dinali tiene como objetivo “reinsertar” en la sociedad a los adultos que egresan del sistema penitenciario. Se trata de una herramienta para ayudarlos, entre otras cosas, a ingresar al mercado laboral. La dirección, que tiene su sede en Montevideo y oficinas de referencia en más de diez departamentos, realiza talleres, seguimiento mediante entrevistas y analiza las particularidades y vulnerabilidades de cada caso.
El presupuesto y los recursos humanos disponibles son dos de las principales limitaciones y debilidades de la dirección, según su exjerarca. En la entrevista con Búsqueda aseguraba que la Dinali tenía poco más de 73 funcionarios y $ 10 millones y era autocrítico con el hecho de que el Frente Amplio no hubiera podido en 15 años mejorar sustancialmente la situación. En contrapartida, contaba que en 2019 fueron liberados 7.000 presos.
La compleja situación de las cárceles es parte del particular contexto en el que el Mides deberá asumir su nuevo desafío. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit ha expresado este año más de una vez su preocupación por el incremento de la población carcelaria. Uruguay tiene unos 13.700 privados de libertad y ocupa el puesto número 15 entre los países con más presos cada 100.000 habitantes. Además, el 2021 fue un año récord de muertes en las cárceles con 86 casos.