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El relato de los hechos coincide. Los efectivos de las Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de Venezuela llegan al lugar en camionetas negras sin matrículas. Vestidos de negro y sin identificación. Pasamontañas cubriéndoles el rostro. Armas largas. Violencia. Las Faes irrumpen en la casa, hostigan a las mujeres y separan a los hombres jóvenes del resto. Casi todos mueren de uno o más disparos en el tórax.
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El modus operandi fue descrito por familiares de 20 jóvenes asesinados por las Faes entre junio de 2018 y abril de 2019 a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Y son parte del informe que Michelle Bachelet presentó sobre la situación en Venezuela, en el que detalló las “numerosas violaciones a los derechos humanos” cometidas en la última década por el gobierno venezolano.
El viernes la delegación uruguaya ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, respaldó el informe, cuyo contenido consideró “alarmante”. Sin embargo, evitó condenar al régimen de Nicolás Maduro y exigirle un cambio de política como hicieron otros países.
Informe lapidario
En la 39ª sesión del Consejo, en setiembre del 2018, una mayoría del organismo le solicitó a Bachelet que preparara un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El resultado, entregado por la expresidenta de Chile el 4 de julio, describe una situación dramática.
El capítulo sobre la situación de la economía y sociedad detalla que en Venezuela varias enfermedades que habían sido erradicadas o que estaban controladas “han reaparecido”. También describe la “falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles” y el “aumento en la mortalidad materna evitable”. Además, menciona que “1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” en los últimos cuatro meses.
Las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”, dice. Y agrega que la crisis que enfrenta ese país es anterior a las sanciones que le aplica Estados Unidos a Petróleos de Venezuela, aunque esas medidas la están agravando.
A partir de los testimonios documentales y de entrevistas con centenares de personas, la oficina de la ONU habla de una “represión selectiva y persecución por motivos políticos” cometida por el régimen a lo largo de “al menos una década”. Al respecto, asegura que “el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
El informe señala que los servicios de inteligencia venezolanos “han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y torturas” de políticos opositores y de sus familiares al menos desde el 2014. A esas tareas se suman los “colectivos armados”, quienes contribuyen al sistema con el “control social” en las comunidades locales.
La ACNUHD pudo “documentar” de manera “detallada” 135 casos de personas privadas de libertad sin justificación en los últimos cinco años. “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, dice.
En las conclusiones, el informe sostiene que “miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años” y añade que “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”.
Posiciones
El viernes 5 Bachelet presentó su informe en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos, instancia en la que destacó que el gobierno de Maduro se comprometió a colaborar con la ONU y reclamó que los líderes de ese país dejen de lado sus ambiciones personales para encontrar una solución al conflicto.
A su turno, el delegado de Venezuela sostuvo que el documento no reflejaba “la realidad” de su país, en el que no hay “crisis humanitaria”.
Luego, cada integrante del consejo tuvo dos minutos para exponer su posición. El delegado de la Unión Europea expresó su preocupación por el deterioro democrático y la persecución política a los opositores. También reclamó al régimen que aplique las recomendaciones incluidas en el informe, que incluyen la liberación de todos los presos políticos, que “cese la intimidación” a los opositores y eliminar las Faes.
En nombre de un grupo de países —entre ellos Brasil, Argentina, Canadá—, el delegado de Perú expresó que sus gobiernos estaban “muy preocupados” por la falta de garantías en Venezuela y recordó que desconocen la legitimidad del presidente Maduro. Compartió el reclamo europeo de que el régimen cumpla con las recomendaciones.
El embajador de Cuba consideró que Venezuela es “víctima de una campaña mediática sin precedentes”.
Uruguay manifestó su “seria preocupación por las referencias” sobre “graves violaciones de los derechos humanos” contenidas en el informe. “Resultan alarmantes las menciones a las restricciones al espacio democrático, el debilitamiento de las instituciones públicas y el menoscabo a la independencia del Poder Judicial. Preocupan también los casos de tortura y tratos degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y la represión selectiva”, declaró el embajador uruguayo Ricardo González. Además, señaló que era “responsabilidad de todos los líderes venezolanos” generar un “diálogo amplio que permita ponerle fin” a la crisis.
Fuentes diplomáticas consultadas por Búsqueda, que han trabajado en esos temas en el pasado, consideraron que el lenguaje utilizado por Uruguay “pudo haber sido más duro”. A modo de ejemplo, señalaron que habla de “todos los líderes” y no puso la carga del cambio de conducta sobre el régimen, que es el que está violando los derechos humanos. Tampoco mencionó las recomendaciones incluidas en el documento.
Pese al contenido del informe, consultado por la prensa esta semana el vicecanciller Ariel Bergamino evitó calificar a Venezuela de dictadura. “Estamos ante un proceso de descrecimiento de la institucionalidad democrática”, respondió ante la insistencia del periodista Leonardo Sarro.
