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Murió por un encendedor. Un recluso se le acercó a otro con un cigarrillo, le pidió fuego y se fue a fumar. Unos minutos después le devolvió el encendedor, pero su compañero se dio cuenta de que no era el suyo, que se lo había cambiado. Fue a reclamarle y la respuesta que recibió fue directa: “No lo tengo, pero acá tengo dos cortes”. Pelearon y el desenlace fue la muerte de uno de ellos.
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La explicación de que se trató de un enfrentamiento “entre bandas”, motivo que suele atribuirse a los asesinatos en las prisiones, no aplica. Fue una situación trivial, cotidiana e insignificante, pero la lista de muertos en las cárceles está llena de episodios así. Un cigarrillo, un celular, problemas de convivencia no resueltos, pujas por ser el “fajinero” —que en el lenguaje carcelero es el que limpia— o el “ranchero” —el que reparte la comida—, o cualquier actividad que permita a los reclusos salir de sus celdas, generaron enfrentamientos que terminaron en muertes.
En los 11 meses de este año las cárceles se cobraron 37 muertes, que sumadas a las registradas entre 2006 y 2015 alcanzan los 418 fallecidos. Un promedio de más de 40 muertos cada año. La mitad fueron tipificadas como “naturales”, un cuarto fueron homicidios, 16% suicidios y un 8% por “otras causas”. Los datos surgen de un informe elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que fue entregado a los legisladores esta semana.
El foco más problemático está en el Comcar (Montevideo) —concentra el 48,6% del total de las muertes— y puntualmente en la unidad cuatro. Pese a que aloja al 30% de los 10.400 presos del sistema carcelario del país, el 81% de las muertes por causa natural ocurren allí. Petit se reunió con los responsables del Centro Médico del Comcar y se encontró con que el servicio de policlínica estuvo suspendido durante largo tiempo por “la situación de inseguridad en algunos sectores”.
Para Petit “las muertes violentas en un ámbito supuestamente controlado, suelen reflejar deficiencias o carencias severas en el nivel de la intervención técnica y programática del lugar”. En su opinión no se pueden analizar bajo la idea de que esas muertes son “inevitables” o que se dieron por “peleas entre bandas rivales”, porque son “preconceptos” que “no tienen que ver con la realidad”.
Entre 2006 y 2015 los homicidios oscilaron en un promedio de diez casos por año. Sin embargo, este año se dará un pico de asesinatos, con 15 casos. Todos ocurrieron por heridas de arma blanca.
Entre los fallecidos este año hay 36 hombres y una persona de identidad trans. Once de ellos murieron por enfermedades o problemas de salud que no se trataron —tres casos estaban afectados con sida.
Hubo también muertes por caídas de altura, como el caso de un interno que cayó mientras intentaba huir y era perseguido a balazos por la guardia de la cárcel.
En el informe, Petit indicó que hubo “peleas a muerte” por un celular, pequeñas deudas o “malos entendidos acumulados”. “No se pudo constatar que los enfrentamientos, como a veces se señala, fueron provocados por choques de bandas delictivas enfrentadas. La violencia, en los centros donde se registran homicidios, parece surgir de una convivencia claramente degradada que lanza a los internos en una espiral descendente”.
Más allá de los casos puntuales, para Petit “es claro” que hay “agujeros negros” del sistema que permiten la circulación de drogas. “El tráfico de sustancias ilegales y las deudas que el mismo genera, es una fuente constante de entredichos, conflictos y enfrentamientos violentos”.
Suicidios.
El cumpleaños de su hija estaba por llegar y eso lo tenía angustiado. Él estaba preso en el Penal de Libertad y no iba a poder verla. Los compañeros veían que estaba deprimido. Para lograr estar con ella pensó un plan arriesgado: cortarse para que lo llevaran al hospital y así intentar llegar a su hija. Lograron convencerlo de que no era la mejor estrategia. Entre la angustia, un compañero lo consoló, tomaron algunos psicofármacos, fumaron marihuana y se fueron a dormir. A la mañana siguiente colgaba de la ventilación de la celda, ahorcado.
La cárcel no escapa al alto índice de suicidios del país. De hecho, los potencia, por las condiciones en que viven los presos. De las 37 muertes en cárceles que hubo en lo que va del año, ocho fueron suicidios. Todos por ahorcamiento.
Petit afirma que es difícil acceder a apoyo psicológico y que “es evidente” la falta de programas sociales que ayuden a los reclusos en situaciones de riesgo.
En otros centros se vivieron casos similares. En una prisión del interior un recluso se suicidó porque se enteró de que su pareja no estaba embarazada como era su deseo. La explicación que encontró Petit pasa por “la falta de proyectos y la dificultad para elaborarlos en un ambiente con pocos recursos formativos y asistenciales como apoyo”.
Las muertes continúan creciendo en las prisiones. En 2006 fueron 19 y en este año aún sin terminar ya ocurrieron el doble de muertes. Según Petit, la falta de recursos no ayuda, porque, por ejemplo, en prisiones importantes como la de Canelones, el Comcar y el Penal de Libertad, no hay cámaras de seguridad.
“La muerte en prisión constituye un hecho particularmente grave. El Estado es garante de los derechos humanos. Y el primer derecho humano sobre el que se desarrollan todos los demás es el derecho a la vida. En el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene a esos ciudadanos bajo su custodia directa, por lo que asegurar el derecho a una vida digna cobra especial vigor”, escribió Petit en el informe remitido a los parlamentarios.
Estas muertes, agregó, son un indicador del funcionamiento del sistema penitenciario. En especial, sostuvo, “más allá de que no hay sistema de convivencia institucional que destierre totalmente la violencia, las muertes violentas en un ámbito supuestamente controlado, suelen reflejar deficiencias o carencias severas en el nivel de la intervención técnica y programática del lugar”.
