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Este mes se inicia una etapa “definitoria” para el TiSA (Trade in Services Agreement) y el sector agropecuario de Uruguay se prepara para discutir sobre el tema, aunque los actores privados señalan que todavía hay mucho “desconocimiento” sobre sus implicancias, por lo que es imposible adoptar una posición. Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) han expresado inquietudes sobre la incidencia que puede tener este Tratado para asuntos clave del campo, como la trazabilidad y la investigación.
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El miércoles 17, el titular del MGAP, Tabaré Aguerre, manifestó en una reunión del secretariado del Frente Amplio (FA) dudas sobre el TiSA, según publicó el semanario “Brecha” en su edición del 19 de junio. En esa oportunidad, el jerarca expresó “preocupación” sobre aspectos como la trazabilidad del ganado, si se llegan a liberar distintos servicios. Planteó sus dudas respecto a qué pasara con los derechos de la propiedad intelectual sobre investigaciones que lleva a cabo el MGAP. Advirtió que Antel ha realizado investigaciones que fueron usadas por Nueva Zelanda sin que la empresa estatal haya recibido rédito por ello, y que “se justificaron en la libertad de comercio en los servicios”. También dijo que existían “demandas” desde fuera de Uruguay para que la trazabilidad sea monitoreada por empresas privadas en lugar de por su cartera.
Por estos días, el TiSA no es el tema de discusión prioritario dentro del MGAP, que está enfocado junto a otros Ministerios en la elaboración del presupuesto nacional para el próximo quinquenio —el que deberá ser enviado y votado en el Parlamento—, y buscando soluciones para las dificultades que está enfrentando el sector lechero.
Sin embargo, la directora del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del MGAP, María Nela González, aseguró a Campo que la trazabilidad seguirá estando bajo la “dirección” y “conducción” del Estado debido a sus características. “Es parte de un sistema integral de información donde existen varios componentes, es muy complejo, y, como tal, es una política pública”, argumentó. La jerarca recordó que la ley que da marco a la trazabilidad fue acordada por todos los partidos políticos, y que en su proceso de aplicación también participan actores privados, como la empresa que distribuye las caravanas de la trazabilidad individual para ganado vacuno.
“La trazabilidad es una herramienta que le ha dado muchísimo al país”, dijo González, y puso como ejemplo de ello la apertura de mercados logradas a partir de la incorporación de este instrumento y la importancia que tiene para las políticas sanitarias que aplica el Estado. De todas formas, respecto a la discusión sobre el TiSA, González dijo que todavía está “muy verde el tema” y “hay mucha cosa para analizar”.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Ricardo Reilly, dijo a Campo que la incidencia que el TiSA podría tener en el sector agropecuario está “siendo analizado” por la gremial, aunque todavía no han adoptado una “posición” al respecto, en parte, por la “desinformación” que existe sobre el tema, incluso en el propio gobierno. “No es que haya hermetismo, sino desconocimiento, y todos nos estamos tratando de informar en el sector empresarial”, explicó el dirigente. La falta de información quedó evidenciada en las reuniones que la ARU tuvo con la Cancillería, en las cuales, si bien ya se había instalado el tema en la opinión pública y a nivel político, el asunto no fue abordado por ese motivo. Si bien la gremial no tiene agendada una fecha, próximamente planea reunirse con autoridades del MGAP para tratar el tema y ponerlo con más fuerza “arriba de la mesa” del sector agropecuario. “Creo que todos los actores deberían tomar una posición, pero basados en fundamentos”, y “de forma racional”. La idea es determinar “qué es mejor o peor para el país en su conjunto”, y para ello es “fundamental ocupar la silla y formar parte de la discusión”. Por eso valoró positivamente que se genere un debate y que Uruguay sea “parte la discusión”. “En un mundo globalizado, el peor escenario es no estar en los lugares donde se toman las decisiones, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo”, señaló Reilly.
En una línea de pensamiento similar se expresó el CEO del grupo Marfrig, Marcelo Secco, que también es directivo de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu). “No se trató en la gremial nuestra porque es un tema que, políticamente, todavía necesita decantarse” y “por eso tampoco hemos hecho declaraciones públicas al respecto”, explicó el empresario. A título personal, dijo a Campo que “desconoce el alcance” del tratado. El intercambio de opinión con los jerarcas del gobierno sobre el TiSA y la discusión dentro de las propias Cámaras frigoríficas no han sido demasiado profundos hasta el momento. Para Secco, “siempre es importante adelantarse” en este tipo de análisis y que se “intercambien ideas” antes de que se llegue a un consenso, por lo que sería positivo situar este asunto en la agenda de la gremial. Por otro lado, el ejecutivo enfatizó que está en sintonía con la posición de la Cancillería, en el sentido de que, al igual que la cartera, opina que “indudablemente” definir una “estrategia de inserción internacional” es “clave”.
El ejecutivo de Frigorífico Solís, y miembro de la Cámara de la Industria Frigorífica, Jorge González, aseguró a Campo que la gremial no tiene formada una opinión específica sobre el TiSA, pero sí afirmó que es necesario tener la “voluntad” para mejorar el acceso a los mercados, ya sea mediante este camino o “por otros”.
La Federación Rural, en tanto, comenzó a discutir el tema esta semana en la interna de su gremial.
Etapa “definitoria”
Las negociaciones sobre el TiSA entrarán en una etapa más definitoria en julio. En este mes, Estados Unidos y otras delegaciones solicitaron que en las rondas de negociaciones participen “altos funcionarios” de los países involucrados, y no solo técnicos. De esta manera, se podrán tomar “algunas decisiones”.
Uruguay pondrá sus energías para elaborar una oferta preliminar, de acuerdo con un documento que el miércoles 15 entregó el ex presidente y actual senador, José Mujica, a la Presidencia del Frente Amplio (Búsqueda Nº 1.821). Como aspectos negativos del Tratado, en el documento señala que se consignarán todos los monopolios que tiene el Estado, mientras que “servicios a las empresas, turismo, tecnologías de información, servicios de distribución, transporte marítimo y servicios a la mercadería en tránsito y trasbordo en puertos uruguayos podrían manifestarse como intereses ofensivos para el país”. Los anexos, como el de servicios financieros, los de telecomunicaciones y los de compras públicas, generan “preocupación”.
Antes de que Uruguay ingresara a las negociaciones de este Tratado se realizó un minucioso análisis por parte de la Cancillería y la Comisión Interministerial para asuntos de Comercio Exterior. “La conclusión a la que se llegó fue que era oportuno y conveniente ingresar a la negociación, para así poder asumir un papel más directo en la misma, incidir en sus resultados y, de esa manera, posicionar los intereses de Uruguay en la mejor manera posible”, relata el documento. Los resultados del estudio de las propuestas fueron presentados por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, al Consejo de Ministros, donde la decisión fue aceptada.
“Discusión política”
El TiSA es una negociación que están impulsando 24 miembros de la Organización Mundial del Comercio y que apunta a liberalizar los mercados para los servicios financieros, las telecomunicaciones y el transporte marítimo, entre otros sectores de la economía. Entre el grupo de naciones que llevan adelante este proceso se encuentran potencias económicas, como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La lista de países que estén interesados en sumarse está abierta.
La discusión oficial sobre el tratado empezó al comienzo de 2013. Un año antes, Uruguay había manifestado su interés en formar parte del acuerdo y pidió integrarse, lo que sucedió en diciembre de 2014. En febrero de este año se recibieron los textos y comenzó el debate sobre el tema. Dirigentes del Frente Amplio, y de la central obrera PIT-CNT, expresaron su sorpresa sobre este hecho, y aseguraron desconocer que Uruguay estaba participando en esta discusión. Manifestaron su rechazo a esta iniciativa y apuntaron contra el Poder Ejecutivo por mantener el tema en “secreto”, lo que fue descartado por la Cancillería.
El presidente Tabaré Vázquez dijo que si Uruguay sigue o no dentro de la negociación del TiSA, depende de la decisión que se adopte dentro del Frente Amplio, por lo que esta es una “discusión política” y lo que se resuelva tiene que partir de este ámbito.
