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En el 2016, ante una ola de acusaciones de abuso sexual, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió un comunicado para informar que había recibido 44 denuncias sobre 40 sacerdotes de todo el país durante un período de 70 años. El año pasado, en una entrevista con Búsqueda, el cardenal Daniel Sturla recordó aquel momento como un “bombazo” que marcó a la institución. Los obispos uruguayos publicaron una carta de disculpas, se abrió un número telefónico para recibir denuncias y se elaboró una guía para la protección de menores y la prevención de abusos sexuales.
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El paso más reciente de esta campaña fue la organización el martes 2 de un taller para sacerdotes y vida consagrada a cargo de Daniel Portillo, sacerdote mexicano especializado en abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. Además de la capacitación a sus pares, Portillo brindó una charla libre el lunes 1º en la Universidad Católica. Allí Milton Tróccoli, obispo de Maldonado, Punta del Este y Minas y presidente de la Comisión Nacional del Clero —el organismo de la CEU encargado de la invitación—, lo definió como una de las personas “que más saben en América Latina” sobre el tema.
En la charla, Portillo se refirió a los abusos como la crisis más importante de la Iglesia tras la reforma del siglo XVI, que, encabezada desde Alemania por Martín Lutero, apuntó a la corrupción eclesiástica. Marcó el inicio de esta nueva crisis con una fecha concreta: el 6 de enero de 2002, cuando el diario The Boston Globe publicó los primeros resultados de una larga investigación que concluyó con más de doscientas demandas de abusos y casos penales contra la arquidiócesis de esa ciudad estadounidense.
“Fue el primer evento mediático que la Iglesia vivió como escándalo, el parteaguas. Desde entonces hasta hoy se han puesto en evidencia algunas dificultades que como Iglesia tenemos que enfrentar”, afirmó Portillo. Al analizar las causas para esas dificultades, dijo que en un inicio la institución se enfocó en los curas de manera individual: el abusador era el culpable total del acto y por ende bastaba su traslado de una parroquia a otra para pensar que el problema se acababa, “que la lejanía haría del sacerdote perverso uno piadoso, que por desterrarlo del núcleo de la diócesis habría una especie de conversión”.
La práctica mostró que esta reacción agravaba el problema y profundizó la falta de autocrítica interna. “El tema sistémico ha sido el factor más doloroso en el que la Iglesia se ha sumergido y la mayor resistencia que como Iglesia hemos tenido que vivir, porque pasamos a hablar de eclesiopatías, de dinámicas enfermas dentro de la institución que pueden detonar situaciones abusivas”, explicó.
Al ahondar en este fenómeno, apuntó no solo al clero sino al resto de la Iglesia, especialmente a los laicos, por generar una red de veneración hacia el sacerdote acusado de abuso. “Cuando de afuera señalan con el dedo al abusador, los primeros que se ponen a su defensa son los integrantes de esta red que lo admira. Si un obispo decide transferirlo o iniciarle un proceso judicial, lo primero que debe enfrentar es este blindaje. Un blindaje que evita que el abusador se defienda solo. Algo psicopático, tóxico, paranoico, que demuestra el infantilismo que hay en la Iglesia: suponen que esta persona no puede equivocarse”, cuestionó.
El sacerdote chileno Fernando Karadima, el mexicano Marcial Marciel y el estadounidense Theodore Edgar McCarrick son ejemplo de estas situaciones. Referencias de la Iglesia en sus países (McCarrick fue incluso arzobispo de Washington D.C. y cardenal), los tres fueron defendidos por parte de la comunidad católica pese a numerosas denuncias de abusos sexuales. Tras años de debates, a todos se les iniciaron procesos judiciales y terminaron expulsados del sacerdocio o prohibidos de ejercerlo por el Vaticano.
Para evitar defensas públicas de este tipo, Portillo recomendó evitar “la idealización primitiva” hacia los sacerdotes y abandonar la creencia de que los abusos sexuales deben ser resueltos por los obispos en su carácter de líderes de la congregación. “El infantilismo de la Iglesia se ve también en esto, al pensar que los obispos tienen que solucionarlo todo. La prevención no es una misión jerárquica, sino que es una competencia de todos los que formamos la Iglesia”.
Prevenir el mal
Doctor en Psicoanálisis con especialización en niños y adolescentes por la Universidad Intercontinental y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de México, Portillo es director del Consejo Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (Ceprome), basado en México, y profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. “Contar con él es un esfuerzo que estamos haciendo como Iglesia en el Uruguay por el camino de la prevención”, afirmó Tróccoli en su introducción.
La estrategia de la Iglesia uruguaya incluyó en 2016 encomendar la creación de una guía para la protección de menores al Departamento de Educación Católica de la CEU, que formó una comisión de laicos y personas consagradas con experiencia docente y pastoral, y competencias profesionales en medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social y derecho canónico y civil. “Rogamos al Señor, nuestro Dios, que este documento nos ayude de manera más eficaz para prevenir este mal y que nunca más sucedan estos hechos en la Iglesia”, dijo Sturla en setiembre de 2019, cuando la guía se presentó.
El documento busca orientar a los adultos que en las parroquias, los colegios y otras obras de la Iglesia tratan con menores. Establece normas de conducta cotidiana y vigilancia de las acciones llevadas a cabo por obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, educadores y otros trabajadores, y también da indicaciones para que sepan cómo proteger a las víctimas ante eventuales abusos. “Queremos de esta forma responder para que la Iglesia cuente con instrumentos concretos no solo para evitar la reiteración de las dolorosísimas experiencias del pasado sino para desterrar del mundo las prácticas abusivas en el trato hacia los más vulnerables”, añadió entonces Sturla.
La respuesta de la Conferencia Episcopal del Uruguay y las de la Iglesia católica a nivel mundial llegaron tras dos décadas de ocultamiento y malas decisiones para lidiar con los abusos, un tiempo que “ha costado la ida de muchos creyentes”, según Portillo, para quien es urgente recuperar la credibilidad que la Iglesia perdió en la materia. “La Iglesia tiene que tener una responsabilidad para aclarar los casos de abuso que se han suscitado en la interna, para que comience a tener autoridad también para proteger a la infancia y a la adolescencia, que sufren de abuso en distintos ambientes, como el intrafamiliar o la trata de personas”.
