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Oír nombrar a Basilea o Hamburgo todavía genera angustia en algunas autoridades del gobierno. Ambas ciudades fueron el centro de operaciones policiales y de aduanas que desembocaron en el decomiso de más de 5.000 kilos de cocaína salidos desde Uruguay. Las críticas internacionales y los reclamos internos aceleraron en el gobierno medidas que aún estaban siendo procesadas y cuyas ramificaciones pueden ahora observarse en allanamientos que culminaron con cifras significativas: dos confiscaciones de cocaína logradas en los últimos tres meses superaron la cantidad incautada entre 2015 y 2018.
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“El incremento de incautaciones de cargas, que claramente no están dirigidas al mercado interno por su volumen, se da en razón de haber determinado nuevas modalidades de operativa de los grupos criminales extranjeros”, dijo a Búsqueda Carlos Noria, director general de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). Esos grupos, que son “apoyados logísticamente por pequeñas organizaciones criminales nacionales, intentan mantener un flujo constante de tránsito de drogas por Uruguay”, añadió.
Noria explicó que la diferencia hoy está en que los narcotraficantes extranjeros arriban al país principalmente para realizar operativos puntuales. “Se asientan transitoriamente para arreglar uno o dos cargamentos apoyados por bandas locales en cuanto a la logística. Antes, los extranjeros se hacían cargo de todo y se asentaban de forma más permanente, invirtiendo en emprendimientos comerciales o industriales que les daban la pantalla”, precisó.
El 3 de agosto, en una operación de la Policía Nacional denominada Varsovia, un allanamiento a una casa en Parque del Plata, Canelones, derivó en el hallazgo de 872 kilos de cocaína. Más recientemente, el viernes 4, se encontraron en un apartamento ubicado en un complejo privado de Carrasco, Montevideo, 392 kilos de cocaína, resultado de la operación Apia. El total entre ambos procedimientos fue de 1.264 kilos de cocaína, un número que supera toda la cocaína confiscada por la Policía de 2015 a 2018 (1.014 kilos) y lleva la cifra total de 2019 a 2.291 kilos incautados de todos los derivados de cocaína, según registros presentados esta semana por la DGRTID.
“La producción de la cocaína es 100% de Sudamérica y en los últimos tiempos ha habido una superproducción de la droga, cuantificada por las Naciones Unidas, en un incremento del 50%. Las organizaciones criminales tienen necesidad de sacar esa producción; para ello emplean principalmente las zonas del Caribe y el Pacífico y eventualmente apuntan al sur del continente. En ese contexto el territorio uruguayo ha sido empleado con más frecuencia para realizar el tráfico”, señaló Noria sobre las razones que explican que hayan sido decomisados cargamentos tan importantes.
Normativa y experiencia
Cuando la aduana de Hamburgo, Alemania, halló 4.500 kilos de cocaína en un contenedor que partió del puerto de Montevideo, Chris Dalby, editor en jefe de la organización periodística InSight Crime, indicó al servicio alemán de radiodifusión Deutsche Welle que las fuerzas de seguridad uruguayas habían “bajado la guardia porque no enfrentan la violencia asociada al narcotráfico”. El caso se sumó a un procedimiento internacional informado en julio por la Oficina Europea de Policía (Europol), que desbarató una red de traficantes de los Balcanes luego de detenerlos en Basilea, Suiza, tras bajar de un avión proveniente del aeropuerto de Montevideo con 600 kilos de cocaína.
La delicada situación derivó en la renuncia del director nacional de Aduanas Enrique Canon y obligó al gobierno a acelerar la presentación de un nuevo plan nacional de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cuya primera versión había sido aprobada en 2009 y su actualización estaba en stand by. Fuentes del Poder Ejecutivo admitieron a Búsqueda que tras las incautaciones internacionales “hubo un apuro” por cerrar ese análisis y entregar el nuevo plan al Parlamento, lo que hizo la Presidencia de la República el 12 de agosto.
El documento agrega nueva normativa y “experiencia” en la materia, según explicó el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo. Busca fortalecer el equipamiento y la infraestructura de los organismos con responsabilidad directa e indirecta en la reducción de la oferta de droga, entre los que se encuentran la Prosecretaría de la Presidencia, los ministerios del Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, el Banco Central y la Secretaría contra el lavado de activos. Además, profundiza un sistema coordinado de intercambio de información, recuperación de activos y controles entre esos organismos.
Las autoridades creen que los cambios han colaborado en las últimas megaincautaciones de la Policía. El martes 8 un trabajo conjunto entre las direcciones nacionales de Migración y de Aduanas, en Río Branco, Cerro Largo, permitió confiscar 931 kilos de marihuana en ladrillos ocultos en un ómnibus paraguayo con origen en Asunción que había cruzado al país desde Brasil por el puente internacional Barón de Mauá. En ese caso la Policía cree que la mercadería tenía como último destino Uruguay, a diferencia de lo que sucede con los cargamentos de cocaína. De todas formas, las autoridades consultadas resaltaron la necesaria colaboración que debe existir con otros gobiernos para que estas confiscaciones sean continuas en el tiempo.
Esa posición ya la había transmitido en agosto el ministro de Defensa, José Bayardi, en una comparecencia ante la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes. “El tema central en el narcotráfico es la cooperación en inteligencia entre los estados desde Río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México, para abajo. Eso nos permitiría acciones de mayor cautela, porque no somos productores de drogas”, dijo.
En setiembre integrantes de la dirección contra el tráfico de drogas participaron de la segunda conferencia mundial de Interpol sobre drogas ilícitas, organizada en Sudáfrica. La conferencia destacó la sofisticación con la que operan los grupos de crimen organizado y se enfocó en los métodos, tendencias y rutas de ocultamiento existentes y emergentes. “El panorama del tráfico ilícito mundial de drogas es complejo, evoluciona rápidamente y se ve facilitado por tecnología como el software de comunicaciones encriptadas”, afirmó el presidente de Interpol, el oficial de policía surcoreano Kim Jong Yang. Se concluyó necesario profundizar el sistema de comunicación policial segura de Interpol (I-24/7), su archivo de análisis de drogas y la base de datos Relief, que almacena información sobre las marcas en los paquetes de drogas que los narcotraficantes dejan al comprimirlos con dispositivos metálicos.
“Al final queda clara la necesidad de un fluido intercambio de información entre las fuerzas de seguridad, capacitación internacional para actualizar conocimientos y atacar al crimen organizado en todos los frentes incluyendo su poderío económico mediante efectivas investigaciones patrimoniales y de blanqueo de capitales”, sostuvo Noria. “El trabajo en este tema muta permanentemente en base al dinamismo propio de la operativa criminal”, añadió, y remarcó que el flujo de información operativa con fuerzas de seguridad de países de la región y fuera de la región “es constante y permanente”.
