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En las últimas semanas archivos informáticos del “área Contable” y la “Secretaría” de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) fueron hackeados. El episodio fue contado a Búsqueda por el presidente, Wilfredo Rodríguez, quien detalló que la información quedó “encriptada” y no se podía utilizar.
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Aunque finalmente pudieron solucionar el problema sin perder información, el jerarca decidió pedir un completo “informe técnico” sobre lo sucedido y es probable que luego inicie una investigación. “Esto no es menor. Es grave”, enfatizó.
A raíz del hackeo, Rodríguez contó que se realizó una “limpieza” en las computadoras y “borraron lo que no era necesario”. Entre esos archivos prescindibles se eliminaron todos los registros de audio de las reuniones de Directorio del organismo que se guardaban desde hace “mucho tiempo”. De esa manera, en la limpieza se perdió también la grabación de la última reunión del Directorio de 2015 que es motivo de una intensa polémica con el director por el Partido Nacional, Alfonso Lereté.
Rodríguez explicó a Búsqueda que los audios se usan como “ayuda memoria” para la elaboración de las actas, pero no hay obligación de usarlos ni de conservarlos. Sin embargo, esa grabación era clave para resolver esta discusión que derivó en una investigación administrativa.
El 30 de diciembre el Directorio aprobó, con el voto en contra de Lereté, la última lista de funcionarios excedentes. Al día siguiente vencía el plazo de vigencia de una ley que daba garantías especiales a los ferroviarios para su redistribución a otros organismos estatales, por lo que era la última chance de hacerlo.
Desde entonces hasta el 27 de enero el Directorio no tuvo una nueva sesión ordinaria. El 21 de enero Lereté recibió en su despacho el “acta borrador” de la sesión del 30 de diciembre ya que el 27 de enero deberían votar su aprobación.
Allí se encontró con que la lista de funcionarios excedentes no coincidía con la que él entendía que se había votado. Lereté sostiene que en diciembre habían aprobado una lista de 49 funcionarios y, sin embargo, la lista del acta era de 20 y había nombres ahí que no integraban esa lista de 49.
En la reunión de Directorio el director presentó una carta en la que sostiene que había existido “engaño”, “adulteración de una decisión del Directorio” y “falsificación de lo que sería un documento público”. El Directorio terminó posponiendo la aprobación del acta y días después ordenó una “investigación administrativa” (Búsqueda Nº 1.852).
El presidente de AFE, consultado por Búsqueda, dijo que existió un error y que antes de la reunión del 30 de diciembre se le entregó por debajo de la puerta a Lereté una lista de funcionarios equivocada. Era una de las listas que habían usado como insumo para la decisión pero no la definitiva. De hecho, solo había en ella funcionarios de Paysandú.
“No se precisaba ser muy inteligente. No íbamos a dejar a todos los funcionarios de Paysandú excedentes. Ahí había un error”, afirmó Rodríguez. En la posterior reunión de Directorio, en cambio, el presidente asegura que no existieron errores y que ese día se leyó la lista correcta, la misma que luego quedó plasmada en el acta borrador.
El audio podría saldar rápidamente la discusión, pero ya no está.
“Atentado violento al pudor”.
Para preparar el testimonio que dará para la investigación administrativa, el director Lereté solicitó ayer, miércoles 17, al presidente Rodríguez insumos audiovisuales. Mediante una carta, pidió que se le entreguen copias de los registros de video del circuito interno de cámaras del piso 10 del 30 de diciembre y del 4, 20, 21, 22, 25 y 26 de enero. En ese piso del edificio está su despacho, el del presidente, el del vicepresidente, Luis Rivero, y el del secretario general, Fernando Valls.
Además, pidió el audio de la reunión de Directorio del 30 de diciembre.
En otro documento que presentó, Lereté relató el caso “llamativo” de uno de los funcionarios declarados excedentes. Sergio Antonio Píriz fue incluido en la lista de trabajadores a ser redistribuidos pese a que, según cuenta el director opositor, desde el 5 de setiembre de 2013 está preso en Canelones por un delito continuado de atentado violento al pudor.
Lereté recordó al presidente de AFE que la Oficina Nacional de Servicio Civil sugirió que culminaran las actuaciones judiciales antes de tomar cualquier decisión. Además, le pidió que “desafecte” al trabajador de la lista.
