Entre 1968 y 1973 existió un “régimen híbrido” que aún no era dictadura pero tampoco una democracia plena, según académicos

Cuando se revisa la producción de conocimiento acerca del período previo a la última dictadura, además de clásicos conceptos como “crisis”, “revolución”, “subversión”, y “recorte de libertades” una de las palabras que aparecen con más fuerza y frecuencia es “estancamiento”.

Haciendo referencia a la crisis de la “sociedad hiperintegrada” que fue Uruguay, Rama resumió: “Este escenario se va a repetir, agravado, a partir de 1968. Ante la acelerada inflación y la imposibilidad de reducir en los marcos democráticos los ingresos de los asalariados, se aplicó con refuerzo de medidas de seguridad, una política económica de estabilización (…) paralela al ascenso de la acción guerrillera y a la generación de la lucha social por ingresos y libertades”.

“Régimen híbrido”.

No hay duda que la dictadura militar comenzó en 1973.

“No es sujeto de discusión”, dijo Marchesi a Búsqueda, pero advirtió que “siempre que se está hablando del pasado se está hablando del presente” y opinó que el problema conceptual es que “violación de derechos humanos no es sinónimo de dictadura”, aunque ya en 1972 seis mil uruguayos pasaron por la justicia militar.

La gran mayoría de los académicos coinciden en situar el 27 de junio de 1973 como la fecha en la cual se institucionalizó el golpe de Estado.

El autor de la saga “Orientales”, Lincoln Maiztegui, en cambio, es tajante en afirmar que el golpe se produjo ya el 9 de febrero, cuando los mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía resistieron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa, algo que, por otra parte, es compartido por algunos de los propios militares que dieron el golpe.

Maiztegui dijo a Búsqueda que coincide con el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro en que en realidad el golpe no se dio sino que “se fue dando” y reconoce para el período anterior a junio de 1973 “cierta ruptura de las reglas de juego como la ilegalización del Partido Socialista en 1967 o las clausuras de prensa”, pero destaca la apreciación del ex presidente del Frente Amplio Líber Seregni (ver recuadro) en que el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) se mantuvo dentro de la ley.

Yaffé, por su parte, no tiene dudas respecto a cuándo comenzó la dictadura, pero advierte que “todo cambio de régimen es un proceso” donde “hay etapas de transición a la nueva situación y nunca se puede decir que el régimen está totalmente instalado en un momento de ruptura sino que hay una etapa de instauración y consolidación”.

Para este politólogo, “la dictadura como régimen comienza cuando se disuelve el Parlamento y se comienza a crear una nueva institucionalidad política” que no se crea en un día, pero al mismo tiempo advierte que “tampoco podemos calificar de democracia lo que había antes del 27 de junio de 1973, ya que al menos desde 1968 el país estaba transitando hacia la dictadura”.

Aunque los protagonistas no lo sabían y solo se puede ver nítidamente ahora en la perspectiva histórica, según Yaffé “desde fines de la década de 1960 se vivió en una transición de la democracia a la dictadura” y “así como se habla de una transición de la dictadura a la democracia, podemos hablar de una transición de la democracia a la dictadura”.

El uso permanente de las Medidas Prontas de Seguridad —una figura de la era napoleónica que en la Constitución uruguaya está prevista como excepción— por parte del gobierno de Pacheco es clave para definir esa transición.

“Cientos de dirigentes sindicales —no guerrilleros, sindicalistas— fueron detenidos sin ser sometidos a juez y estuvieron desaparecidos durante días, lo que muestra un grado de violación de las libertades individuales y de las garantías, que a mi juicio impiden reconocer, entre 1968 y 1973, un régimen democrático en funcionamiento pleno” opinó.

Durante este período previo a la dictadura, “los gobernantes liberales fueron cediendo cada vez más el principio de libertad para garantizar el orden”, concluyó Yaffé.

Un artículo de la historiadora Magdalena Broquetas destaca que entre el 13 de junio de 1968 y el 15 de marzo de 1969 la Asamblea General fue citada 83 veces consecutivas para tratar el levantamiento de las medidas, sin lograr nunca el quórum exigido para sesionar, debido a la ausencia sistemática de colorados y blancos.

La idea de que en esos cinco años se vivió un período extraordinario es compartida, entre otros, por el filósofo e investigador de la historia reciente Álvaro Rico, quien en un libro de 2005 acuñó el concepto “camino democrático a la dictadura”.

Para el actual decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad estatal, se produjo “una degeneración” del orden político democrático que no remite a un acto único de “asalto al poder” sino a un proceso histórico gradual que comienza ya a finales de la década de 1950 con el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el endeudamiento externo, y que luego se expresa en una praxis autoritaria en la cual se gobierna por decreto.

Según Rico, entre 1968 y 1973 la racionalidad estatal experimentó seis transformaciones “regresivas y deshumanizadoras” antes de llegar al golpe de Estado. Entre ellas mencionó el sobredimensionamiento de la función policial del Estado, la victimización de la sociedad, la policialización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la Policía y la mentada utilización de las medidas prontas de seguridad.

Como ejemplo paradigmático de este “camino democrático a la dictadura” mencionó que el golpe de Estado es ejecutado por el propio presidente, lo que desdibuja la clásica figura del “tirano por usurpación” que caracterizó a las dictaduras de la región.

“Débil fe democrática”.

Otro académico que se ocupó del período previo al golpe es el politólogo Luis Eduardo González. En su tesis doctoral en la Universidad de Yale (Estados Unidos) de 1988, analiza la “gran influencia política” que tuvieron los tupamaros —a pesar de ser “una pequeña banda armada” y que “nunca tuvieron posibilidades de éxito”— entre otras cosas porque dejaron a la izquierda legal “atrapada entre fuerzas opuestas sobre las cuales a corto plazo no tenía influencia alguna”.

Respecto a los partidos tradicionales, que tenían la responsabilidad del gobierno, González sostiene que “no fueron capaces de establecer ningún conjunto de medidas coherente y estable”.

Ante la pregunta de “¿por qué no pudieron detener el casi obvio espiral descendente que desembocó en el golpe de Estado de 1973?”, González se responde: “Existen varias similitudes notorias con los acontecimientos que acompañaron el golpe de 1933. En lugar de un presidente con una débil fe democrática, como en 1933, antes de 1973 hubo dos presidentes consecutivos con una muy débil fe democrática”.

A Pacheco, el actual director de la consultora Cifra lo vio como “un accidente en más de un sentido”, y alguien que “nunca logró ser un líder con influencia en la elite colorada”, aunque obtuvo mucho poder mediante una estrategia simple: “se inclinó hacia la derecha y se convirtió en el campeón del orden establecido contra la subversión y —al igual que (Gabriel) Terra antes que él— dejó de respetar las reglas del juego que lo habían llevado a la Presidencia”.

Pacheco “utilizó a las guerrillas para imponer Medidas Prontas de Seguridad, una especie de estado de sitio que él usó para soslayar al Parlamento e imponer sus medidas sobre los aspectos más dispares. De esta manera —sostuvo González— por lo menos resolvió uno de los problemas de Terra —sus dificultades para obtener mayorías parlamentarias. Al hacerlo, Pacheco, igual que Terra, violó reiteradamente el espíritu y la letra de la ley, incluyendo una tentativa —prohibida por la Constitución— de postularse para la reelección”.

Esta apreciación de González coincide con la mirada del historiador Carlos Demasi, quien en una ponencia de 2009 sostuvo que la explicación frecuente de que el de Pacheco fue un gobierno desbordado por la guerrilla “no guarda relación con el encadenamiento de los sucesos ni con los ejemplos de otros países”.

Para Demasi, el más reciente caso de España, demuestra que para defenderse de la guerrilla no necesariamente se debían violar las libertades públicas.

“En el caso uruguayo se utilizó la acción de la guerrilla como pretexto para mantener la vigencia de las medidas extraordinarias, pero en el marco de esas medidas se adoptaron muchas resoluciones que no guardaban ninguna relación con la lucha contra la guerrilla, tales como suspensión de desalojos o fijación del precio de comercialización de los cereales”, escribió Demasi.

Bordaberry.

Respecto a Bordaberry, Luis Eduardo González plantea en su tesis —publicada años después en forma de libro— que su posición era aún más débil que la de Pacheco entre las elites coloradas, ya que incluso antes de las elecciones de 1971 había ingresado al Senado por los blancos y además, durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, había quedado totalmente supeditado al candidato a la reelección.

“La perturbación general que caracterizó a los 15 meses que actuó como presidente civil, opacó el hecho de que solo pudo gobernar gracias a la decisión del resto de los colorados de que el mal menor, dentro de las circunstancias, era ayudarlo para evitar desastres aún mayores. Por lo menos en ese sentido, cuando se convirtió en presidente provisional de los militares, su papel no fue muy diferente del que ya había jugado”, y subrayó que al menos desde 1972 “el Ejército actuó básicamente por su cuenta”.