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    Es un “grave error” medir la política de asistencia al productor por el monto de dinero, dijo el director de Desarrollo Rural

    En 2015 la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería (MGAP) tuvo un presupuesto de unos $ 450 millones y en 2017 fue de casi $ 430 millones. Además, desde 2008 a la fecha casi el 70% de su presupuesto provenía de organismos bilaterales de endeudamiento externo, principalmente del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    La administración del presidente Luis Lacalle Pou resolvió recortar el presupuesto de la DGDR, lo que provocó cuestionamientos de legisladores del Frente Amplio que defendían las políticas en el área y de algunas organizaciones de productores, como la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que el viernes 6 en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Senadores advirtió sobre un “debilitamiento” de esa unidad ejecutora.

    En esa misma comisión, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, compartió el martes 3 la “preocupación” de los senadores respecto al presupuesto de Desarrollo Rural. “No se va a contar con las fuentes de financiamiento que estuvieron disponibles en años anteriores”, y “que fueron muchas”, dijo.

    Cambiar el foco

    Consultado por Búsqueda sobre la discusión presupuestal y los lineamientos oficiales, el titular de Desarrollo Rural, Carlos Rydström, planteó algunas interrogantes: “¿Qué es el desarrollo rural?”, “¿por qué medirlo con números de montos” de dinero, “¿Uruguay no tenía desarrollo rural antes del 2008?”.

    “Es un grave error pensarlo así”, reaccionó.

    Dijo que la idea es “cambiar el foco de lo que fue la DGDR, que se creó en 2008 y empezó a tener mucho financiamiento externo a partir de 2011 y en adelante, llegando a tener en algunos años un presupuesto superior a los $ 400 millones”.

    “Definimos un plan de apoyo a los productores para otorgarle US$ 5.000 a cada uno, pero en el camino del medio hay un montón de dinero en fortalecimiento de organizaciones que pagan estructuras administrativas para contratar a una cantidad de técnicos e intermediarios que estudien esa realidad, y que después terminen formulando un proyecto”, señaló.

    Y acotó: “Cuánta plata quedó en el medio y cuánta plata quedó en el productor para poder medir una política de desarrollo rural”.

    “Si a un productor que se le va a asistir con un fondo rotatorio de ovinos, se le hace la mala gestión de proponer un proyecto de producir una raza de ovejas que no se adapta a las condiciones del lugar, entonces el resultado final es que ese productor deje el rubro, porque le significó más frustración y amargura”, sostuvo.

    Consideró que “el problema estuvo en copiar y pegar modelos de extensión y de transferencia de tecnología”.

    “Muchas veces miramos a Uruguay como un país chico y pretendemos sistematizar la ruralidad y la mentalidad de los productores como una sola, pero en realidad es muy diversa”, dijo.

    Para Rydström, “la dificultad se da cuando estamos muy apegados a las auditorías del BM y del BID, y que todo el sistema tiene que ser transparente y equitativo entre los beneficiarios, lo que nos hace cometer injusticias”.

    “Porque aplicamos una metodología que para un lugar tiene una gran resonancia y un efecto multiplicador enorme, y en otros lugares queda por el camino”, señaló.

    Enfatizó la importancia de “cambiar el enfoque, en vez de ir tanto de arriba hacia abajo, en cómo queremos aterrizar las cosas: ver de abajo hacia arriba”.

    “Grandes divorcios”

    La DGDR realizó “muchas inversiones en transferencia a productores y asociaciones rurales de manera directa” y estableció “una estructura territorial muy interesante”, reconoció el jerarca.

    Afirmó que ahora la actual administración ve “la necesidad y la oportunidad de colaborar mucho más, porque las instituciones públicas vamos a contar con menos recursos” y “hay que ser más eficientes en el uso de los mismos”.

    Y en ese sentido, Rydström indicó que “hay un montón de gestiones que se hacían que eran consultorías privadas o que eran externas a lo que ya contaba la institucionalidad pública”.

    “Por cuestiones políticas había grandes divorcios entre algunas instituciones, del gobierno central con las intendencias”, señaló el jerarca a modo de ejemplo.

    Opinó que eso “generó una dinámica que entorpecía la comunicación y casos de superposición de programas, proyectos y políticas”.

    “Estamos tratando de confeccionar un sistema nacional de innovación y desarrollo rural que pueda optimizar las asociaciones entre instituciones públicas, la sociedad civil organizada y los técnicos extensionistas”, comentó.

    Destacó que “el desarrollo rural no es solamente el productivo, al cual se pueden apegar estrictamente los que desarrollan tecnologías, como puede ser el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), o los que hacen extensión directa, como el Plan Agropecuario, sino atender este tema en todos los sentidos”.

    Otro de los objetivos es “hablar de la población rural como un todo”, en el que “no solo está el productor sino también el trabajador rural y el proveedor de insumos”, aseguró.

    Asimismo, el jerarca planteó la decisión de “integrar las señales de salida comercial para un sector en particular y en las políticas públicas”.

    “Si hay señales comerciales de que la carne del ovino con hueso tendrá una gran salida y hay una oportunidad de negocios, entonces tenemos que intervenir por ese lado”, consideró.

    Admitió que la DGDR también “deberá contemplar la otra cara del desarrollo y la sustentabilidad, como ya se hace en la cuenca del río Santa Lucía con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.

    “Nuestro principal socio no es otro del sector productivo, sino del ambiental en cuanto a la institucionalidad pública”, recalcó.

    Afirmó que ese tipo de intervención es lo que el MGAP pretende “recrear en su más amplio sentido en todo el país y llegar con enfoques que apunten a la integración horizontal y vertical”, lo que “es fundamental para que lo que definamos para producir después no se contradiga con intenciones más macro en lo económico y en lo productivo”.

    El objetivo es realizar “intervenciones puntuales y con fecha de cierre”, para “hacer andar al productor y a la comunidad y después sacarle las rueditas a la bici para que siga andando”, graficó.

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