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El Estado debió pagar cerca de un millón y medio de dólares por juicios laborales “evitables” que realizaron ex funcionarios de la Fundación Imcos (encargada de Aldea de la Bondad), lugar en el que los trabajadores cobraban fuera de fecha y estaban por debajo del laudo fijado en los Consejos de Salarios, según denunció el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
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Esta organización tenía un convenio con el Estado para brindar atención a personas con discapacidad severa en Salto y Paysandú que se rescindió en enero de 2015. Desde esa fecha hasta ahora, la Fundación Imcos coordinó con los organismos estatales para llevar a otros centros a los pacientes que atendían. La idea de las autoridades del INAU era comenzar con el traslado de 44 pacientes hacia Montevideo, Canelones y Paysandú. Acordaron con las autoridades de la salud y la Fuerza Aérea para trasladar en un avión a 13 personas. Otras tres fueron por la vía terrestre. Culminada esta etapa, murieron tres personas. Este miércoles 21 se informó en el Parlamento que otra persona había sido internada porque se encontraba en situación crítica.
Estos hechos derivaron en un enfrentamiento entre el INAU y la Fundación Imcos.
Al comparecer el miércoles 14 en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, las autoridades del INAU y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron sobre la relación que tenían con la fundación y cuestionaron el funcionamiento de la casa Aldea de la Bondad.
El director del INAU, Dardo Rodríguez, dijo en comisión que los pacientes de Aldea de la Bondad no estaban bien atendidos. “Eso no quiere decir que quienes trabajan allí no hagan lo mejor posible para generar calidad de vida, pero igualmente no se logra la atención adecuada para las personas con discapacidad”, afirmó Rodríguez.
Recordó que el INAU trabajó con la organización por 30 años y le transfirió recursos pero hubo “poco cambio en la gestión”.
Luego describió una serie de problemas que presentaba la fundación en la atención a las personas y las carencias de los hogares. Por ejemplo, había problemas de procedimientos para la gestión de vencimiento de medicamentos, limpieza de planta, esterilización.
Rodríguez informó que desde 2013 de manera “sistemática” se transfirió dinero a la organización para poder cubrir aguinaldos y créditos laborales. El traspaso iba de $ 1.400.000 a $ 1.800.000. Marisa Lindner, presidenta del INAU, dijo que esta fundación era la que más transferencias recibía en comparación con otras instituciones que realizaban tareas similares.
Lindner informó que se pagaron “en casi todos los meses” multas en BPS por “abonar fuera de fecha sus obligaciones”. En el mes de marzo, dijo, se pagó una multa de $ 83.979.
La presidenta del INAU informó que se gastaron $ 43.646.810 (U$S 1.500.000), por 21 juicios laborales que eran “evitables”.
“Como ustedes saben, según la ley de mercerizaciones, el Estado también es demandado, y, en estos casos, ha sido el Estado el que ha hecho efectivas las sumas de estas condenas, porque la asociación no se ha hecho responsable. La asociación hizo un convenio para el pago de estos créditos laborales que al día de hoy no ha cumplido”, explicó Andrea Venosa, asesora letrada del INAU.
Venosa relató que en 2008 el BPS intervino la Fundación Imcos. Según un informe del interventor, se observó que se utilizaban dineros provenientes de pensiones del BPS para el pago de rubros que no están permitidos por INAU. Se registró que los sueldos de los trabajadores estaban por debajo del laudo, se les adeudaban beneficios sociales y existían retenciones de sueldos que no eran vertidos al lugar correspondiente como Anda o Acac. “Se constató que se cobraba todavía la pensión de una ex interna de la institución que era de la Casa de Toledo, Montevideo, y que fue reubicada en la comunidad Andar de Montevideo”, dijo Venosa.
“Óptimas condiciones”.
Este miércoles, los responsables de la fundación defendieron sus acciones. Recordaron que fueron ellos los que pidieron el cese del convenio porque no les aprobaron un incremento del presupuesto. Además, Raúl Cardozo, presidente de la organización, cuestionó el traslado de pacientes y responsabilizó a las autoridades por las consecuencias fatales que tuvo este cambio.
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del miércoles, la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muniz, informó que 30 personas participaron en la organización del traslado. Todo se hizo en “óptimas condiciones”, dijo.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) también defendió la forma en que se hicieron los traslados. “El MSP vino a explicar que estas muertes que sucedieron luego de los traslados de ninguna manera se podían prever. Cuando uno traslada a una persona sana de un lugar a otro, puede tener consecuencias porque la alejan de su núcleo familiar o amistades. Pero cuando uno traslada a una persona gravemente enferma, tienen más chances de tener complicaciones severas”, explicó a los medios de comunicación el director general de la Salud, Jorge Quian.
Las autoridades de la salud rechazaron que las muertes de las tres personas hayan ocurrido por un foco infeccioso, como manejó en un primer momento la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
La diputada Cecilia Eguiluz (Partido Colorado) responsabilizó de la situación al Mides y al INAU. Comentó a Búsqueda que el MSP, la Fuerza Aérea y ASSE “hicieron su parte” y se “desvincularon de la decisión política”.
Eguiluz dijo que en comisión el MSP informó que no tenían ninguna denuncia de maltrato en alguna dependencia de Aldea de la Bondad.
“Las autoridades del INAU y del Mides tienen que renunciar. Tienen que frenar estas medidas que son nefastas”, afirmó la legisladora.
Este miércoles se iba a realizar un nuevo traslado desde Salto. Los trabajadores de la organización rechazaron que se hiciera este cambio “sin garantías”. Finalmente, acordaron con el INAU suspender transitoriamente el viaje, según informó Montevideo Portal.
