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Cuando en la madrugada del 7 de diciembre de 2014 seis ex prisioneros de Guantánamo pisaron el suelo uruguayo, la noticia recorrió el mundo y colocó en los roles protagónicos a dos presidentes: el norteamericano Barack Obama y el uruguayo José Mujica. Ellos fueron los abanderados de una negociación que duró más de un año y que ahora vuelve a los titulares locales e internacionales, luego de que se perdiera el rastro en Uruguay del ex recluso Jihad Deyab.
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Mujica asegura que “nunca” firmó “nada” que implicara un compromiso con el gobierno de Estados Unidos al respecto y que el acuerdo fue de palabra y no incluía el seguimiento de los ex Guantánamo. En Washington cuestionan que Uruguay haya descuidado a Deyab y resolvieron enviar a Montevideo a integrantes del Departamento de Estado para manifestar su preocupación por la desaparición de Deyab y para solicitar un mayor cuidado, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
Fueron al menos dos las veces que Mujica habló directamente en el 2014 con autoridades del gobierno norteamericano sobre la operación para trasladar a los seis reclusos a Montevideo. La primera cuando visitó a Obama en la Casa Blanca en mayo y la segunda cuando en setiembre recibió una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ultimar los detalles.
“No firmé nada. Nunca firmé nada. Fue todo de palabra”, recuerda Mujica hoy a Búsqueda. La intención del gobierno de Obama era que Uruguay se comprometiera a mantener a los seis ex reclusos al menos dos años dentro del país y que realizara un monitoreo de sus llamadas y correos electrónicos. Nada de eso se concretó porque el gobierno uruguayo se negó, asegura el ex presidente.
¿Puede haber un acuerdo firmado entre cancilleres? “Si (Luis) Almagro firmó algo por su cuenta no sé, pero no fue con conocimiento mío”, responde Mujica y asegura que ahora el tema adquirió relevancia porque Estados Unidos está en plena campaña electoral.
El documento con el que sí cuenta el Estado uruguayo firmado por Clifford Sloan, entonces encargado por el Departamento de Estado norteamericano para la clausura de Guantánamo, es el que contiene la lista de las personas a liberar y en el que se aclara: “No hay información de que los individuos mencionados estuvieron involucrados o facilitaron actos de terrorismo contra Estados Unidos o alguno de sus aliados”.
Por eso, en el gobierno uruguayo citan ese texto oficial para insistir con que Estados Unidos manifestó por escrito que los ex reclusos no eran “peligrosos” y que esa era una “garantía” suficiente como para no hacerles un seguimiento especial.
“Uruguay les dio refugio a unos tipos que tiraron de Guantánamo bajo esta condición: no somos carceleros. Acá vienen a vivir. Si un día va uno a Rivera, cruza la frontera y se va para el otro lado como tantos, Uruguay no le va a poner un milico atrás para controlar lo que hace”, dijo el actual senador la semana pasada a periodistas.
Preocupación.
Kelly Keiderling acababa de asumir como embajadora de Estados Unidos en Uruguay cuando el lunes 11 brindó su primera conferencia de prensa. El tema excluyente fue Deyab. Consultada al respecto, dijo que su gobierno valoraba el “gesto de ayuda” que brindó el país al recibir a los ex presos y permitirles tener “una nueva vida”.
“Hubiéramos querido —así como Uruguay hubiera querido— que el señor Deyab permaneciese en Uruguay”, añadió. Según Keiderling, con el gobierno de Estados Unidos está en contacto con autoridades uruguayas y de Brasil para ver “cómo se le encuentra a este señor”.
En las últimas semanas, funcionarios del Departamento de Estado norteamericano visitaron Montevideo y se reunieron con el gobierno para hablar de Deyab y “en general de los ex detenidos”, contó.
Las reuniones fueron con las autoridades de la Cancillería y del Ministerio del Interior, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. En los encuentros, los representantes del Departamento de Estado plantearon su preocupación y reiteraron el interés de Estados Unidos de mejorar el “monitoreo” sobre los ex presos. Ese fue uno de los puntos de discusión entre los dos gobiernos cuando negociaban la llegada a Montevideo de los ex detenidos. Uruguay planteó desde el comienzo que no iba a hacer un seguimiento ni “pinchar” sus teléfonos. “No somos carceleros”, dijo entonces Mujica.
La semana pasada, la Policía uruguaya transmitió a las agencias de Estados Unidos y Brasil la información disponible: Deyab no está en Uruguay y la última vez que lo vieron se hallaba en el Chuy, una ciudad ubicada en la frontera con Brasil.
La embajadora reconoció que a su gobierno le “preocupa” qué pueda hacer Deyab después de haber vivido la experiencia de estar preso en Guantánamo. Estados Unidos construyó esa cárcel para alojar a presuntos terroristas, aunque sobre varios detenidos no tuvo pruebas de sus vínculos. Un informe del Senado norteamericano denunció que muchos habían sido torturados. El propio Deyab lo sufrió. “Yo nunca tuve nada que ver con Al Qaeda, pero con el maltrato que recibí ahora me gusta Al Qaeda”, dijo en una entrevista con Búsqueda en marzo (Búsqueda Nº 1.857).
“Quién sabe si es o no un riesgo”, dijo la embajadora Keiderling el lunes, y agregó que quieren encontrarlo para “entender en qué está, dónde está, qué planea”.
“En el mundo de la seguridad se hace todo lo posible para entender cuáles podrían ser las amenazas y ver si hay maneras de mitigar esas amenazas”, explicó la embajadora. “Pero primero hay que saberlas”.
