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    Estereotipos de género, burlas y desconfianza alejan a las personas trans de la Justicia, dice informe de Naciones Unidas

    El organismo internacional recomienda a Uruguay que capacite a policías y operadores judiciales sobre la violencia y discriminación que vive el colectivo LGBTI

    “Desde que estoy en el juzgado no he tenido ningún caso de violencia contra una mujer trans. ¿Es raro, no? ¿No sufren violencia las personas trans?”. Esa constatación, que una jueza penal comentó a Búsqueda tiempo atrás, da cuenta de un fenómeno que preocupa a operadores judiciales y activistas de derechos humanos: las personas trans no acuden a la Justicia.

    Los estereotipos de género y los prejuicios, así como el escaso conocimiento y capacitación de policías, fiscales y jueces sobre las vulnerabilidades específicas de las personas trans, alejan a esta población de los canales formales de denuncia. También contribuyen la falta de información sobre los derechos que poseen, la ausencia de conocimientos legales, y la desconfianza en un sistema que muchas veces suma agresiones en vez de repararlas.

    Estos obstáculos fueron relevados en un informe elaborado por la oficina de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay titulado Estereotipos nocivos de género y barreras al acceso a la justicia de personas LGBTI en Uruguay, que fue difundido el jueves 3 y a cuyo adelanto accedió Búsqueda.

    El estudio realizado por la abogada especializada en derechos humanos y consultora de ONU Stefanía Rainaldi, investigó cuáles son las principales razones que impiden o desalientan a las personas trans a acudir a la Justicia. Para ello entrevistó a personas referentes en el área, activistas y mujeres trans, entre otras. El informe también repasa la normativa nacional e internacional aplicable a las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex), y hace recomendaciones al Estado uruguayo.

    Las personas entrevistadas identificaron como principales obstáculos los “estereotipos nocivos” que existen en las comisarías, y entre operadores judiciales y penitenciarios, y el “descreimiento” del sistema judicial como garante de los derechos de las personas LGBTI. Además, señalaron la falta de conocimiento sobre los mecanismos para acceder a la Justicia y la debilidad del marco normativo nacional para la prevención, penalización y reparación de los delitos contra esta población.

    “Uno de los elementos que se observa cuando una persona LGBTI accede al sistema de justicia es la alta probabilidad de que sufra la presencia de estereotipos de género nocivos en base a su orientación sexual o identidad de género a lo largo de todo el proceso”, indica el informe.

    “Cuando una trans trabajadora sexual va a una comisaría, ¿sabes qué pasa? Se ríen en la cara, se les nota el pensamiento de ‘algo habrás hecho’, no le creen, está sexualizada, se burlan”, relató una de las entrevistadas.

    Los estereotipos nocivos se expresan con acciones como el bullying y las burlas hacia las personas LGBTI, aunque también se presentan “en formas menos visibles o más sutiles”. El informe menciona que en ocasiones, por ignorancia, los operadores judiciales no saben cómo tratar o cómo referirse a las personas trans, y no reconocen su identidad de género. Así, “por ejemplo, a la mujer trans la tratan por el nombre anterior”, ilustró uno de los testimonios.

    También existe un “problema generacional”, de acuerdo a los testimonios recabados. “Algunos operadores al ser funcionarios de carrera llevan muchos años bajo preceptos arcaicos que no promueven la diversidad de género”. Además, sucede que el personal que más necesita las capacitaciones suele ser el menos interesado en participar en ellas.

    Otra barrera que fue mencionada “sistemáticamente” en las entrevistas es que las personas LGBTI no ven al sistema judicial como “un garante de sus derechos”. El informe dice que la “falta de confianza en el sistema de justicia se basa en la lejanía que presentan los procedimientos tanto por tema de costos, de conocimiento de cómo acceder, de tiempos”.

    “Una persona trans que es víctima de un caso no va a denunciar”, aseguró una de las entrevistadas. Siente que “no van a hacer nada” y que además “va a ser víctima de violencia y discriminación en el propio sistema”.

    La investigación encontró que “comúnmente no se recomienda a las personas LGBTI presentarse ante el sistema judicial salvo frente a casos de mucha gravedad penal”. O cuando “se estima que la Justicia es la única vía para ejercer el derecho (frecuentemente en casos de cambio de nombre y sexo, reconocimiento de unión concubinaria)”.

    De las consultas con los operadores judiciales, el estudio concluye que “no hay un número de casos significativo en los que las personas LGBTI sean demandantes”. “No tenemos muchos casos, para la vulneración que uno sabe que existen respecto de la población LGBTI. Hay como una invisibilidad absoluta de esa minoría”, comentó una de las entrevistadas.

    Son escasas las denuncias existentes por motivos de discriminación, indica el informe. En ese sentido, señala como parte del problema “la debilidad de la tipificación del delito de discriminación”, que ofrece dificultades para que efectivamente se condene por discriminación a alguien que agrede a una persona LGBTI.

    Por otra parte, el estudio constata una desigualdad en el acceso a la justicia de quienes viven en Montevideo con respecto al resto del país. En el interior, según los testimonios, la Justicia está “más a la mano” por un tema de costos y distancias (aunque la situación difiere si la persona se encuentra en una zona rural o urbana). No obstante, en las localidades y pueblos del interior del país, donde hay menos habitantes, las personas LGBTI sufren “de estereotipos nocivos relacionados a los roles de género binarios”, que están más arraigados que en la capital.

    “Mano acusadora”

    “La Justicia desde el mundo trans no se ve como una herramienta habilitadora de derechos, sino como una mano acusadora”, dijo la docente y activista Collette Spinetti, directora ejecutiva del Colectivo Trans Uruguay, durante un conversatorio organizado por ONU a fines de setiembre para presentar un avance del informe. Denunciar una situación de violencia en una comisaría, con los estereotipos que existen, “tiene un costo emocional muy fuerte porque si la persona ya fue vulnerada, violentada, no quiere volver a revivirlo”, explicó.

    “Por otro lado se la ve como una justicia injusta, que depende del contexto socioeconómico, de la performance de la persona, del lugar de trabajo que tenga. No es lo mismo que vaya a denunciar una mujer trans blanca, rubia, profesional, o una mujer trans trabajadora sexual, pobre, afrodescendiente y sin formación”, ejemplificó.

    Magdalena Bessonart, del colectivo Ovejas Negras, se refirió a que la historia de la comunidad LGBTI con las instituciones de Justicia ha sido “una de desencuentros, violencia y represión”. Por eso, “es muy difícil para la comunidad poder confiar en esas instituciones, pese a algunas transformaciones que se han dado en lo legal”. Mencionó además la dificultad de encontrar abogados que conozcan y trabajen estas temáticas específicamente.

    La jueza Graciela Gatti, presidenta de la Asociación de Magistrados y ministra de un tribunal de apelaciones penal, hizo un mea culpa sobre las “fallas” del Poder Judicial. “Es una situación bastante difícil. El poder que debe garantizar los derechos de todas y todos no lo está logrando. Creo que es una gran falla que tenemos, una disociación entre la normativa, las aspiraciones de esta normativa, y lo que pasa en la práctica”, reconoció.

    Agregó además que, tal como señala el informe, los que van a los cursos de capacitación son siempre los mismos “y por lo tanto no se llega a quienes realmente están al margen de estos temas”.

    “Acá hay una falla que debe ser corregida lo más rápido posible”, siguió Gatti, quien afirmó que llevaría los insumos a la Suprema Corte de Justicia para intentar mejoras.

    La fiscal Sylvia Lovesio, especializada en Delitos Sexuales, también reconoció un debe. “Ustedes no se imaginan lo que es para los fiscales pelear en un juicio oral y público el concepto de perspectiva de género”, contó. Señaló que aunque hay tribunales de apelaciones que valoran las situaciones de asimetría de poder, de extrema vulnerabilidad y de revictimización, son enfoques que aún no están presentes en todos los juzgados. “Tenemos la obligación de dar una respuesta”, afirmó.

    Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

    Recomendaciones

    Tras su diagnóstico, la ONU realiza algunas recomendaciones al Estado uruguayo. Por ejemplo, plantea la necesidad de hacer campañas y talleres de sensibilización. “Los talleres de sensibilización deberían ser tanto para operadores/as judiciales, como para operadores/as de centros penitenciarios y operadores/as de medios de comunicación”, indica. Las personas entrevistadas resaltaron la importancia de que las capacitaciones no sean solo sobre temas conceptuales, normativa y recursos, sino que se enfoquen en un paso previo: “Visualizar a la población LGBTI y de género diverso como una población que sufre discriminación estructural y es vulnerable”. También destacaron la necesidad de que se elaboren guías de buenas prácticas y protocolos.

    La ONU recomienda a su vez el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, que cumple “un rol clave” en el acceso a la justicia de las personas LGBTI. “En aquellos pocos casos en los que una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o género diverso recurre efectivamente a la Justicia ante la violación de sus derechos, es gracias al acercamiento a una ONG o a un colectivo organizado que le facilita la posibilidad de reclamar y acceder al sistema”.

    También plantea la necesidad de fortalecer el marco normativo antidiscriminación y de protección de los derechos de las personas LGBTI en Uruguay, y alinearlo con las normas y estándares de derechos humanos internacionales.

    Información Nacional
    2022-02-02T20:41:00