El Banco de Previsión Social (BPS) trabaja en un proyecto para modificar la ley Nº 19.039, que establece pensiones para las víctimas de delitos violentos, con el objetivo de incorporar nuevos crímenes y permitir la entrega de pensiones parciales.
El Banco de Previsión Social (BPS) trabaja en un proyecto para modificar la ley Nº 19.039, que establece pensiones para las víctimas de delitos violentos, con el objetivo de incorporar nuevos crímenes y permitir la entrega de pensiones parciales.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Proponemos que cuando haya pruebas fehacientes, aunque no exista una sentencia judicial, se pueda entregar una pensión precaria. Porque las sentencias judiciales pueden demorar entre dos o tres años”, dijo a Búsqueda el presidente del BPS, Ernesto Murro.
La idea que maneja el BPS es que la pensión precaria sea del mismo monto que la prevista en la ley, de seis Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 15.588). Si al finalizar el caso la sentencia judicial estipula que no existió alguno de los delitos que ameritan pensión, se retirará la contribución.
La ley Nº 19.039 establece pensiones para los familiares de víctimas de homicidio en ocasión de rapiña, copamiento o secuestro, así como a quienes hayan quedado “incapacitados en forma absoluta para todo trabajo” por esos delitos.
El BPS pretende incorporar los “homicidios con concurrencia de hurto” a esa lista. “La ley no habla de hurto. Pero si hubo un homicidio y luego un robo, para la gente es lo mismo. El efecto es el mismo”, dijo Murro.
El BPS ha recibido 159 solicitudes de pensión. Una comisión asesora —integrada por el Poder Judicial y que funciona desde marzo— ha dado su aprobación en siete casos, 11 fueron rechazados y otros seis están en proceso de análisis.