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La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) trabajó los últimos años con la mirada puesta en la evaluación internacional que recibió este año Uruguay. Los resultados de esa prueba del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocidos la semana pasada, “no pueden ser más uruguayos”, bromeó el director de esa oficina, Daniel Espinosa.
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Es que en los 11 ítems, que calificaban la efectividad de la política antilavado, el país obtuvo un resultado “moderado”. Aunque no fue de manera holgada, esto evitó que Uruguay fuera incluido en la lista de Estados que no cooperan con el combate al blanqueo de capitales.
Espinosa dijo a Búsqueda que el balance es positivo para Uruguay, pero que lo obliga a seguir trabajando para evitar malos resultados en el futuro. El informe final de la evaluación incluye una descripción de los puntos débiles y las fortalezas del sistema, y de los temas donde el país debe encarar reformas, según el jerarca. Espinosa utilizará ese documento como insumo clave del informe de transición que entregará a las autoridades que asumirán el gobierno a partir del 1º de marzo.
Los evaluadores sostuvieron en su informe que los resultados obtenidos por el sistema pueden mejorar. Plantearon como una falencia que entre los casos investigados en Uruguay son más los que tienen como origen delitos precedentes cometidos en el exterior.
Advirtieron también que si bien los informes que realiza la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) son de buena calidad, la mayoría son respuestas a solicitudes del Poder Judicial y no surgieron de análisis propios. La cantidad de informes producidos y comunicados a la Justicia por la UIAF de manera “espontánea” es pequeña, explicó Espinosa.
Los evaluadores recomendaron fortalecer la operativa de la UIAF para que pueda aumentar su capacidad de análisis y la cantidad de informes propios que envía a la Justicia.
Sugirieron además que el gobierno dé más recursos humanos y materiales a la Auditoría Interna de la Nación, que es la oficina encargada de controlar que se cumplan las obligaciones de las sociedades anónimas de informar al Banco Central quién es su beneficiario final. Sobre ese punto, dijo Espinosa, advirtieron que todavía no está claro que la información actual sea “completa, adecuada, precisa y actualizada”.
En una de las últimas reformas a las normas que regulan el combate al lavado de activos, el Parlamento aprobó una ley que establece que la evasión fiscal que supere un monto determinado es un delito precedente del lavado de activos. Los evaluadores advirtieron en su informe que todavía no se registró ninguna investigación penal por ese delito precedente.
La evaluación detectó que la Senaclaft todavía tiene que trabajar más en hacer entender a los actores del sistema no financiero sobre la importancia de su papel en el control preventivo. Las normas aprobadas en los últimos años sumaron nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Los contadores, abogados, administradores de zonas francas, constructores y vendedores de metales preciosos presentaron muy pocos reportes a las autoridades, concluyeron los evaluadores. También deberían mejorar su desempeño los escribanos, inmobiliarias, rematadores y proveedores de servicios societarios.
A partir de los resultados del informe, aprobado en la última asamblea de la sección América Latina, Uruguay tiene que enviar reportes anuales sobre sus avances. Espinosa dijo que da por hecho que el próximo gobierno continuará el camino seguido en los últimos años, porque las exigencias internacionales dan poco margen de cambiar.
