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A propósito de la reciente actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos frente al lavado de activos y el financiamiento del narcotráfico en Uruguay, Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting, señaló que si bien la legislación en la materia cumple con las recomendaciones internacionales, “ninguno de los (11) criterios superó la calificación de ‘moderado’” y, por tanto, se pasó “con lo justo, solo cercano a la línea de flotación”. Esto ubicó al país por detrás del resto de los evaluados en América Latina y el Caribe.
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Consultado por Búsqueda, el experto dijo que para mejorar la efectividad del sistema antilavado –lograr un mayor número de condenas por este tipo de delitos– se debe “trabajar en aplicar las normas, en fortalecer y descentralizar un poco el control, mejorar los sistemas de comunicación público-privado, y obtener información de sectores que aún no son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado pero pueden tener datos de aporte para analizar”. Otra acción sería otorgar recompensas –un porcentaje de los fondos decomisados– a aquellos actores que identifican y reportan acciones sospechosas que culminan en condenas judiciales. Según Sabella, esta sería una forma de “incentivar, sobre todo a las empresas pequeñas a invertir en detectar y reportar incumplimientos de operaciones sospechosas, porque en definitiva es una obligación del Estado, que se la traslada al privado, pero no por eso el privado tiene que desnaturalizar su negocio”.
Esta temática será abordada en el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, prevista para los días 4 y 5 de setiembre, y en la que Sabella será uno de los expositores. También disertarán autoridades vinculadas con el combate al narcotráfico, así como el consultor que elaboró la Evaluación Nacional de Riesgos.
Debilidades
Como debilidades del esquema antilavado uruguayo, el socio director de BTS Global Consulting mencionó que el sistema judicial logró “pocas condenas por lavado de activos”, se refirió a la escasez de recursos –humanos y tecnológicos– para el análisis de información, y el escaso cumplimiento de los organismos públicos con sus obligaciones en materia antilavado. A eso –dijo– se suman limitaciones al sector privado para implementar controles, la falta de inversión y la imposibilidad de compartir información con el sector público y entre privados. El especialista señaló que el porcentaje de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado que desencadenaron investigaciones judiciales registró el año pasado su peor resultado (1,8%).
Por otro lado, al Fondo de Bienes Decomisados ingresaron 733 nuevas causas y cerró 1.342 el año pasado; actualmente hay 5.844 casos abiertos, explicó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el viernes 4 en el Parlamento. El jerarca informó una serie de montos de decomisos en 2022 que –convertidos a dólares por Búsqueda– equivalieron a unos US$ 1,7 millones.
Sabella agregó que si bien estos ROS son un “elemento sustancial de base como para realizar investigaciones, no es el único”, ya que por sí solos no permiten identificar la salud del sistema. “Eso se logra con resultados que se miden a través de las condenas por delitos de lavado de activos”. Añadió que, en Uruguay, la gran mayoría de los casos de lavado detectados devienen de otros países o de investigaciones policiales. “Me encantaría saber de los casos que se detectaron mediante ROS, cuántos se derivaron a la Justicia y resultaron en condena, al igual que, de los que no se detectaron por esa vía, terminaron en condena”, ya que con esta información se podrían reforzar los controles y analizar por qué, afirmó.
Sobre el escaso cumplimiento de los organismos públicos en cuanto a los reportes de sospecha de blanqueo de activos, comentó que los recursos presupuestales y técnicos “siempre son escasos”.
