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Una delegación del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República visitó el pasado 18 de abril la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. La instancia tenía como objetivo que el Instituto compartiera con los legisladores su punto de vista sobre el proyecto de ley que propone crear un Fondo de Garantía de Créditos Laborales.
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El director del instituto, Hugo Barretto, y las docentes Graciela Giuzio y Ana Laura Gandini expresaron su valoración “positiva” del proyecto y propusieron algunas modificaciones para mejorarlo.
Giuzio explicó que Uruguay todavía mantiene un método de protección de los créditos laborales basado en el “privilegio” en el marco del sistema de concursos. Desde hace más de 40 años ese mecanismos muestra insuficiencias y a nivel internacional se comenzó a sustituir por los fondos de garantía. Incluso, detalló, hay convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en ese sentido.
“En Uruguay hay que sustituir un sistema que se ha mostrado ineficiente. Por eso estamos de acuerdo y compartimos el proyecto actual que es perfectible pero superador de los mecanismos actuales”, dijo.
El proyecto de ley propone que el fondo se financie mediante una contribución especial de los empleadores de hasta 0,5% de los “rubros laborales que constituyen materia gravada”. Ese es uno de los puntos más álgidos de la discusión. Parte del sector privado lo cuestionó por entender que se crea un nuevo impuesto que aumenta la carga impositiva, que es un castigo a los empleadores cumplidores y que aportan solo los empresarios cuando los beneficiados son los trabajadores.
“Las cotizaciones obligatorias se descargan en los empleadores porque se considera que el riesgo de insolvencia es de origen exclusivamente patronal. Se trata de riesgos inherentes a las relaciones de propiedad y, no son trasladables a los trabajadores, que participan únicamente a través del salario”, argumentó Giuzio sobre la discusión.
La principal recomendación de los especialistas estuvo relacionada con la creación de una comisión tripartita a la que se le asignen funciones de control sobre la legalidad de los reclamos y la asignación de fondos. Gandini, recomendó que el procedimiento se mantuviera en la órbita judicial por un tema de “plazos y garantías”.