—¿Qué evaluación hace de este primer año y medio de gestión del gobierno?
—A pesar de la pandemia, se logró separar el tema sanitario y, en paralelo, darle continuidad a la planificación que se tenía respecto a dar pasos importantes en el desarrollo del país. Hoy se está empezando a ver el trabajo de planificación, de complementación de obra pública y privada, de apertura comercial... Creo que vamos por el camino correcto.
—¿Cuáles son esas cosas que se están empezando a ver? ¿Cuál es la esencia de este gobierno?
—La aprobación de la Ley de Urgente Consideración sin duda era un objetivo a concretar rápidamente y eso se logró, a pesar de la pandemia. La ley presupuestal, que contempla toda la propuesta del gobierno hacia la ciudadanía, también se logró aprobar. Hoy estamos en una revisión permanente sobre la ejecución. Los tiempos a veces marcan realidades que te obligan a modificar prioridades. En el caso del ministerio, teníamos una planificación quinquenal que quizás no coincidía con las necesidades de hoy. El contrato del Ferrocarril Central preveía una finalización para fines del 2022. Esto tuvo que ser reformulado y renegociado y va a terminar en mayo del 2023. Eso nos lleva a adelantar otros proyectos como mejorar la red vial que une Montevideo con UPM en el eje de Ruta 5. A su vez, hemos visto una saturación de la red vial en general como consecuencia de la fuerte producción. Eso nos ha llevado a revisar obras que quizás estaban pensadas para el 2023, como la duplicación de las rutas 8 y 9 hasta Rocha.
—El shock de infraestructura del que hablaba el gobierno anterior contrasta con esta saturación de la red vial que menciona...
—Muchas de las obras que estamos ejecutando ahora venían del gobierno anterior. Tenemos el Ferrocarril Central, con una inversión de US$ 614 millones solo en infraestructura ferroviaria, si a eso le agregamos la obra del viaducto de US$ 128 millones, y otras inversiones adicionales que hemos tenido que hacer y que rondan los US$ 55 millones… La inversión para los próximos años supera los US$ 1.000 millones. Si a eso le incorporamos la inversión de UPM y la inversión privada en general y si le agregamos las PPP (participación público-privada) que tenemos en marcha, se supera los US$ 1.500 millones. Hay una fuerte inversión.
—¿Cómo describe el momento político actual en el que se va hacia un casi seguro referéndum mientras el gobierno intenta avanzar en su agenda?
—En lo que hace a la obra pública, esto no nos va a detener. Por el contrario, en nuestra tarea no va a haber pausa. Estamos incorporando nuevas fuentes de financiamiento para poder aumentar la inversión pública. Tenemos previsto para el año próximo invertir US$ 810 millones solamente en la red vial.
—Y por fuera del MTOP, ¿cómo ve la situación? Esto de que el gobierno por un lado haya logrado implementar una serie de cambios y conserve buenos niveles de aprobación ante la opinión pública, pero al mismo tiempo tenga en jaque una de sus leyes fundamentales.
—En las elecciones hubo una fuerte paridad que hacía prever situaciones de conflicto y de diferentes miradas. Tenemos perspectivas diferentes al gobierno anterior y metas y objetivos claros de hacia dónde vamos. En la medida en que avanzamos, pueden surgir situaciones como esta, que obviamente está prevista en la Constitución y vamos a respetar la decisión soberana. Estamos confiados en que la gente está entendiendo; el esfuerzo del gobierno está siendo reconocido. Veremos qué sucede con la LUC, pero no podemos descuidar el resto.
—¿Cuál es el estado de situación actual de la red? El gobierno anterior se fue asegurando que había logrado elevar el estándar de calidad de las rutas.
—No discuto que el nivel de calidad de algunas rutas sea el adecuado y estamos dando continuidad a un proceso de mejora de la calidad del pavimento en las rutas más importantes y de mayor volumen de tránsito. Una diferencia con el gobierno anterior es que no nos manejamos por el dinero disponible y los compromisos asumidos. Si vamos a hacer una ruta, lo primero que les decimos a nuestros técnicos es que hagan un proyecto teniendo en cuenta no solo el tránsito actual sino lo que va a suceder en los próximos cinco o 10 años. Eso lleva a que la inversión en rutas sea mayor y la cantidad de kilómetros menor. Pero yo quiero que lo que el Estado haga lo haga bien. No es hacerlo de menor calidad para llegar a más cantidad de rutas. Hay rutas que se hicieron bien y hay rutas que se hicieron mal. Hay rutas que no se pudieron inaugurar porque antes de terminarse ya tenían baches: la Ruta 45, la 96…
—¿Detectaron un problema de calidad en algunas rutas?
—Detectamos un problema de calidad porque vimos que las instrucciones que había era que se disponía de tanto dinero para invertir y había que llegar a tantas rutas que estaban comprometidas. Eso quiere decir que había que hacer lo que se podía con el dinero disponible. Eso a mí no me puede suceder. Prefiero hacer menos pero con la calidad adecuada. Se lo digo a todos. Cuesta cambiar el chip. Los ingenieros no tienen que tener nada que ver con el dinero. Yo quiero que ellos hagan el proyecto adecuado. Después el dinero y las soluciones de financiamiento tiene que buscarlos el ministro, no ellos. Acá había un acostumbramiento de que tenemos tanto dinero y hay que hacerlo rendir. Eso es lo que quiero cambiar y vamos camino a ello.
—En eso de buscar financiamiento, el extitular Luis Alberto Heber anunció nuevos peajes. ¿Usted qué dice?
—No voy a incorporar nuevos peajes. En este período no se va a hacer. Vamos a hacer el esfuerzo financiero para no tener que aterrizar con peajes. Fue uno de los primeros temas que acordamos con el presidente. Venimos en una situación compleja. El transporte está compitiendo en forma desigual con la región y no podemos seguir sobrecargando en este momento. Eso no quiere decir que no sea algo que se tenga que hacer en el más largo plazo.
—El Ferrocarril Central es una obra muy importante para la red uruguaya. UPM ya tiene su propio operador ferroviario instalándose y ya sabe cómo va a utilizar esa vía. ¿Qué está haciendo el Estado para aprovechar también esa obra?
—Tenemos varios emprendimientos privados que están buscando la posibilidad de conectarse al Ferrocarril Central para cubrir ese 50% de capacidad que nos quedaría disponible. Hay mucho interés. Va a haber un proceso gradual de crecimiento que se va a ir notando.
—AFE y Self contrastan con este panorama. Son empresas con pocos recursos. ¿Qué planes tiene el gobierno para ellas?
—Tenemos que analizarlo. Estoy trabajando en ello para definir qué función específica va a quedar para cada una. También tenemos la Dirección de Transporte Ferroviario dentro del ministerio. Hay como una duplicación de tareas que requieren una revisión.
—¿Cree que es necesario que el Estado tenga una empresa de transporte ferroviario?
—Self se maneja en el derecho público privado. Si es eficiente, no me parece mal. El tema es que tiene que demostrarlo. Hoy no lo tengo claro. Por eso estoy profundizando en el tema para presentar una propuesta seria y responsable que permita que el país no siga destinando dinero sin retorno.
—En AFE y en Self tienen una situación delicada con los directores Miguel Vaczy y Gustavo Osta, que han tenido varios desencuentros. ¿Cómo lo ve? ¿Está conforme con la gestión o amerita algún cambio?
—Creo que los desencuentros justamente se dan porque no se tiene claro a dónde se va. Falta que el ministerio asuma el tema tratando de proyectar de acuerdo a la realidad una mirada diferente. Antes de fin de año quiero transmitirle al presidente de la República qué es lo que creemos que debe suceder con la operativa general del ferrocarril. El Estado no se puede permitir más seguir pagando ineficiencia.
—¿Cree que el gobierno negoció bien la ampliación de la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo?
—Creo que fue un buen acuerdo. Primero, para honrar compromisos que no se venían cumpliendo por el Estado. Tratar de saldar esa situación. Tratar de evitar cualquier posible conflicto judicial que se pudiera generar porque, más allá de los montos que pueden ser discutidos o si se puede perder o ganar, lo que sí es claro es que iba a haber un proceso de varios años de trancazo en el puerto y de frenar su desarrollo mientras se definía un juicio internacional. Nos tranca como país, y eso estuvo encima de la mesa como un tema de preocupación.
—Pero todavía quedaban 10 años de concesión…
—Sí, igualmente había también un incremento de incumplimientos que no eran saludables, la renovación semestral de contratos en el puerto público no era lo más razonable, había que tomar una definición, podrá ser acertada o no, el tiempo lo dirá; yo creo que fue un acierto, se genera una nueva inversión que va a permitir que lleguen al Uruguay barcos de mayor calado, creo que es adelantar los tiempos y no seguir esperando a que las cosas sucedan.
—¿La adenda que se hizo al contrato a propuesta de Cabildo Abierto no fue una señal para la opinión pública, y a la interna de la coalición de gobierno, de que hubo errores en el proceso y en el resultado de la negociación?
—Creo que es un aporte bienvenido que le da más seguridad al gobierno uruguayo y mayor tranquilidad, es razonable y me complace decir que la empresa también lo entendió.
—¿No le llamó la atención que la empresa enseguida accediera?
—La empresa no está ajena a la realidad política del país. Como sucedió con UPM, que tenía un acuerdo cerrado y pudimos renegociar algo.
—Es un ejemplo en el que, como oposición, ustedes decían que se había negociado mal con UPM, lo decía el presidente…
—Con UPM se podía haber negociado mejor, y quizás en esto (de Katoen Natie) el tiempo lo pueda decir, que sí o que no, lo veremos. Lo de UPM lo estoy viendo hoy y estoy sufriéndolo, entonces puedo asegurarlo. Lo del puerto se verá en el proceso si fue exitoso o no y siempre puede haber cosas que se pueden mejorar. Si hay un desarrollo portuario planificado donde el Estado uruguayo es socio, no le veo sinceramente ninguna dificultad. Hay que estar atentos y como socios de esta operativa tenemos que ser cuidadosos también. Me parece que en esto quedamos todos los integrantes de la coalición conformes con el proceso y eso es lo que vale en este momento. Tenemos la responsabilidad de gobernar como lo hicieron también en el pasado los que definieron la inversión con UPM y nosotros asumimos ese compromiso como país y corresponde hacerlo y mejorarlo. Quizás en el futuro se pueda mejorar también.
—¿Promover la competencia intraportuaria no funcionaría como un control, por ejemplo, en materia de precios? ¿Eliminarla no va en contra de las normas y del espíritu de la Ley de Puertos?
—Creo que se eliminó en el momento del remate de la terminal. Lo que estábamos haciendo era incumplir con un acuerdo. Ahora lo que se está haciendo es cumplir como país con los contratos firmados. Lo que estábamos haciendo era generar una competencia con un contrato que no es correcto. No soy idóneo en la materia pero confiamos en nuestra gente.
—¿A priori, cree que será más ventajoso para el comercio exterior que funcione solo una terminal?
—Estoy convencido de que el desarrollo portuario va a tener un impulso importante que lo vamos a poder visualizar a corto plazo. Las razones contractuales con uno con dos o con tres es un tema que ya está saldado. Hoy lo que tengo arriba de la mesa es esto, tengo que trabajar para adelante. No he estudiado en profundidad el tema porque me he tenido que abocar a otros asuntos. Pero estoy seguro de que cualquier empresario que venga y quiera invertir en Uruguay no es para perder plata y si en esa ganancia el Uruguay es parte… Me gustaría ver un poco el proceso hacia adelante... Tengo confianza en la negociación que se hizo.