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Si bien la “carencia” de funcionarios en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) afecta el cumplimiento de una “gran parte” de sus cometidos, hay dos áreas “sensibles”: las barreras sanitarias en los puestos de frontera y los controles en la producción cárnica, que tienen una relación directa con actividades clave para la economía uruguaya, como el turismo y las exportaciones de carne vacuna, e implican un “riesgo importante” para el país.
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Esas y otras situaciones fueron denunciadas por directivos de la Asociación de Funcionarios de Ganadería (Afgap) en diálogo con Búsqueda y mediante un reciente comunicado.
“Es visible que hay carencias fundamentales de recursos humanos, cuando entre noviembre y marzo durante el ingreso del turismo se deben realizar controles en los productos que vienen del exterior o cuando salen las exportaciones al mundo”, dijo el presidente de Afgap, Vicente Silvera.
Otro tema de “preocupación” para ese sindicato es la “pérdida del conocimiento” que significa el retiro de los funcionarios que están en edad de jubilarse en los próximos años y la falta de recomposición del equipo de trabajo en varias unidades ejecutoras para el cumplimiento de las diferentes funciones.
Por eso, entre otros motivos, ese gremio considera que hay un “desmantelamiento” en el MGAP que perjudica a varias actividades, como puede ser el mantenimiento del acceso a los mercados para los productos agropecuarios, principalmente para la carne vacuna.
Silvera también advirtió el objetivo que tiene la actual administración de Ganadería respecto a “blanquear” una estrategia utilizada habitualmente para superar los controles de las auditorías externas a la cadena cárnica, que consiste en “rotar o trasladar” inspectores sanitarios de diferentes frigoríficos ante la llegada de alguna misión sanitaria extranjera. Es que esa estrategia implica mostrar una situación que “no es la real” en cuanto a que la cantidad de inspectores de Industria Animal resulta “insuficiente” para cumplir con las labores de control en los establecimientos industriales cárnicos, comentó.
La propuesta realizada por Ganadería en la Rendición de Cuentas es la de facultar a la Dirección de Servicios Ganaderos a “disponer el traslado transitorio de los funcionarios de la inspección veterinaria permanente de la División Industria Animal para el cumplimiento de sus tareas inspectivas, dentro o fuera del departamento donde desempeñan su trabajo habitual y fuera del lugar de residencia declarado, por resolución fundada en estrictas necesidades del servicio”. Advierte que los “efectos negativos de no ser aprobada” esa medida implicarán la “imposibilidad de cumplir con los cometidos, en caso de no haber funcionarios suficientes radicados en el radio de la planta” de faena.
Esa repartición ministerial contaba con 537 funcionarios en 2009 y pasó a tener 341 en la actualidad, de los cuales 157 tienen causal jubilatoria, según datos de Afgap.
“¿Cómo vamos a presentarnos en los mercados internacionales si el Estado no controla” los productos?, planteó Silvera.
Ayer (miércoles 27), Afgap mantuvo algunas reuniones con jerarcas del MGAP para tratar esos asuntos denunciados en la búsqueda de soluciones, considerando que el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento.
“Hemos planteado una serie de interrogantes respecto a la situación actual del Ministerio para que el día de mañana no quieran hacer responsables a los funcionarios por medidas determinadas por las autoridades del gobierno, porque esto no es solo responsabilidad de los funcionarios sino también de la clase política encargada de tomar las decisiones”, indicó el presidente de Afgap.
Ganadería contaba históricamente con unos 3.500 a 4.000 funcionarios y hoy tiene 1.700, distribuidos en 50 locales, además de 300 contratados. Del total hay algo más de 1.000 funcionarios que tendrán causal jubilatoria en los próximos dos años.
Otra situación denunciada por el sindicato es la existencia de un “MGAP paralelo”, que se sostiene con contratos de endeudamiento externo, con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, siendo la Dirección de Desarrollo Rural un ejemplo paradigmático, ya que más de la mitad de los funcionarios tienen contrato de arrendamiento de servicios con esos bancos. En esa unidad ejecutora “la otra mitad son funcionarios públicos que tienen régimenes de horario de trabajo y derechos diferentes y eso no está bueno, porque a igual función debería ser igual remuneración y no es el caso”, señaló la secretaria de Afgap, Carolina Arcuri. Acotó que la “diferencia del salario es muy alta a favor de los contratados”.
Ese sindicato sostiene que hay “problemas de gestión”, ya que los recursos destinados al funcionamiento, al personal y a los controles sustanciales, como a las políticas públicas destinados al desarrollo de la producción familiar “no cumplen con el objetivo”, “no son ejecutados eficientemente” y “son devueltos a Rentas Generales para otros destinos”. Hay una “gran contradicción” en Ganadería, que “continúa con endeudamiento externo” que “cada vez es más oneroso”, pero “no ejecuta lo presupuestado”, cuestiona.
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