Familiares de militares detenidos por delitos durante la dictadura reclamarán su libertad ante las Naciones Unidas y en Europa

“Aquí hubo arbitrariedad, ligereza y falta de pruebas. El tema de fondo es político y no es jurídico ni técnico, porque no encontramos a nadie que rebatiera nuestros argumentos legales”, afirmó Diego Flores, vocero de la organización, a Búsqueda. Según Flores, de manera independiente los abogados de los militares detenidos “han presentado escritos tras escritos” en la Justicia de Uruguay para demostrar la inconstitucionalidad del encarcelamiento de sus representados. Y fracasaron en todos sus intentos. Ante la falta de fallos favorables, los familiares aglutinarán los casos y llevarán parte de ellos al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y a cortes europeas especializadas en derechos humanos.

Los casos corresponden a 45 militares, policías y civiles privados de libertad en sus hogares, la cárcel de Domingo Arena y la sede de la Guardia Republicana. Familiares de Prisioneros Políticos argumenta que se vulneraron los principios de irretroactividad de la ley penal, de inocencia, de la cosa juzgada, de la prescripción, y se invirtió la carga de la prueba, entre otras causas, porque consideran que fueron enjuiciados por delitos comunes pero bajo el criterio de que se trataron de delitos de lesa humanidad. También apuntan al artículo 3º de la Convención Europea de Derechos Humanos —que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”—, pues los prisioneros tienen una edad promedio de 78 años y muchos problemas psíquicos, emocionales y físicos que deben ser tratados fuera de una cárcel.

“En ninguno de los casos se han respetado el debido proceso ni los derechos humanos. Y encima ninguno de estos juicios aclara hechos, ninguno tiene por finalidad encontrar restos de desaparecidos. Es una canallada”, sostuvo Flores.

En noviembre del año pasado el grupo ya había manifestado públicamente su posición cuando concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, donde señalaron que la situación efectivamente era de prisioneros políticos, debido “a la naturaleza y a la forma en que se han llevado a cabo los procesamientos, que claramente contravienen la voluntad expresamente manifiesta por el pueblo en dos oportunidades”, en referencia a las consultas populares de 1989 y 2009 que mantuvieron vigente la denominada ley de caducidad.

Además de reuniones con legisladores, Familiares de Prisioneros Políticos fue recibido por el presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional y el fiscal de Corte. Entienden que en ninguno de los encuentros fueron respaldados. “Nos encontramos con un gobierno y un presidente que tienen miedo a la izquierda y las consecuencias electorales. El Partido Nacional ha especulado políticamente con este tema, con los votos, con una interna muy complicada y un ministro que no quiere a las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasa con el Partido Colorado y con Julio María Sanguinetti”, dijo Flores.

Ante la Comisión de Constitución y Legislación, la organización pidió que se aprobara el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria que presentó Cabildo Abierto. La iniciativa original cabildante, luego modificada por el Partido Nacional, planteaba que todos los condenados mayores de 65 años reciban la prisión domiciliaria de manera automática, obligando directamente al juez sin intervención de los demás actores del proceso acusatorio. Afirmaba que las personas de edad avanzada que están en proceso de ejecución penal constituyen un grupo vulnerable al ser una minoría dentro de un sistema donde la mayoría de las personas son jóvenes y donde la gestión, servicios de rehabilitación y la infraestructura no están adecuados para ellos.

“Entendemos que se trata de un alivio para nuestros padres, ya que la situación debe relacionarse con la avanzada edad promedio de todos los procesados y condenados, así como con la discusión que la sociedad comienza a dar a propósito de la naturaleza de las acciones políticas que los han conducido a prisión. No se trata de liberarlos, como entendemos debiera ser, sino de atender las situaciones humanas de procesos indebidos que ahora comienzan a ser cuestionados, ya no solo por los familiares, sino también por un creciente grupo de la población, que descubre que con estos procedimientos se ha quebrado el espíritu de amnistía con el cual se puso de pie la República y recuperamos la democracia”, indicó el grupo en el Parlamento, tras pedir a los senadores que voten el proyecto para “emitir una fuerte señal hacia la sociedad”.

De la misma sesión legislativa participó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, para hablar sobre los fallos que en temas similares tomó en el pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “En general, la edad avanzada no es tomada como un impedimento en sí mismo, sino cuando tiene importantes problemas de salud o impide la finalidad de la pena”.