Aunque el nuevo sistema apuesta a una Justicia más garantista, con un juez imparcial que evalúe las solicitudes —por escrito— de la fiscalía, las demoras que ocasiona generan preocupación entre los operadores, que han denunciado dificultades para conseguir órdenes de allanamiento o detención de forma urgente.
El problema se trató días atrás en una reunión entre representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, que se realizó para analizar el funcionamiento de la reforma penal. En el encuentro se resolvió, entre otros puntos, habilitar una vía express para casos excepcionales en que los fiscales necesiten conseguir una orden de inmediato, informaron a Búsqueda participantes de la reunión.
Desde que se implementó el nuevo CPP, el 1º de noviembre, las órdenes de allanamiento o de detención —cuando no se trata de casos in fraganti, porque allí la policía puede detener sin orden del juez— se solicitan de forma electrónica, a través del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau). El fiscal debe completar un formulario, que envía a través del sistema. La Oficina Penal Centralizada (OPEC) lo recibe y lo traslada al juez, que decreta y devuelve por la misma vía. Aunque el mecanismo debería ser veloz, completar el formulario lleva tiempo, y luego hay que aguardar a que el juez lo reciba y lo responda, un trámite que no siempre es ágil.
Por otra parte, el sistema informático a veces falla y el fiscal debe trasladarse hasta el juzgado para hacer la solicitud por escrito, lo que enlentece aun más el procedimiento.
Cuando se trata de situaciones urgentes, las demoras pueden frustrar los procedimientos policiales. El fiscal Gustavo Zubía denunció que en dos ocasiones sospechosos escaparon de la policía porque la orden de detención no llegó a tiempo (Búsqueda Nº 1.957).
A raíz de esta preocupación es que el Poder Judicial y la fiscalía acordaron habilitar otra vía para casos “extremos”. “Si tenemos rodeada la casa, y no da el tiempo de hacer ni el papel, van a poder llamar telefónicamente”, informó a Búsqueda el subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce.
La OPEC trasladará la llamada a un juez que estará asignado específicamente para resolver los temas urgentes. Luego de recibir la solicitud por teléfono, el juez podrá autorizarla rápidamente, pero debe quedar registrada en papel.
Aunque Pesce reconoció que solucionar el tema por teléfono puede ser una “tentación” para las fiscales, insistió en que solo podrá usarse de manera “excepcional”. “No podemos consagrar el teléfono como la vía principal”, afirmó.
“Nosotros queremos darle garantías al proceso. Tenemos que eliminar todas esas cosas que si bien nos pueden parecer muy cómodas, eliminan garantías. Porque lo que se dice por teléfono es mejor que se diga por resolución escrita. No obstante eso, queda habilitado para casos excepcionales. Y vamos a monitorear que sea así”, afirmó.
“Será para cosas urgentísimas, cuando el tiempo conspire en contra del procedimiento”, dijo a Búsqueda la fiscal Adriana Edelman, que también participó de la reunión.
De todas formas, Edelman señaló que el nuevo sistema siempre será más engorroso, ya que antes los jueces se “deban la orden a sí mismos”, mientras que ahora el fiscal debe solicitarla al juez y fundamentar los motivos. “Es más engorroso pero es lo que corresponde”, evaluó. “El tema es buscar la forma en que, respetando las garantías, el trámite sea más rápido y sencillo”.
Más ajustes.
En el encuentro, realizado el jueves 8, participaron Edelman, Pesce, el juez penal José Gómez, la directora de la Oficina Penal Centralizada (OPEC), Tania Pérez, y la encargada de implementación del CPP en la Fiscalía General, Patricia Marquisá.
Otro de los temas de conversación fue el planteo de la fiscalía sobre la posibilidad de flexibilizar la acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7953, que regula un plazo de 24 horas para que el fiscal solicite, en caso de necesitarlo, una prórroga de otras 24 horas antes de llevar a un detenido ante el juez. Hay quienes sostienen que la norma es muy exigente al establecer que los fiscales deben fundamentar el pedido de prórroga.
“No es necesario que el fiscal justifique por qué quiere la prórroga. La Constitución no lo exige. Basta con indicar que hay indagatorias pendientes”, afirmó Edelman.
Sin embargo, “a criterio del Poder Judicial, la acordada es bastante clara, y no ha habido problemas en su aplicación”, dijo Pesce, por lo cual se resolvió no modificarla.
Otra dificultad que se planteó por parte de la fiscalía es el horario en que la OPEC fija algunas audiencias. Ocurre, por ejemplo, que el fiscal pide una audiencia de formalización a las 18 horas y el sistema le asigna una audiencia para las 18:01, lo cual hace que le sea imposible asistir a tiempo.
Según argumentó Pesce en la reunión, no se trata de un “error” del sistema, sino que la fija de forma urgente porque el plazo de las 24 horas está cercano a vencerse.
De todas formas, a partir de las confusiones que eso genera, se acordó que en ese tipo de casos la OPEC enviará, junto al horario de la audiencia, un mensaje que indique al fiscal que debe presentarse de inmediato en el juzgado porque el plazo constitucional podría vencerse.
Del lado del Poder Judicial, se planteó durante el encuentro que varios problemas se están ocasionando por una distribución desigual del trabajo entre la mañana y la tarde. “Hice fuerte hincapié en la problemática de que la fiscalía está cargando todos los pedidos de formalización en la tarde, en un período muy corto de tiempo”, dijo Pesce a Búsqueda.
Como consecuencia, de las 12 horas que la OPEC está abierta para tomar audiencias, todas se acumulan en la tarde, principalmente entre las 16 y las 19 horas.
“Ese es el problema de fondo. Desde el Poder Judicial vemos con preocupación ese hecho, porque redunda en uso ineficiente de los recursos. Si presentás 20 solicitudes de formalización en el espacio de una hora, y es a la tarde, y se te vencen los plazos, no hay forma de que podamos satisfacer esa demanda”, afirmó.
En enero se generó una polémica a raíz de que dos sospechosos de matar a un policía fueron liberados. Tras el hecho, el Poder Judicial publicó un comunicado explicando que la audiencia de formalización se solicitó muy cerca del vencimiento del plazo de las 24 horas, lo que provocó que, al momento de presentar el caso ante el juez, el tiempo previsto por la Constitución ya se había excedido y los detenidos debieron ser liberados.
“Lo que estamos haciendo es tratar de ajustar a la realidad lo que pensamos teóricamente. Y hay cosas que tenemos que corregir”, dijo Pesce. “Hay buen ámbito de diálogo, y lo que estamos haciendo son ajustes menores. No hay problemas estructurales ni genéricos”, aseguró.
Ambos organismos continuarán reuniéndose periódicamente para ir resolviendo los “errores y obstáculos” que surjan, dijo Edelman.
