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En el Banco República la mayoría de los depositantes tienen en sus cuentas el equivalente a U$S 5.000 como máximo, otros 28.300 disponen de más de U$S 100.000 y son cerca de 5.300 los que poseen saldos superiores al cuarto de millón de dólares. Los números no son muy distintos para los bancos privados, salvo el de los clientes con ahorros mayores a U$S 250.000, que es prácticamente del doble (10.700) sumando a todas las instituciones.
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Son a los individuos y las empresas que tienen saldos altos a los que apuntará la nueva flexibilización del secreto bancario que prepara el Poder Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido con otros países de colaborar en el combate a la evasión de impuestos, proporcionando información. Para Uruguay, en 2018 entrará a regir un mecanismo de intercambio automático de datos con administraciones tributarias extranjeras negociado en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este intercambio de datos apunta a facilitar el control del cumplimiento de los tributos sobre la renta, el patrimonio, las donaciones y sucesiones, y abarca la información “que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria (…)”, señala el convenio.
Al disertar la semana pasada en un seminario en Asunción sobre las “Experiencias y mejores prácticas internacionales en tributación”, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, afirmó que en pocos días el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una “nueva flexibilización del secreto bancario” que obligará a informar los saldos de depósitos a fin de cada año de “todos los cuentahabientes”, para que sean conocidos por la Dirección General Impositiva (DGI) y las administraciones tributarias extranjeras (ver Nº 1.872).
El proyecto de flexibilización todavía está siendo redactado. Aspectos de su alcance fueron precisados por el titular de la DGI, Joaquín Serra.
“Lo que está planteado en el Foro de Transparencia (de la OCDE) y el compromiso de Uruguay de insertarse en un mundo transparente, es que adhiera a un intercambio de información bancaria con saldos al 31 de diciembre de cada año, a partir de ciertos montos significativos y los intereses que esa cuenta genera”, explicó el jerarca en declaraciones a radio El Espectador el viernes 24. “Nosotros cooperaríamos dando información de las personas residentes a terceros países”, a la vez que “recibiríamos nosotros información de los saldos y rendimientos de las cuentas de residentes en Uruguay pero con cuentas en el extranjero. (…) Sin este tipo de información, sería muy difícil hacer los controles” del pago de impuestos, dijo.
Paralelamente, Serra informó que el equipo que constituyó la DGI para investigar los casos de posible evasión a través de sociedades anónimas offshore provistas por estudios jurídicos locales —reveladas por Búsqueda como parte de los “Panamá Papers”— tiene “vocación de permanencia” y será la “base” de un área dentro de la oficina para controlar al sector de “altos ingresos o patrimonio”. La Impositiva ya auditó a “más de 20 contribuyentes” vinculados a esas sociedades, y en algunos casos eso condujo a la reliquidación de tributos, detalló.
Privacidad.
“Disponer de información es uno de los instrumentos principales que tienen las administraciones tributarias” para poder recaudar impuestos, alegó Serra.
“En muchos países el secreto tributario no se impone a la administración”, dijo, y mencionó los casos de España y Francia. “En el caso nuestro, en 1982 se aprueba el secreto bancario, en medio de la crisis y en el final de la dictadura”, recordó. “Era uno de los secretos más rígidos del mundo”, pero “se ha ido flexibilizando” desde fines de la década del 2000, añadió.
Como las anteriores flexibilizaciones, la anunciada ahora por el gobierno también generó reacciones a favor y en contra.
“De la masa de contribuyentes al fisco, uno de los más importantes son los trabajadores a través del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. Ahora se pone el grito en el cielo por la intimidad de los cuentahabientes. Pero los laburantes, respecto al fisco, no tienen privacidad alguna y la empresa (para la que trabajan) está obligada a informar a la DGI”, dijo a Búsqueda el secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), Fernando Gambera. “¿Por qué se hace una cuestión de constitucionalidad para los cuentahabientes, cuando el resto no tenemos esa privacidad?”, añadió.
Gambera realizó esos comentarios aludiendo a algunos especialistas que plantearon reparos a la decisión del Poder Ejecutivo de introducir una nueva flexibilización de la norma que ampara la reserva sobre el dinero depositado en el sistema financiero local. El catedrático de Derecho Tributario Aplicado de la Universidad ORT, Alberto Varela, indicó que una ley que disponga el levantamiento del secreto bancario con carácter general y sin intervención de la Justicia sería “irremediablemente inconstitucional”, consignó al viernes 24 “El Observador”.
“El intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que querer darle al fisco —o peor, a los fiscos extranjeros— la facultad de intervenir teléfonos sin intervención judicial, o hacer un allanamiento sin intervención judicial, o intervenirle el e-mail a un contribuyente sin intervención judicial”, agregó.
“No me parece un tema que sea para ponerle dramatismo”, opinó Gambera.
Desde su perspectiva, respecto al alcance del secreto bancario “no tiene que haber factor diferencial” que proteja la intimidad de unos y a otros no. “Transparencia e igualdad”, siempre con los “recaudos que correspondan”, reclamó.
“Todos nos preocupamos cuando Uruguay fue colocado en una lista gris de la OCDE y quisimos que esa situación se revirtiera. Se salió firmando acuerdos de intercambio de información tributaria con otros países. Cuando se empiezan a ver ahora los efectos que podrían tener estos tratados y la necesaria legislación nacional para aplicarlos, se invoca al secreto bancario como un derecho constitucional relacionado con la privacidad”, comentó.
El dirigente de AEBU recordó que en el pasado a varios funcionarios bancarios “les aplicaron el secreto bancario” y fueron sancionados al hacer públicas informaciones que dejaban entrever “cosas opacas”.
A fin de mayo había 2.337.669 clientes de depósitos de bancos y otras instituciones financieras locales que poseían, en conjunto, el equivalente a unos U$S 30.200 millones. El dinero en bancos del exterior de residentes en Uruguay ronda los U$S 9.000 millones.
