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Fundada en 1915 con 18 socios cuando Tarariras era un pueblo con poco más que una estación de tren, la Sociedad de Fomento Rural local (Soforuta) empujó luego para que se construyera una ruta, se dispusiera de plantas de silo, raciones, semillas y se instalasen escuelas y otros centros de enseñanza.
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Se transformó, pasadas las décadas, en una institución referente de esa ciudad y de los agronegocios colonienses, con ingresos anuales por US$ 31,4 millones. Sin embargo, medidas por sus activos —US$ 11,6 millones—, hay varias otras organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que la superan: la más grande desde esa dimensión es el Fondo Social de Vivienda de Empleados y Obreros de Cutcsa, con casi US$ 104 millones, seguida por el Club Nacional de Football, seguida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Uruguay (Arquidiócesis).
Pero, mucho más numerosas, son las instituciones educativas las que, en conjunto, acumulan más ingresos anuales y activos entre las distintas categorías de OSFL: US$ 348,7 millones y US$ 453,1 millones, respectivamente. Dentro de las entidades de enseñanza, la Sociedad de San Francisco de Sales, donde están agrupados los colegios y liceos Maturana, Juan XXIII y los Talleres Don Bosco, es la más grande, con cerca de US$ 31 millones de ingresos y una cifra similar en activos.
Esos montos surgen de convertir a dólares los datos declarados entre el segundo semestre de 2019 y principios del año pasado por las OSFL a la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que fueron divulgados por El País en artículos publicados en diferentes ediciones de los últimos días. Búsqueda hizo la conversión de moneda a un tipo de cambio de $ 40,6, que puede considerarse un promedio del período al cual corresponden las declaraciones y, al mismo tiempo, que no difiere tanto de la cotización actual del dólar.
A fines de 2021 la Senaclaft comenzó a fiscalizar a estas instituciones, que son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos si superan los 4 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación en ingresos anuales (más de $ 22 millones o unos US$ 550.000 al dólar de esta semana) o tienen al menos 2,5 millones de UI en activos ($ 13 millones o cerca de US$ 324.000). Sin embargo, en el listado publicado por el diario figuran algunas entidades que estaban por debajo de esos umbrales.?La nómina publicada hasta ayer miércoles por El País incluyó a 279 OSFL, de las cuales 44 son organizaciones empresariales o gremios profesionales; 16 asociaciones, sindicatos o federaciones de trabajadores —incluido el PIT-CNT—; 46, clubes, ligas o asociaciones deportivas; 95, instituciones, sociedades o fundaciones educativas; 30 son instituciones religiosas; y 48 entidades y fundaciones sociales. También son OSFL los partidos políticos, aunque hasta ayer no se informaron datos sobre este sector.
Búsqueda solicitó a la Senaclaft la información declarada por todas las organizaciones obligadas a hacerlo, pero no la entregó aduciendo que es reservada.
De analizar las estadísticas publicadas por El País surge que los ingresos de las cámaras y otras organizaciones patronales o de gremiales profesionales —como odontólogos o arquitectos— rondaban, sumados, los US$ 176 millones, un monto que superó en más de ocho veces los de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores (US$ 20,1 millones). En cuotas de los alumnos, por ejemplo, a las instituciones educativas les habían entrado en total US$ 349 millones, mientras que las organizaciones religiosas tuvieron ingresos por US$ 63 millones, un monto similar que las entidades sociales, incluidas las fundaciones (US$ 67,8 millones); los de las entidades deportivas fueron casi US$ 154 millones.
Las OSFL fueron incorporadas a este tipo de controles porque, por sus características y objeto, pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Además de reportar ciertos datos relacionados con su actividad, la Senaclaft les exige designar un “oficial de cumplimiento” a cargo de revisar las políticas, procedimientos y controles implementados para cumplir con las disposiciones para la prevención del lavado de activos, así como detectar y reportar operaciones sospechosas al Banco Central, entre otras funciones.
