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Frente Amplio impulsará en 2023 un proyecto de ley para limitar los “servicios VIP” en los prestadores de salud privados
El subsecretario de Salud Pública reconoce que es un paso necesario si se pretende ejercer un control: “No tenemos otra forma de regular; las limitaciones no son por ordenanza o decreto”
La existencia de un cartel que rezaba “Socios Medis Group anunciarse” en las ventanillas del Casmu atizó un debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el martes 27, a la que asistieron autoridades del Ministerio de Salud Pública. También fue el disparador del anuncio de que el Frente Amplio elaborará este año un proyecto de ley para eliminar o al menos limitar los llamados “servicios VIP” presentes en algunas mutualistas.
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La situación del Casmu fue uno de los temas que abordaron los integrantes de la Comisión de Salud con el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda. Lucía Etcheverry, diputada frenteamplista y presidenta de la comisión, habló de una “situación contradictoria” en este prestador.
“Se envía gente al seguro de paro (aproximadamente, 130 trabajadores), se accede a un cuarto fideicomiso, pero sin embargo se ofrecen servicios preferenciales, que además es con los mismos recursos humanos, en el mismo local, con el mismo equipamiento. Entonces, hay una preferencia respecto al acceso a especialistas, a cirugías, a laboratorio, en detrimento de los usuarios del Fonasa. ¿Cómo lo controla el ministerio?”, preguntó.
Por “servicios VIP” se entiende aquellos en que, mediante el pago de una sobrecuota, que puede ir desde los $ 1.000 mensuales a un solo pago de US$ 6.500, el socio tiene un acceso más rápido a especialistas, estudios y técnicas de alta complejidad, un mayor tiempo de atención en las consultas, así como internación en habitaciones individuales con servicios similares a los de un hotel y vínculos con instituciones médicas del exterior, según el caso.
El Medis Group del Casmu no es único en su especie. Según un planteo realizado en setiembre por integrantes del intervenido Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (Mnuspp), servicios de este tipo están presentes en al menos otras seis mutualistas: Asociación Española, Cosem, SMI, Círculo Católico, Médica Uruguaya y el Hospital Evangélico.
Quienes cuestionan estas prácticas argumentan que los beneficios para quienes pueden pagar van en detrimento de los socios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que, según se dijo en la comisión, en el caso de Casmu con sus cápitas representan el 87% del presupuesto.
Antecedentes
Los cuestionamientos no son nuevos. En 2017, durante el último gobierno del Frente Amplio, el entonces ministro de Salud, Jorge Basso, evaluó investigar la legalidad de estos servicios, en el entendido de que afectaban la “equidad”, uno de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Este mismo año, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas incluía un artículo, el 266, impulsado por el propio ministerio y luego retirado por falta de consenso en la coalición de gobierno, que recordaba “la igualdad de trato de los usuarios”.
Satdjian aludió a ese antecedente en su comparecencia en la comisión. “Nosotros entendemos que la actividad de usuarios preferenciales tiene que ser regulada por ley, no tenemos otra forma de regular; las limitaciones no son por ordenanza o decreto, sino que son por ley, y hay que darle una fuerza legal, porque después podemos exponernos a cualquier cuestión legal hacia el Estado si no la tiene”, expresó.
También señaló que el ministerio separa las prestaciones obligadas en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), donde no puede haber condiciones distintas de accesibilidad entre usuarios, de lo que es “de contratación libre: entiéndase la cama en la habitación privada, la televisión con cable o distintos servicios de atención que no están dentro del contrato de gestión ni dentro de la canasta de prestaciones”. La idea del artículo incluido y retirado de la Rendición era regular esa canasta, postura que —dijo— la cartera mantiene hasta hoy.
También durante su intervención el subsecretario señaló que dentro del PIAS “el que manda es el MSP” y que “el problema” es “que a unos se les da antes y a otros un poquito después” el servicio. El argumento de esos prestadores, agregó, es que ambos casos “están dentro del PIAS”. De ahí la necesidad de hacer una ley.
Yagoda, por su parte, subrayó que existe una “preocupación” del ministerio por este punto y la intención es “fortalecer” el rol de fiscalización y regularización “para poder llegar más rápido a este tipo de situaciones”.
La discusión del artículo incluido y retirado de la Rendición de Cuentas no ocupó un lugar destacado en el debate parlamentario pero sí motivó que se acercaran representantes de las mutualistas a hablar con integrantes de la Comisión de Salud. Básicamente, señalaron que estos servicios “VIP” permiten parar la sangría hacia los seguros privados.
“Lo que ellos dijeron es que con estos servicios se obtienen recursos para poder atender a todos sus afiliados. Y que si se los limitan, los interesados emigrarían a los seguros de salud privados”, como el Hospital Británico, Blue Cross & Blue Shield, Summum o MP, dijo a Búsqueda el diputado colorado Felipe Schipani.
Herramienta
El diputado Gallo señaló en el Parlamento que el Frente Amplio tiene como “compromiso para 2023” elaborar un proyecto de ley que “limite los servicios VIP en los usuarios Fonasa”.
“Nosotros queremos eliminar los servicios VIP, no una sala VIP. Lo que no puede existir es una prestación que a un socio se le brinde a los tres meses y al otro al día siguiente. Estamos de acuerdo que con un decreto no alcanza, entonces la herramienta para limitar estos servicios tiene que ser una ley”, dijo a Búsqueda el diputado de Asamblea Uruguay.
Etcheverry, del Movimiento de Participación Popular, confirmó la intención. “Vamos a elaborar un proyecto de ley que garantice la igualdad de trato entre los usuarios y que el ministerio lo controle. ¡No puede ser que no lo controle!”, dijo a Búsqueda.
En tiendas frenteamplistas, se espera que Cabildo Abierto acompañe el proyecto. “(El ministro de Salud, Daniel) Salinas ha dicho que ‘filosóficamente’ está a favor” del artículo que fue eliminado de la Rendición, apuntó Etcheverry. Gallo dijo tener esperanzas de que legisladores del Partido Colorado y aun del Partido Nacional también se sumen.