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Francisco Vera (75) se siente un usuario clase Z, ya no B, en su mutualista. El tiempo, esa variable tan relacionada con la angustia y la incertidumbre si de salud se habla, es la causa. Él, como usuario del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) pide hora en su mutualista con un especialista y la consigue para dos meses; otro, “uno de los vip”, como los define, logra lo mismo, con el mismo médico, antes de 72 horas.
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La reserva de horas es uno de los varios servicios similares a los seguros privados que ofrecen los prestadores de salud a estos socios especiales, según Vera, que integra la mesa departamental de Montevideo del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (Mnuspp). Mediante el pago de una sobrecuota (que según la institución va desde los $ 1.000 mensuales hasta un solo pago de US$ 6.500), tienen acceso más rápido a especialistas, a estudios y técnicas de alta complejidad, a más tiempo de atención en las consultas, a internación en habitaciones individuales con servicios similares a los de un hotel o vínculos con instituciones médicas extranjeras.
Vera dijo a Búsqueda que esta situación “enardece” a los usuarios y es una “vulneración a los principios y valores” en los que se basa el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado por ley en 2007. Entre ellos, están la equidad y la accesibilidad. “¿Esos principios dónde fueron a parar? Las empresas los dejaron de lado por una cuestión económica”, sostuvo.
Según un planteo que elevó al Mnussp, integrado por unas 2.000 personas, esta situación se da en al menos siete mutualistas, a las que prefiere llamar “empresas de salud”: la Asociación Española, Cosem, SMI, Círculo Católico, Médica Uruguaya, Casmu y el Hospital Evangélico.
Ante la inquietud formulada por Vera, el Movimiento está discutiendo elevar un planteo formal al Ministerio de Salud Pública (MSP). La decisión se tomará en la reunión de la mesa departamental este jueves 22.
Vera quiere que el reclamo sea directamente la prohibición de estos servicios. Está seguro de que su postura tiene eco en el resto de sus compañeros. Sentada a su lado, quien hasta agosto era la presidenta del Mnuspp, Doris Rodríguez, hoy coordinadora de la mesa, asintió.
Toda decisión que adopte la Mnuspp tendrá que tener la anuencia del interventor a cargo, Manuel Garate, ya que el Movimiento fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en agosto.
Reclamo viejo
El MSP lleva años mirando de reojo la situación. En 2017, durante el último gobierno del Frente Amplio, la cartera estaba evaluando la legalidad de los servicios. “Queremos ver en qué medida esto no afecta a los principios de equidad”, dijo entonces el ministro Jorge Basso.
El proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento incluyó originalmente un artículo, el 266, que recordaba “la igualdad de trato entre los usuarios” en lo referido a las prestaciones obligatorias consignadas en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), el acceso a las cuales “no podrá estar sujeto a acuerdos entre las instituciones y sus usuarios por el que se les ofrezcan condiciones de accesibilidad diferentes al resto de sus afiliados”.
En su comparecencia el 26 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, la que analizó el proyecto de Rendición de Cuentas, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, enfatizó que este artículo buscaba que todos los usuarios de los distintos prestadores reciban la misma atención en los tratamientos y procedimientos incluidos en el PIAS.
“Han proliferado ciertos planes por los que, con un pago complementario, un usuario tiene un trato diferencial frente a otro”, señaló en esa misma oportunidad Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa).
El artículo, finalmente, se retiró del proyecto. “Como no había un consenso en la coalición, se decidió quitar ese artículo. Se pensó que era necesario un proyecto propio que lo estudie la Comisión de Salud”, dijo el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez, presidente de la comisión integrada.
A fines de 2018, la empresa de acompañantes Secom presentó una acción judicial contra el Estado por permitir a la Asociación Española llevar adelante una “competencia desleal”. Según la demanda, esta mutualista “se valió de fondos públicos o fondos obtenidos con garantías del Estado” para crear un servicio de acompañantes propios y un servicio de atención vip llamado Socios Vitales, por los que el interesado debería pagar US$ 6.300 dólares. A casi cuatro años de iniciado, ese proceso judicial todavía sigue en litigio.
Parar la sangría
Según los últimos datos oficiales del MSP, a junio de este año había 113.891 personas afiliadas a los seguros privados de salud, como el Hospital Británico, Blue Cross & Blue Shield, Summum o MP. Es el mayor registro de una estadística siempre creciente, desde la creación del SNIS. De hecho, fue esa tendencia la que llevó a las mutualistas a ofrecer servicios VIP.
El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, lo reconoció en una entrevista con El Observador el 22 de agosto: “Los 20.000 socios que perdí se me fueron para los servicios privados, eligieron atención diferencial”.
“Nosotros no estamos en contra de los seguros privados ni de los servicios plus. Pero hay que tratar bien a los usuarios Fonasa porque son la esencia de ser de un prestador del SNIS”, dijo a Búsqueda Álvaro Niggemeyer, uno de los médicos de la organización opositora en el Casmu, que se enfrentará a Rodríguez en las elecciones del jueves 29. Según él, que en los últimos tres años la institución haya perdido casi 9.000 socios se debe a que se descuidó al usuario Fonasa, que representa al 91,6% del total de afiliados.
“Cobrar por hotelería vip, habitación privada y cubiertos de plata es admisible, ¡pero no podés hacer diferencia en el tiempo de atención!”, afirmó.
Niggemeyer precisa que esta situación no es privativa del Casmu, donde, estimó, 1.000 de los 185.000 afiliados pagan un servicio vip.
