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El anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de que enviará en “unos días” el proyecto de ley de urgente consideración crispó a la dirigencia del Frente Amplio. La reacción fue inmediata. Varios legisladores salieron al cruce en sus redes sociales calificándolo de “pésima señal” y de “oportunismo”. Y luego, el jueves 9, el Frente Amplio emitió un comunicado donde sostuvo que “lo urgente es la vida” y que “presentar en las actuales circunstancias un proyecto que tiene un paquete tan amplio y profundo de transformaciones, con un plazo tan acotado para su consideración, impide el amplio debate democrático”.
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Pasado el impacto de la noticia, la coalición de izquierda debe asumir qué postura tomará frente a la realidad de que el proyecto de ley sea tratado por el Parlamento en breve y que sus votos no son necesarios para aprobarlo. La discusión ahora gira en torno a definir si la discusión que debe dar como oposición implica poner todas las energías en rebatir su forma —la legalidad de recurrir a la figura de urgente consideración— o su contenido, según dijeron a Búsqueda fuentes frenteamplistas.
Durante la campaña electoral del 2019 el Frente Amplio apuntó sus críticas al hecho de que se aprueben cambios que no considera urgentes a través de ese mecanismo. Parte de la dirigencia opositora opina que ahora el posicionamiento que debe adoptar la fuerza política es no discutir en el Parlamento sobre un proyecto al que evalúan sin validez para ser considerado de urgencia. Esta postura cobró más peso en la coalición de izquierda porque el proyecto ingresará al Parlamento en medio de una emergencia sanitaria.
La estrategia de la oposición una vez que llegue el articulado a una comisión especial del Senado —integrada por ocho de la coalición multicolor y siete del Frente Amplio— es pedir que concurran especialistas en Derecho para que den su opinión sobre el uso de esa herramienta legislativa.
Pasado el impacto de la noticia, la coalición de izquierda debe asumir qué postura tomará frente a la realidad de que el proyecto de ley sea tratado por el Parlamento en breve y que sus votos no son necesarios para aprobarlo.
Varios dirigentes consultados recordaron una carta que envió a Búsqueda en febrero Juan Pablo Cajarville, excatedrático de Derecho Administrativo, en la que cuestionó la validez de recurrir a un proyecto “con declaratoria de urgente consideración” tan extenso y con temas tan variados. Ese mecanismo establece plazos acotados para discutir el proyecto y eso haría muy difícil que el Parlamento lo analice todo a fondo, explicó.
Si el gobierno insiste con su idea, sostuvo, “se configuraría un comportamiento ilegítimo del Poder Ejecutivo, que viciará de inconstitucionalidad las normas legales que así se perfeccionen, porque nuestro derecho califica expresamente como vicios de la actividad estatal las que denomina ‘desviación de poder’ y ‘abuso o exceso de poder’”.
Legisladores frenteamplistas consideran que darle tratamiento parlamentario ahora sería “antidemocrático”, porque la pandemia impide que los diversos colectivos que se verán afectados por la ley puedan, por ejemplo, hacer manifestaciones públicas.
“Hay una movida oportunista del gobierno si coloca la ley en este momento porque no hay condiciones para que la sociedad discuta y se movilice con normalidad. Y esto es más grave aun que el uso de un proyecto de ley de urgente consideración para intentar colocar un programa de gobierno”, dijo a Búsqueda el secretario general socialista, Gonzalo Civila.
Otros dirigentes del Frente Amplio evalúan que, como la coalición multicolor tiene mayoría, hay que analizar el contenido y considerar si se debe modificarlo. Para ello se conformó un grupo de referentes que prepararán un informe específico sobre los más de 500 artículos. Esta semana los legisladores frenteamplistas recibieron un documento elaborado por el Movimiento de Participación Popular que compara el borrador presentado en febrero y el proyecto que Lacalle Pou divulgó días atrás.
El Partido Socialista inició un análisis del proyecto por áreas temáticas que luego será volcado a un documento y analizado por su Comité Central.
En el MPP, en tanto, están planteados varios escenarios, aunque aún no se tomó ninguna decisión sobre si el Frente Amplio debe votar algún artículo o no, o si van a proponer mejoras. Fuentes del sector reconocieron que “hay cambios positivos” en comparación con la primera versión del proyecto.
El día después
Más allá de que insisten con que discutir el proyecto ahora es una “la falta de sentido común”, la dirigencia frenteamplista estudia también qué hacer si el articulado avanza y se aprueba.
Una alternativa es presentar un recurso de inconstitucionalidad en línea con los argumentos planteados por Cajarville. Quienes promueven esta idea sostienen que el gobierno puede colocar este tipo de norma para tratar un tema específico; no como en este caso donde son múltiples.
Otro de los escenarios que no se descarta es recorrer el camino de la recolección de firmas para derogar la ley o algunos artículos en específico mediante un referéndum.
