El 15 de enero, durante la ola de calor de principios de año, se registró un récord de temperatura en la zona metropolitana que llevó a superar por primera vez los 700.000 metros cúbicos de consumo de agua. La producción y distribución de la planta de Aguas Corrientes tuvo que exigirse al máximo para responder a la demanda.
Esta situación, sumada a la falta de agua registrada en abril de 2020 a causa de una importante sequía y la previsión de un incremento del consumo para los próximos años llevaron al presidente de OSE, Raúl Montero, a convencerse de la urgencia de aumentar la capacidad y las fuentes de producción para la zona sur del país, donde vive más del 60% de la población de Uruguay.
Ahora, el directorio que encabeza Montero está próximo a tomar una decisión que pretende revertir el panorama, aunque la solución desata nuevas controversias al asignar la producción del agua potable a un consorcio privado. Esto es rechazado y considerado inconstitucional por la oposición y el gremio de trabajadores de OSE, que advierten intenciones similares a las que fueron zanjadas en el plebiscito de 2004.
Se trata del proyecto Neptuno, la iniciativa presentada por el consorcio conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que se propone construir una toma de agua bruta libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, departamento de San José.
Las autoridades de la empresa pública recibieron el viernes 1o el informe final del estudio de factibilidad del proyecto y prevén considerarlo después de Semana de Turismo, ya que el objetivo es realizar el llamado a licitación antes de que termine junio.
Tras varios cambios, la obra supondrá una inversión de US$ 288,7 millones y tendrá una duración estimada de dos años. En el directorio ya no hay reparos acerca de la solución técnica presentada, pero persisten importantes diferencias sobre la estructura del negocio.
El proyecto presenta cinco alternativas, que van de menos a más en cuanto a la gestión del privado. La mayoría oficialista prefiere la opción que da mayor participación al actor privado, un contrato BOT (por sus siglas en inglés, construir, operar y transferir) que habilita a las empresas a construir la planta, potabilizar el agua y mantener la infraestructura. El argumento a favor de esta alternativa es que genera un menor endeudamiento, aunque las autoridades reconocen que es más caro.
“Cuanto más financien las empresas, para OSE es mejor”, dijo Montero a Búsqueda. Esto es porque “incide” en la decisión el “compromiso” con el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de reducir la deuda pública, explicó.
El presidente afirmó que el proyecto cuadriplica las posibilidades de inversión de OSE y que “esos condicionamientos económicos” son los que inclinan la balanza a favor del contrato BOT.
De acuerdo con cálculos realizados por el director frenteamplista de OSE, Edgardo Ortuño, de optar por esta opción la empresa pública pagará US$ 335 millones más que si realiza la gestión con recursos propios. “La potabilización en manos de OSE tiene un costo total de US$ 725 millones, mientras la alternativa, en la cual el privado financia, construye y opera la planta potabilizando el agua durante 28 años, tiene un costo total de US$ 1.060 millones”, señaló en un informe elevado a la Mesa Política del Frente Amplio e informado por la diaria el martes 5, al que también tuvo acceso Búsqueda.
OSE prevé contratar a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para que analice de forma externa cuál es la mejor alternativa de financiamiento como forma de blindar el proyecto, según contaron a Búsqueda fuentes de la estatal. Ayer miércoles ingresó el proyecto de resolución al directorio.
“Expresamos nuestra oposición a la gestión privada de la potabilización del agua y la totalidad del proyecto, por su altísimo costo, su carácter inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del plebiscito sobre el agua en el año 2004”, agregó en su informe el dirigente de la Vertiente Artiguista. “Se obligará a la OSE a comprar agua potable en lugar de producirla”, sentenció. “¿Tendremos diálogo y acuerdo o imposición y confrontación?”, señaló en Twitter.
Tras escuchar el lunes 4 la exposición de Ortuño ante la Mesa Política, el Frente Amplio resolvió darle prioridad al tema. La intención es que la decisión sobre el proyecto Neptuno sea adoptada como política de Estado en el marco de un acuerdo con base política y social amplia. En este sentido, la coalición de izquierda solicitó la convocatoria del Directorio de OSE y del ministro de Ambiente, Adrián Peña, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Las comparecencias están previstas para los primeros días de mayo, dijeron fuentes parlamentarias.
En tanto, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) prevé discutir en el congreso que se realizará el 20 de abril cuál será la postura de lucha que adoptarán. Su presidente, Federico Kreimerman, dijo a Búsqueda que están “rotundamente en contra” del mecanismo que se pretende utilizar.
En el gremio consideran negativo que se firme un contrato con privados a tan largo plazo, aseguran que la opción elegida aumentará el costo total para OSE —lo cual puede traducirse en las tarifas— y señalan que “privatiza el agua” y va en contra del artículo 47 de la Constitución.
Este artículo —fruto de la reforma constitucional de 2004—establece que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que esos servicios públicos deben ser prestados “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Montero defiende la legalidad del proyecto y utiliza como base de la argumentación la conclusión a la que arribó la Gerencia Jurídica de OSE (Búsqueda No 2.114). Los abogados del organismo señalaron que la imposición constitucional es que el Estado sea el titular de los contratos de abastecimiento de agua potable con los clientes pero esa limitación no impide la posibilidad de “recurrir a terceros para que le brinden servicios o provean bienes”.
Tras señalar esto, el presidente de OSE planteó: “Si se ponen puristas, OSE debería fabricar hasta los caños que utiliza”.
La vicepresidenta de la empresa, Susana Montaner, reconoció en un evento de Batllistas a fines de 2021 que esta solución “colida” con el artículo 47 de la Constitución y expresó que la mejor solución sería a través de un fideicomiso con garantía estatal y que OSE realice la operación y el mantenimiento (Búsqueda No 2.155).

Río Santa Lucía, lugar donde se saca y potabiliza el agua en Aguas Corrientes. Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS
Características
El proyecto prevé construir una toma de agua bruta, una planta que produzca 229.000 metros cúbicos por día de agua potable (aproximadamente, un tercio de Aguas Corrientes) y una estación de bombeo de agua tratada. También, un lago artificial de agua dulce de 190 hectáreas para abastecer a la planta los días en que haya una “salinidad inadmisible” en el Río de la Plata, una tubería aductora de 80 km de largo y 1.500 mm de diámetro, otra tubería de conexión de 9 km de largo desde el recalque de Melilla hasta los tanques de Cuchilla Pereira, donde se conectará con la quinta línea de bombeo.
Además, habrá también un monitoreo de la calidad del Río de la Plata y un sistema para el tratamiento de los lodos.
El presidente de OSE destacó que el proyecto crea una nueva fuente de donde tomar agua y una nueva planta para tratarla, lo cual es una alternativa importante ante eventos negativos que puedan ocurrir en Aguas Corrientes o en el río Santa Lucía, en el marco de un aumento del consumo de agua potable. Los cálculos de OSE estiman para 2045 un consumo de 840.000 metros cúbicos por día en la zona metropolitana, una cantidad imposible de producir únicamente con Aguas Corrientes.
A su vez, Montero visualiza que cuando la planta de Arazatí esté operativa disminuirán las necesidades en Aguas Corrientes, lo que se traducirá en una baja en los gastos para evitar que se superpongan las actividades.
Información Nacional
2022-04-06T21:32:00
2022-04-06T21:32:00