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Cuando el edil frenteamplista Óscar Curutchet tuvo que aprobar la exoneración del pago de la Patente de Rodados a un auto de alta gama de origen europeo, la situación le indignó. El dueño del vehículo era el director de un liceo privado y le constaba que el uso que le iba a dar estaba lejos de cualquier propósito educativo. Pero la Constitución lo amparaba y tanto la Junta Departamental como las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) tuvieron que ceder. Si bien no era la regla general, la situación se repetía con algunos curas y pastores de templos religiosos que se amparaban en la Carta Magna para obtener el mismo beneficio.
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Para evitar esas situaciones, Curutchet, que pertenece a Asamblea Uruguay, es el primer suplente del intendente electo Daniel Martínez y estará en su gabinete, promoverá una reforma constitucional. Pero como eso llevará tiempo, mientras tanto, propondrá “redefinir” el concepto de tributos y de esa manera lograr que iglesias y colegios dejen de exonerar algunos de ellos.
Esas instituciones son solo algunas de las miles que año a año son exoneradas por la IMM de pagar la Contribución Inmobiliaria, la Patente de Rodados y la Tasa General.
El procedimiento consiste en que las organizaciones presenten la solicitud de exoneración al departamento de Recursos Financieros de la IMM, que envía el pedido a la Junta Departamental. Luego de que los ediles estudian la propuesta y se expiden sobre ella, que casi siempre las aprueban, vuelven a enviarla a la IMM, que termina por aplicar lo que establece la Constitución. Una vez que se conceden las exoneraciones, estas tienen carácter retroactivo.
En el último quinquenio, el gobierno departamental dejó de percibir unos U$S 20 millones anuales, un monto que equivale a aproximadamente el 5% del total de lo que recauda por ese concepto, según datos de la IMM. “Esas exoneraciones están estipuladas en la Constitución”, por lo que la Intendencia “no va a pelear para que se eliminen”, dijo el ex director de Recursos Financieros, Arturo Echeverría (Búsqueda Nº 1.614).
En su Artículo 69 la Constitución establece que “las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”. El Artículo 5 declara “exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”. En 2014, las 235 iglesias que se ampararon en esos párrafos exoneraron U$S 667.430 de Contribución Inmobiliaria y U$S 57.445 de Patente de Rodados , según información aportada por la Unidad Derecho de Acceso a la Información Pública de la IMM. Los años anteriores fueron eximidas de pagar un monto similar en ambos casos.
El actual titular de la Secretaría General de la comuna, Ricardo Prato, dijo a Búsqueda que el gobierno acata lo que establece la Carta Magna. Pero la situación puede cambiar con la impronta del nuevo gobierno departamental.
Reforma constitucional.
Para Curutchet, los pasos que se deben de seguir son claros. “Obviamente se tiene que hacer una reforma constitucional y establecer en qué circunstancias y bajo qué méritos corresponde la exoneración tributaria. Por ejemplo, en el caso de las exoneraciones de Patente de Rodados a los templos religiosos, ¿es necesario que un rodado esté exonerado para garantizar la libertad de culto? No parece necesario”.
Curutchet denunció que, si bien no es la norma general, tanto curas como pastores y directores de colegios privados hacen uso de ese beneficio para evitar pagar impuestos de vehículos “ostentosos” que “notoriamente” usan para actividades personales.
“Si se usa un vehículo que transporta niños o jóvenes, pude ser que sea viable y que se exonere. Ahora, ¿por qué un director de un liceo privado? ¿O el cura de una iglesia que lo usa como auto particular? Eso excede claramente los objetivos que persigue la Constitución de la República o un Estado laico”, sostuvo.
Además, los colegios privados “ya reciben ingresos importantes” por la matrícula y por los aportes mensuales que realizan los alumnos.
“Una importantísima suma de dinero por tributos que debería destinarse a los organismos nacionales y departamentales, en particular al gobierno departamental de Montevideo, no llega porque están exonerados”.
Curutchet dijo que el objetivo es que la IMM disminuya a la mitad el dinero que exonera y lo reduzca al entorno de los U$S 10 millones para que el resto del capital se “redistribuya para mejorar los servicios y tener mayor cantidad de obras”.
“Discutir” tributos.
Cuando se discutían casos particulares de exoneración en la Junta Departamental y en la interna del gabinete del Palacio Municipal, por más que los jerarcas y los ediles —en su mayoría frenteamplistas— estaban en desacuerdo con otorgar el beneficio, terminaban por aprobarlo.
“Como sabemos que los tribunales fallaban a favor de esas personas físicas o jurídicas, lo que hacía la Intendencia de Montevideo era promover la exoneración porque, en caso de perder un juicio, se iba a perder mucha más plata”, dijo Curuchet.
Por eso el edil entiende necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y modificar los artículos 5 y 69 de la Carta Magna. Mientras tanto, Curutchet quiere rever el concepto jurídico de diversos tributos y acordar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes una misma “formulación técnica” para cada uno de los 19 departamentos que permita evitar exonerar tributos.
En el caso de la Tasa General, por ejemplo, es posible “discutir” si es un tributo o un precio. De ubicarlo en la categoría de “precio”, como dinero que el gobierno departamental reclama por un servicio que ofrece, la Intendencia podrá dejar de exonerarlo, razonó Curutchet.
