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El general retirado Julio Halty, que hasta el año pasado fue presidente del Supremo Tribunal Militar, dijo a Búsqueda que el nuevo impuesto a los retirados militares a estudio del Parlamento “es inconveniente” por “razones económicas” y sobre todo porque “afecta severamente la moral de la tropa”.
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Según Halty, como los retirados militares ya pagan el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), que desde 2008 grava las jubilaciones mayores a unos $ 28.800 mensuales, al introducir un nuevo impuesto “se pierde mucho más de lo que se gana”.
El Poder Ejecutivo envió en octubre del año pasado un proyecto para financiar el Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas con un impuesto, en principio durante 18 meses, que recaudaría unos US$ 45 millones anuales, alrededor del 10% de su déficit.
Los partidos de la oposición y el diputado disidente del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, anunciaron su rechazo al impuesto que tiene carácter progresivo y lo pagarían el 20% de las jubilaciones militares más altas, a partir de $ 50.000.
Un equipo de oficiales retirados de las tres fuerzas que encabeza el general Hebert Fígoli considera que el impuesto es “inconstitucional”, “expropiatorio” y “confiscatorio”.
Durante una asamblea realizada a comienzos de julio, alrededor de un millar de oficiales y suboficiales respaldaron al equipo de Fígoli, quien anunció que “no se moverán un milímetro” de su posición.
El senador José Mujica, que antes había mostrado reservas a dar su voto, dijo que el Movimiento de Participación Popular (MPP) respaldaría el impuesto transitorio, aunque no la reforma del sistema de retiros salvo que se trate al mismo tiempo que las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas que datan de 1974 y se procesa una discusión acerca de qué militares se necesitan.
Sucesivas reformas realizadas luego de 1985 determinaron que las jubilaciones militares sean anómalamente superiores a los ingresos de los activos, a lo que se sumó una distorsión de la relación entre activos y pasivos.
Halty advirtió que no entra en consideraciones económicas ni constitucionales sobre el nuevo impuesto, pero dijo que se decidió a emitir su opinión porque lo “dictó mi conciencia”.
Halty fue el último secretario político del expresidente del Frente Amplio Liber Seregni. En 1976, durante la dictadura, con el grado de teniente coronel, sufrió 50 días de arresto a rigor, pero no fue procesado ni preso, sino obligado a pasar a retiro por un Tribunal de Honor que lo acusó de cometer “falta grave” al mantener “conversaciones de carácter ideológico” con ciertos colegas.
A la salida de la dictadura se incorporó al Frente Amplio y trabajó en el equipo del coronel Carlos Zufriategui. En 1991 fue secretario de la Mesa Política y en 1994, cuando se creó Asamblea Uruguay, sustituyó a Carlos Baraibar en la secretaría de Seregni.
El expresidente del Supremo Tribunal Militar entre 2008 y 2016 dijo a Búsqueda que no solo el FA, sino todos los partidos políticos contribuyeron a la reparación de los militares perseguidos, aunque el gobierno de la coalición de izquierda, en 2005, fue el que finalmente reconstruyó la carrera de los afectados.
Halty explicó que los dos gobiernos de Julio Sanguinetti realizaron reparaciones, primero a los generales Seregni y Víctor Licandro y luego al resto (que pasaron de reforma a retiro), pero que también el expresidente Luis Lacalle contribuyó.
Recordó que el entonces ministro de Defensa Mariano Brito firmó un decreto en el cual se reconocía que un grupo de militares había sido perseguidos por razones políticas e ideológicas, y también mejoró sus jubilaciones al sumar los años de la dictadura como de servicio.
A partir de 2005, cuando la ministra fue Azucena Berrutti, se reconstruyó uno a uno la carrera de oficiales y personal subalterno perseguidos y se les otorgó el grado máximo al que hubieran llegado.
“Tengo un agradecimiento que nunca hice públicamente y hago ahora, pero eso no me impide dar mi opinión sobre el impuesto”, sostuvo Halty.
