Las cárceles están colapsadas y tampoco han demostrado ser una fuente de rehabilitación para las personas que son condenadas a cumplir la pena en el encierro de la prisión por cometer diversos delitos. Esa realidad se vio reflejada en la primera medición de la reincidencia —el principal criterio para medir el éxito o el fracaso del sistema penal y de la política criminal—, que concluyó que alcanza al 70% en Uruguay.
En ese contexto, acompañado de una tendencia del crecimiento del delito, las tareas comunitarias y las libertades a prueba o los arrestos y la prisión domiciliaria son valorados como alternativas prometedoras por todos los partidos políticos, que alcanzaron un consenso en proponer que se fortalezcan, entre las 15 medidas estratégicas para la prevención del delito.
“La evidencia señala que si comparás un grupo de personas similares, (en el) que unas cumplen una pena en prisión y otras están sujetas a una medida alternativa, la efectividad de las medidas son muy superiores si tomamos como indicador la reincidencia”, dijo a Búsqueda la consultora sobre derechos humanos y sistemas de ejecución penal Ana Juanche, que en 2022 publicó un informe sobre el mapeo de las alternativas a la privación de libertad en Uruguay para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además de ser más efectivas en prevenir futuras conductas delictivas, Juanche afirmó que la cárcel es una “solución muy costosa” por el valor económico de “solventar el monstruo que es el sistema penitenciario” y, desde el punto de vista social, por sus consecuencias en las familias o los círculos sociales cercanos a la persona condenada.
En Uruguay actualmente hay alrededor de 10.300 personas que están cumpliendo su condena a través de medidas alternativas a la prisión impuestas por la Justicia, que son seguidas por la Dirección Nacional de la Supervisión de la Libertad Asistida (Dinasla), que comenzó a funcionar en enero de 2023 en el Ministerio del Interior como una evolución de una oficina que había dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Cerca del 40% de esas personas realizan tareas comunitarias, luego de haber sido derivadas por los juzgados de Faltas, por períodos breves de entre siete y 30 días. En general, cumplen tareas de mantenimiento, como limpiar plazas, terrenos baldíos o pintar, a través de convenios con intendencias, instituciones y empresas privadas, municipios, asociaciones civiles o jefaturas policiales del interior del país.
Casi la totalidad de esas sanciones son por infracciones en el tránsito: por conducir alcoholizados, a gran velocidad, sin libreta o manejar motos sin casco. Es decir, no se trabaja en específico con la temática que causó la falta. Por esa razón, desde el Ministerio del Interior señalaron a Búsqueda que avanzan en una propuesta para la realización de talleres sobre tránsito junto con la Fundación Gonchi Rodríguez, en casos de las sanciones a través de la “ley de faltas”, para que las personas sean conscientes del daño y de las consecuencias de la acción que cometieron. En paralelo, prevén futuros convenios con el Instituto Nacional de la Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social para poner foco en los factores que provocaron las acciones.
“La medida alternativa se vuelve efectiva y puede analizarse su reincidencia si hicimos algo para trabajar las causas de los delitos”, afirmó una fuente del Ministerio del Interior, quien indicó que España y Chile son dos países que Uruguay mira como modelos por el desarrollo de las medidas alternativas. En el caso del país andino, tiene el doble de mujeres en esa condición de las que hay en el sistema penitenciario.
Desde la Dinasla reconocen que les falta tener una “batería propia” de programas de tratamiento para las intervenciones en los “factores criminógenos”, como se denomina a los elementos de riesgo o las necesidades que hacen que las personas cometan delitos. Está previsto realizar “planes individualizados de intervención”, además de la “justicia restaurativa”, que se concreta cuando los condenados “devuelven” a la sociedad parte del daño cometido a través de acciones comunitarias.
“Los sistemas modernos y bien estructurados lo que hacen es que si una persona se vinculó al delito por consumo problemático de drogas, si tiende a controlar débilmente los impulsos o si está vinculado a la agresión de género, hay programas de intervención específicos”, señaló Juanche. Y agregó: “Que vayan a construir ladrillos, a barrer escuelas, tiene un fin de resarcimiento, que es simbólico y material, pero esto es trabajar directamente con las causas del delito para que no lo vuelvan a cometer”.
Eso en Uruguay todavía es “incipiente”, afirmó la consultora, quien remarcó la necesidad de la descentralización de la Dinasla, porque en la actualidad las medidas alternativas están concentradas fundamentalmente en Montevideo y los departamentos de la zona metropolitana.
En ese sentido, desde el Ministerio del Interior reconocen que las medidas alternativas disponibles no son para todos, porque tampoco está “institucionalizada” una solución para las personas sin domicilio fijo que deben cumplir con ese tipo de penas.
“Eso atenta contra el principio de igualdad de las personas”, consideró Juanche, para quien la legislación debería asegurar que todas las personas puedan acceder al mismo elenco de soluciones y que eso no dependa de las características socioeconómicas de cada una.
El 30% de los condenados con medidas alternativas cumple libertades a prueba, la herramienta que sustituyó a las libertades vigiladas tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020, que tiene un plazo máximo de dos años e incluye la obligación de vivir en un lugar determinado, la presentación de forma semanal en la seccional policial y la realización de servicios comunitarios.
Por otro lado, el 15% tiene suspensiones condicionales del proceso, otra de las medidas de la LUC, que es de las más usadas en Europa junto con la libertad condicional. Se trata de un acuerdo entre los fiscales y los imputados que impone obligaciones a quienes cometen delitos a cambio de registrar antecedentes penales. A su vez, el 3% tiene libertades vigiladas, con una pena máxima de tres años para la común y cinco años para la intensiva, que pueden incluir trabajo comunitario y el arresto domiciliario por hasta ocho horas diarias.
En el grupo de herramientas alternativas a la cárcel, pero que incluyen una privación de libertad, están el arresto domiciliario que tienen el 9% de quienes cumplen medidas sustitutivas, que puede ser durante ocho horas (en general en el horario nocturno) o parcial, cuando los condenados pueden salir únicamente a estudiar o trabajar. En prisión domiciliaria están cerca del 3%.
Extender tobilleras
Desde la Dinasla consideran que sería “ideal” que “se piense más” en las medidas alternativas como opción previa a la cárcel, sobre todo en delincuentes primarios, jóvenes, que son condenados a penas leves de pocos meses, teniendo en cuenta que tres de cada 10 reclusos vuelven a los establecimientos penitenciarios a los seis meses de recuperar la libertad, según datos del Ministerio del Interior.
En esos casos, plantean que se debería extender el uso de tobilleras electrónicas. Actualmente hay cerca de 1.000 dispositivos disponibles para utilizar, que son más fáciles de monitorear que los controles que se realizan por “planilla”, para lo cual funcionarios deben corroborar de forma periódica el cumplimiento de la condena en los domicilios y faltan recursos humanos para hacerlo de una manera correcta.
Desde la cartera adelantaron a Búsqueda que trabajan en la incorporación de nuevas estrategias desde lo tecnológico para sustituir el control por planilla, con la intención de que comiencen a utilizarse en marzo de 2024. Las herramientas serán celulares u otros equipos que permitirán con una aplicación corroborar —de forma aleatoria— la ubicación de las personas con medidas sustitutivas y evitar las visitas presenciales.
Según señalaron, hay “mucho apoyo internacional” para el desarrollo de las medidas alternativas a la prisión. En ese sentido, hay un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en trámite que, entre otros puntos vinculados con la prevención del delito, estará destinado a “mejoras de la calidad de las actividades de resocialización”.
