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Todo funcionario de la Administración Central que haga públicos las solicitudes y proyectos que eleva a sus superiores, o los informes y dictámenes que produce, incurrirá en falta muy grave que es pasible de despido. Así lo establece un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que modifica parte del “Procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la Administración Central” vigente desde el año 1991.
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El decreto, con fecha 13 de febrero y firmado por Raúl Sendic —en ese momento en ejercicio de la presidencia—, estima “oportuno y conveniente” regular aspectos sustanciales de la actuación funcional, pues los principios de transparencia “deben primar en la actividad estatal” y “deben ser armonizados con los deberes de lealtad y reserva del funcionario público”. Dichos deberes, según el decreto, implican para el funcionario “no solo la preservación de los intereses de la Administración sino conducirse con la debida discreción respecto a los datos, hechos y documentos de los que toma conocimiento”.
Según fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por Búsqueda, actualmente estas disposiciones y sus posibles sanciones están previstas en el Derecho Administrativo, por lo que el objetivo del decreto es “explicitar” lo que ya existe, otorgando “mayor certeza y claridad jurídica”.
La nueva reglamentación surgió como una preocupación del gobierno ante situaciones relacionadas con sumarios, informes jurídicos y proyectos de resolución, entre otros documentos, que antes de que tengan una decisión final por parte del jerarca correspondiente ya están en conocimiento de terceros, lo que, según las fuentes, vulnera la privacidad de los involucrados y condiciona las decisiones de los jerarcas. Aunque los documentos oficiales en principio son públicos, la ley establece en muchos casos su reserva.
En su artículo 69º, el “Procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la Administración Central” indica que “todo funcionario, cuando eleve solicitudes, proyectos o produzca informes, dictámenes, etc., fundamentará su opinión en forma sucinta”, “procurará en lo posible no incorporar a su texto el extracto de las actuaciones anteriores, ni reiterar datos, pero hará referencia a todo antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución” y “suscribirá aquellos con su firma, consignando su nombre, apellido y cargo”.
El decreto del 13 de febrero añade que “el funcionario que haga públicos, divulgue, o dé a conocer a terceros los documentos referidos en el presente artículo, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirá en falta muy grave, pasible de destitución”.
Acto inapropiado.
La entrega de información desde la interna del oficialismo a los medios de comunicación fue esta semana motivo de críticas por parte de integrantes del Frente Amplio y el gobierno. El sábado 18 “El País” indicó que, de cara a la Rendición de Cuentas, el Frente Amplio estudia plantear al presidente Tabaré Vázquez que no se devuelvan los aportes al Fonasa. El artículo se basaba en un documento elaborado por la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio.
El domingo 19 la senadora Constanza Moreira, presidenta de la Comisión, reprochó que el documento haya sido “‘entregado’ a un órgano de prensa colocado en las antípodas políticas e ideológicas del gobierno”, y aseguró que la filtración de datos significa “una triste noticia para el funcionamiento de la democracia”.
Consultado por la posibilidad de que el gobierno efectivamente no devuelva los aportes al Fonasa, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que esa versión fue “filtrada a la prensa en un actitud que realmente lo único que hace es generar inconvenientes”, por lo cual comparte “la molestia” de Moreira.
Entrevistado por El Espectador el martes 21, aprovechó la consulta para “desmentir rotundamente” otro artículo de “El País” del día anterior, donde se informa que estimaciones preliminares del Ministerio de Economía permitirán aumentar el gasto en la Rendición de Cuentas entre U$S 200 y U$S 250 millones.
“Mi desagrado no es fundamentalmente con el medio, el medio se limita a publicar lo que alguien le dijo. Mi desagrado es con quien informó algo que es falso, y esa información salió de adentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso hay que reconocerlo”, admitió. “La principal responsabilidad salió lamentablemente del Ministerio de Economía y Finanzas”, insistió, y dio a entender que deben tomarse medidas con quien divulgó los datos. “Nunca nos había pasado esto. (...) Quien hizo esto tiene que sentir la responsabilidad de que cometió un acto absolutamente inapropiado”.
