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Los tres militares retirados uruguayos condenados por secuestro y asociación ilícita en el caso de la muerte del bioquímico chileno Eugenio Berríos ya formalizaron su intención de cumplir su pena en Uruguay, algo que “es posible que pase”, según su abogado defensor, Amadeo Ottati.
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Ottati dijo a Búsqueda que Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes fueran extraditados a Chile en 2006 por este caso, ya manifestaron formalmente su intención de cumplir la condena en Uruguay.
Berríos, un agente de la dictadura de Augusto Pinochet, apareció muerto en 1992 en el balneario de El Pinar (Canelones). La semana pasada, la Corte Suprema chilena sentenció definitivamente por este caso a 14 militares, entre ellos los tres uruguayos. Casella fue condenado a 10 años y un día por secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita. Radaelli recibió la misma condena por secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli, cinco años y un día por “complicidad de secuestro” y 60 días por asociación ilícita.
Ahora los militares quieren cumplir la condena en Uruguay, algo que según Ottati “es posible”.
“Según la convención de Managua, las personas condenadas en un país extranjero pueden cumplir la condena en su país de origen. Uruguay y Chile son países firmantes de la convención, por lo que aplica”, dijo Ottati.
“Ellos ya manifestaron su voluntad de ser extraditados. Ese es el primer paso. Luego la Justicia chilena deberá enviar la condena por escrito y ahí el gobierno uruguayo tiene que pedirlo. Creo que el gobierno tiene la voluntad de traerlos”, dijo Ottati.
Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Búsqueda dijeron que no estaban al tanto ni del proceso de solicitud ni del convenio referido, pero que en todo caso sería la Cancillería la encargada de solicitar la extradición.
El gobierno de José Mujica había iniciado “gestiones” ante su par chileno para lograr que los militares pudieran volver a Uruguay (Búsqueda Nº 1.760).
Fuentes diplomáticas señalaron entonces que la defensa de los uruguayos realizó gestiones formales ante la Cancillería, que era encabezada por Luis Almagro y estaba trabajando en el tema. El argumento utilizado era que “no se puede” imputar a alguien por un nuevo delito distinto a por el que fue extraditado.
Los tres militares se encontraban en régimen de libertad ambulatoria dentro del territorio chileno, pero no podían trabajar ni salir de ese país.
En Uruguay el caso fue investigado durante 13 años y archivado por el juez penal Pedro Salazar. No obstante, la Suprema Corte de Justicia otorgó en 2006 la extradición de los militares a Chile.
La sentencia chilena llega luego de que los militares uruguayos presentaran varios recursos de casación, todos ellos rechazados por la Corte Suprema, que confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones chilena.
Además de los uruguayos, fueron condenados 11 militares chilenos. Uno de ellos, el general retirado del Ejército chileno Hernán Ramírez Rurang, se pegó un tiro luego de recibir el fallo inapelable.
En Chile, Berríos fue identificado como el responsable de la fabricación del gas sarín, que fuera usado contra los opositores del régimen de Augusto Pinochet.
