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Gobierno gestiona con el BID el mayor crédito de los últimos años, para afianzar “reformas”
El organismo advierte una concentración de las inversiones y exportaciones en pocos rubros, así como un estancamiento del gasto destinado a investigación y desarrollo
Uruguay “enfrenta el desafío de darle sustentabilidad a su crecimiento económico y para ello debe consolidar sus políticas de promoción de inversiones, comercio e innovación de largo plazo”, estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En función de ello, el gobierno le solicitó un préstamo que apunta a afianzar algunas “reformas” y dar un “salto cualitativo en la institucionalidad pública que permita atender factores exógenos asociados a un contexto internacional más adverso y, a su vez, maximizar el impacto local de la inversión”.
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En concreto, dicho programa de financiamiento por US$ 550,8 millones en total —que el Directorio Ejecutivo del BID prevé aprobar en estos días— busca contribuir a “modernizar y dar integralidad al marco normativo y regulatorio en materia de inversión, comercio e innovación, surge de los documentos preparatorios del crédito analizados por Búsqueda. Se desembolsará en dos tramos, el primero por US$ 250 millones, uno de los más cuantiosos solicitados por el país en los últimos años.
El BID entiende que el gobierno uruguayo inició en los últimos años un “conjunto de reformas” para mejorar el “posicionamiento estratégico internacional” del país y las políticas de promoción de inversiones y facilitación comercial, fortaleciendo el marco normativo y la generación de instrumentos específicos. Eso, dice, “impulsó el proceso de atracción de inversiones y con ello el crecimiento económico. Sin embargo, el patrón de inversiones y exportaciones continúa estando concentrado en (sectores) agroindustriales intensivos en recursos naturales”. La inversión foránea se direccionó en un 31% a la construcción, 15% a la energía, y 8% a la agricultura y forestal, detalla en el documento.
También señala como contexto que la economía uruguaya registró 14 años de crecimiento ininterrumpido, a un ritmo promedio anual de 4,4% entre 2003 y 2016. “Este proceso de crecimiento de largo plazo se ha encontrado en los últimos dos años con una reducción de las exportaciones y la inversión, poniendo una nota de cautela sobre los pronósticos de crecimiento económico para los próximos años”, advierte el BID. Agrega que ello puede explicarse, en parte, por factores exógenos asociados al menor crecimiento de los principales socios comerciales (como China, Brasil y Argentina), las disminuciones de los precios de las materias primas de exportación y el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos. Además, la inversión en investigación y desarrollo se estancó en 0,34% del Producto Bruto Interno a lo largo de la última década, una cifra muy inferior al caso de los países considerados “exitosos”, acota. Esto, a su vez, se refleja en una estructura productiva con una “limitada presencia de sectores intensivos en conocimiento de alta productividad”, según el organismo internacional.
El programa.
Para el BID, el actual contexto internacional le “exige” a Uruguay “avanzar en la modernización de marcos normativos y el desarrollo de nuevas reformas que le den integralidad a las políticas de promoción de inversiones, comercio e innovación, para consolidar el proceso de crecimiento sostenido a largo plazo”.
En ese sentido, respecto a la modernización del marco normativo-institucional de inversión, comercio e innovación, el programa propone consolidar un “proceso de reformas” incluyendo, entre otras: las modificaciones al régimen de promoción de inversiones tendientes a lograr atraer proyectos de inversión en sectores de alto valor agregado como servicios globales de exportación; la modernización del marco legal a fin de incorporar las mejores prácticas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; la ratificación de tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones como “medio para ajustarse a los niveles internacionales de protección y no discriminación frente a inversores de terceros países”; la suscripción y ratificación de tratados bilaterales para evitar la doble tributación y facilitar esquemas de intercambio de información tributaria; la profundización de los niveles de transparencia fiscal; el “fortalecimiento” del esquema de participación público-privada (PPP) para promover la inversión en infraestructura física; el establecimiento de un nuevo marco normativo que promueva la coordinación de las políticas de inversión, comercio e innovación; y la optimización de la normativa aduanera, procesos de control y ventanilla única de comercio exterior.
En cuanto a los estímulos a la innovación, el programa apunta al desarrollo de capacidades locales que permitan optimizar su impacto sobre la economía nacional.
De las acciones previstas en esos dos niveles, el principal resultado esperado es un incremento de la inversión en general, así como de la inversión en innovación por parte de las empresas en particular.
Riesgos y evaluación.
El documento menciona también lo que, a los ojos del BID, pueden ser los principales “riesgos” identificados asociados a este programa: que un deterioro en las condiciones económicas globales reduzca el impacto de las reformas planteadas, y que se genere una demora en la aprobación de alguna de las mismas.
Las reformas previstas afectarán a la economía en su conjunto, consigna el organismo en el documento preparatorio del programa. A fin de evaluar su impacto sobre la inversión y el comercio del país, se considerará aplicar un método de control sintético, que consiste en utilizar una combinación de países no afectados por acciones similares como grupo de comparación.
Para evaluar el impacto de la intervención sobre la innovación, el BID evalúa utilizar metodologías que comparan el aumento de la inversión en innovación y la productividad del trabajo de aquellas empresas apoyadas en el marco de los nuevos instrumentos puestos en marcha y un grupo de empresas similares de control.
