En la década del 50 en la ciudad japonesa de Minamata comenzaron a registrarse decenas de casos de una enfermedad grave que causaba, además de muertes, microcefalia, parálisis cerebral, retraso mental, problemas de audición y visión, alteración de la deglución, de la sensibilidad y parálisis de los miembros. La principal industria de la ciudad, la compañía química Chisso, utilizaba mercurio para la producción de otras sustancias que se emplean para sintetizar plásticos. Con los años se comprobó que el origen de la enfermedad eran los desechos de ese mercurio que se vertían al río Minamata, que se convertían en metilmercurio y que contaminaban a los peces y mariscos que luego comían los habitantes de la ciudad.
En las décadas siguientes comenzó a extenderse y consolidarse un consenso científico respecto a los riesgos para la salud y el medio ambiente de la exposición al mercurio que finalmente, varias décadas después, se cristalizó en un acuerdo global. En octubre de 2013 en Japón se firmó el Convenio de Minamata promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Uruguay ratificó en 2014 el acuerdo global que entró en vigor en 2017. A escala local, el principal usuario de mercurio es Efice, una compañía que produce, entre otras cosas, cloro gas, hipoclorito de sodio y soda cáustica. El cloro gas es un insumo fundamental para las usinas potabilizadoras de OSE y esa compañía es la única productora nacional. Por eso, desde hace décadas ambas mantienen un vínculo estable pero con algunos episodios de tensión.
El convenio de Minamata tiene orientaciones específicas para la industria del cloro: el acuerdo marcaba el 2025 como la fecha límite para la eliminación del uso del mercurio. Uruguay fue cuatro años más ambicioso. En setiembre 2016 la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) exhortó a Efice a cambiar su método de producción en un plazo de cinco años, que vencerá en 2021 (Búsqueda N° 1.968).
A apenas unos meses de la fecha límite, el Ministerio de Ambiente se prepara para hacer una nueva intimación a la empresa, según dijeron a Búsqueda fuentes de la cartera. Ese movimiento tiene como base un documento elaborado en diciembre por el Área Evaluación de Impacto Ambiental.
Efice presentó en 2016 un ambicioso plan de reconversión. El proyecto denominado Omega implica construir una fábrica completamente nueva y luego desmantelar la actual. La obra tiene un costo estimado de US$ 170 millones. A más de cuatro años de su presentación, la obra sigue sin comenzar y la empresa sigue buscando el financiamiento que le permita llevarla a cabo.
El documento del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, al que accedió Búsqueda, asegura que Efice no respondió el último pedido de información que le hizo Dinama en octubre de 2018. “No se ha recibido respuesta de la empresa, por lo cual no se cuenta con información del proyecto definitivo ni del plan actualizado de reconversión de la industria, de forma de ajustarse al plazo otorgado, previendo dentro del mismo el plazo para culminar el proceso de Autorización Ambiental Especial”, dice.
En ese sentido, le sugiere al ministerio intimar a la empresa a presentar la documentación sobre el estado de situación del proyecto Omega ajustado a los plazos que la Dinama le impuso en 2016.
Por otro lado, el documento subraya que aunque Efice haga o no su nueva fábrica “deberá implementar el plan de desmantelamiento de su planta actual”. Eso incluye “la gestión de los pasivos ambientales y la remediación ambiental del sitio”, puntualiza.
A pocos meses de que venza el plazo impuesto en 2016, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental entiende que el Estado uruguayo necesita “contar con un instrumento que garantice” un desmantelamiento adecuado de la fábrica. Con ese objetivo, le sugiere al ministerio intimar a Efice a que conforme una “garantía o seguro ambiental” a favor de la cartera. Recomienda ponerle a la empresa un plazo de 30 días para presentar el monto estimado del plan de desmantelamiento, su metodología de cálculo y una propuesta del mecanismo de garantía.
“Me estás pidiendo un imposible”
Néstor Gómez Alcorta, presidente de Efice, relativiza el peso del plazo impuesto por la Dinama que vence este año para dejar de fabricar cloro con mercurio. Para el ejecutivo, se trata de una recomendación que no obliga a la empresa. En el peor escenario, entiende, los podría dejar expuestos a multas pero no a cerrar la planta.
“Cerrar la planta sería un desastre nacional”, asegura.
El plazo legal con el que Efice y Uruguay deben cumplir, para Gómez Alcorta, es el del Convenio de Minamata: 31 de diciembre de 2025. Acorde a sus proyecciones, el proyecto Omega debería estar terminado casi dos años antes de esa fecha.
Según dice, siguen avanzando en la búsqueda de la financiación del proyecto. Asegura que están en la etapa final de negociaciones con dos bancos privados europeos y que hay otros seis interesados más, también de ese continente. Proyecta que para fin de año Efice tendrá cerrado el acuerdo de financiación y que a principios de 2022 estaría en condiciones de comenzar la obra.
Un año atrás, su proyección era casi idéntica y no se cumplió. Sostenía que estaba en las etapas finales de la ingeniería de financiamiento y que la construcción comenzaría en 2021 (Búsqueda N° 2.068).
El desmantelamiento de la planta actual, estima, tiene un costo de US$ 3 millones y demandaría un período de cinco años. Efice tiene planificado iniciar ese proceso recién una vez que esté en marcha su nueva planta.
Sobre la inminente intimación del Ministerio de Ambiente, Gómez Alcorta dice, en primer lugar, que la información del proyecto Omega que tienen pendiente entregar representa apenas un 5% del total. Explica que todavía no están en condiciones de presentar esa documentación porque depende de la financiación del proyecto.
Sobre la solicitud de la garantía, dice directamente que no está dentro de las posibilidades de la empresa. “Ya les dijimos: ‘mirá, me estás pidiendo un imposible’. Para que alguien me dé un aval de US$ 3 millones, yo tengo que darle de alguna forma un respaldo de ese valor. Y Efice es una empresa que está siempre invirtiendo y tiene sus bienes siempre en garantía con los bancos que nos asisten con los créditos regulares que tenemos”, explicó.
Ante la insistencia de las autoridades a cumplir con ese requisito ahora, dijo que lo que están haciendo es conversar con el Banco de Seguros del Estado sobre la posibilidad de alguna fianza parcial.
Gómez Alcorta cuestiona al Estado uruguayo por no haber dispuesto ningún mecanismo económico para apoyar la reconversión de la industria que impone el convenio de Minamata, como sí lo hicieron otros países.
Rehén
La eventualidad de una interrupción en la producción de cloro gas de Efice podría generarle un problema a OSE, según dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa. Sus usinas potabilizadoras están preparadas para cloro gas y no para hipoclorito líquido, que sería una alternativa de cloración en la que sí hay otro proveedor nacional, Alliance.
La sustitución de un producto por otro requeriría que OSE realice algunas inversiones en sus plantas y en un sistema de almacenaje, porque ocupa más espacio. Eso implicaría tiempo y dinero. Además, explicaron las fuentes, OSE vio como un progreso el pasaje del hipoclorito al cloro gas, por lo que no están convencidos de una vuelta atrás.
Las otras alternativas son la importación del insumo, algo que suele ser costoso y riesgoso, o la construcción de una planta propia de cloro, lo que le llevaría a OSE más tiempo.
