Gobierno propone derogar un aspecto “medular” de la ley de género y no le asigna recursos; para feministas es un “enorme retroceso”

Aunque el Ejecutivo cumplió con el acuerdo de no recortar el presupuesto del Poder Judicial (que se mantuvo en el entorno de $ 7.500 millones) y de liberarlo de las funciones de registro civil que cumple en el interior del país, no previó ninguno de los recursos extra que había solicitado.

Además del asunto salarial, otro punto clave era el presupuesto para la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (Nº 19.580), que fue aprobada a fines de 2017, pero que tiene buena parte de sus contenidos sin implementar a la espera de fondos.

En las conversaciones, el gobierno y el Poder Judicial acordaron postergar su aplicación completa para 2024. Sin embargo, la Justicia aspiraba a recibir una partida única de $ 200 millones para realizar las obras edilicias necesarias, y, en tres años, obtener un incremento de $ 350 millones para crear cargos nuevos y así instalar los Juzgados Especializados en Violencia de Género que prevé la ley (Búsqueda Nº 2.085).

Pero el proyecto de Presupuesto finalmente no incluyó recursos para la norma. La noticia no solo sorprendió al Poder Judicial, sino que indignó a las organizaciones feministas, que desde hace años reclaman que se le asignen los fondos necesarios.

“Retroceso”

No fue solo la ausencia de recursos lo que impactó en las organizaciones impulsoras de la ley. Es que el proyecto de Presupuesto deroga dos incisos del artículo 51 de la norma y, con ello, elimina la competencia de los Juzgados Especializados en Violencia de Género en los procesos penales y en los procesos de divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas derivados de las situaciones de violencia.

La eliminación de esas competencias, que constituían un aspecto central de la ley —ya que se buscaba que un solo juzgado unificara los conflictos penales, civiles y laborales derivados de las situaciones de violencia—, se incluyó en el proyecto a solicitud del Poder Judicial, confirmaron a Búsqueda fuentes de la Corte.

Desde que se aprobó la ley, la Corte se mostró en desacuerdo con la creación de sedes que unificaran todos los asuntos vinculados al género, ya que entiende que eso va en contra de su apuesta a la especialización de los juzgados por materia.

“La integralidad en la consideración del caso por un mismo tribunal era una de las cuestiones centrales de la ley. Esto es un retroceso importantísimo”, afirmó una de las redactoras de la norma, la abogada Alicia Deus. “Que entienda un solo tribunal le da una misma visión del caso, de los impactos que tiene en las diferentes áreas para la víctima de violencia. Si no, seguimos con respuestas fragmentadas, donde la víctima tiene que recorrer distintos juzgados, donde se repiten los interrogatorios y las pericias, seguimos con la revictimización y con compartimentos estancos entre la competencia civil por un lado y la penal por otro”, criticó.

“Esperábamos que la ley marcara una diferencia en la eficacia y acceso a la Justicia. Claramente esto es un enorme retroceso”, insistió.

La creación de juzgados únicos “posee un sentido superador de la realidad jurídica y garantiza que las víctimas no queden expuestas a realizar un desfile o periplo por el sistema de justicia”, escribió el martes la abogada y activista Marina Morelli en su blog. “Este aspecto negativo y regresivo se suma a la omisión del Estado uruguayo” de no haber creado hasta el momento las sedes especializadas.

“Mientras las redes están llenas de relatos de abusos y cada vez se procesan más casos de violencia de género y generaciones, no hay presupuesto para esta emergencia nacional y se desarticula lo poco que estaba bien”, escribió en Twitter la vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera. “Era uno de los aspectos medulares y lo sacan. Es desolador”, añadió, consultada por Búsqueda.

El próximo viernes las distintas organizaciones que integran la red se reunirán para definir qué acciones tomar en rechazo a los cambios y a la falta de recursos.

Otra modificación que disgustó a las organizaciones feministas fue el cambio al Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres previsto por la Ley 19.580. El proyecto de Presupuesto quita al observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo ubica en la órbita del Instituto Nacional de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Además, cambia los cargos rentados por una comisión honoraria, y elimina de su integración a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. En su lugar, deja abierta la posibilidad de que la comisión convoque a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema.

“Es otro retroceso importantísimo, porque era un órgano para monitorear la marcha de las políticas públicas en el tema, y ahora es el gobierno monitoreándose a sí mismo. Ellos ejecutan las políticas de género y las evalúan. No creo que sea muy útil a los fines de lo que debe ser un observatorio”, cuestionó Deus.

Por otra parte, el proyecto de Presupuesto crea Unidades Especializadas en Género en la mayoría de los ministerios y en organismos como el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de la Ley Nº 19.846, sobre igualdad y no discriminación entre mujeres y varones.