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    Gobierno realizará mapeo sobre conectividad rural para intentar llevar conexión a Internet con tecnología 4G a todo el país

    Las autoridades consideran que es un paso previo necesario a la llegada del 5G, para la cual habrá una licitación de espectro en la segunda mitad del año

    El extendido despliegue de fibra óptica y el acceso a banda ancha del 85% de la población ubican a Uruguay como uno de los países con mejores niveles de conectividad en América Latina. Sin embargo, aún existen zonas rurales en el interior del país que han quedado rezagadas respecto al avance de la tecnología y que aún no cuentan con una adecuada conexión a Internet. Es por eso que ante un inminente despliegue de 5G el gobierno nacional se propuso poner a tiro a todas las localidades poco pobladas que todavía experimentan dificultades de conectividad.

    El director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, dijo a Búsqueda que el gobierno ya comenzó a trabajar en un “mapeo” de las zonas de conectividad rural con la intención de “llevar y mejorar” la conexión en los lugares más alejados del interior.

    Todavía hay zonas del país con cobertura 2G y 3G, algo “impensable”, según el jerarca. Por eso, la idea desde el gobierno es “motivar y coordinar una política nacional de telecomunicaciones en la que intervengan las tres empresas”, afirmó en referencia a la estatal Antel y las privadas Claro y Movistar.

    “Queremos que exista una coordinación y un incentivo por parte del gobierno para que se ponga (conexión) en los lugares que realmente estamos necesitando, que eso no sea algo que le corresponda solamente a Antel, sino que también existan elementos para que las empresas privadas puedan trabajar en eso”, explicó Acosta y Lara.

    El tema es llevado adelante por la Mesa de Radio y Televisión creada en setiembre por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios en Comunicaciones. En la realización del mapeo nacional participará también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

    Acosta y Lara quiere sumar el esfuerzo del Congreso de Intendentes y las alcaldías. En el documento enviado a ese organismo, al que accedió Búsqueda, el titular de la Dinatel explica que “el interior del país, localidades de menor densidad de población y el sector rural por su naturaleza misma han sido los territorios con mayor dificultad para acceder a conexión a Internet de calidad”. Y ante ese escenario, solicita la colaboración del Congreso de Intendentes “a efectos de poder acceder a los contactos del tercer nivel de gobierno, de forma de relevar datos descentralizados con las alcaldías de los diferentes municipios sobre la situación de conectividad de sus respectivas zonas”.

    Otro organismo que también participará en el relevamiento será el Instituto Nacional de Colonización a través de sus directores José Antonio Amy y Guido Machado, al aprobar el pasado jueves 25 la solicitud de asistencia remitida por Acosta y Lara. De esta forma, iniciarán “un relevamiento sobre la calidad de conectividad en las colonias” de todo el país para conocer el tipo de tecnología que utilizan y la conectividad de la que disponen, sostiene el mail enviado por el director de la Dinatel al presidente del instituto, al que accedió Búsqueda.

    “Esto es muy importante, no solo porque vamos al productor chico y al más alejado, sino porque si les damos Internet obviamente ya estamos pensando en planes con el Instituto de Colonización y con Antel para lograr que todos los colonos estén conectados y pasen la información en tiempo real al instituto”, agregó.

    Está previsto que el mapeo nacional finalice en un plazo de 30 a 40 días y eche luz sobre los puntos de conectividad que hasta ahora ninguna de las tres redes de telecomunicaciones ha podido alcanzar. La intención es realizar posteriormente una licitación como forma de incentivar a las empresas a impulsar este despliegue, aunque el director señaló que es una decisión que todavía no se ha tomado.

    Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

    Igualdad

    Para Acosta y Lara, la medida responde a un aspecto de “igualdad y justicia”, al entender que “la gente del interior tiene el mismo derecho” que aquellas personas que residen en la capital y en zonas costeras del país a tener Internet en las mismas condiciones y con la misma tecnología. Sobre todo, añadió, cuando la pandemia del Covid-19 “aceleró 10 años el proceso de digitalización”.

    “Eso hizo que la gente haya cambiado los usos de Internet para estudiar, para trabajar, para comunicarse o entretenerse; cosas para las que necesita tener mayor velocidad y la última tecnología. Y es un desafío político de este gobierno llevar eso a todo el país”, indicó.

    Según el director, “la sociedad entera sabe que existen problemas de conectividad hasta en zonas urbanas”, por lo que es “impensable” que el interior continúe con tecnología antigua, y más si se quiere empezar a constituir la primera red 5G a partir del 2022. Para eso se necesita primero “universalizar el acceso a Internet a través de un 4G ready en todo el país, y después, en las zonas en las que realmente se necesite 5G, armar la redes privadas o particulares”, agregó.

    “Esto integra uno de los elementos esenciales en todo el proceso de las telecomunicaciones que va por el lado de tener una visión nacional, en la que los actores privados y públicos confluyan en el objetivo de que toda la gente tenga ese acceso”, opinó.

    Para terminar de desplegar la tecnología 4G e ir hacia una cobertura lo más cercana posible al 100% del país durante este período de gobierno, las autoridades prevén utilizar diferentes herramientas, como licitaciones de frecuencias. De esta forma, el Estado puede dirigir y coordinar la inversión incluso en los lugares en los que no les sea rentable a las empresas, explicó el jerarca, por lo que su intención es hacer que no sea solo Antel “la que tire del gancho”.

    Además, pretenden que todas las compañías de telecomunicaciones colaboren, porque hoy ya comparten mucha infraestructura. Lo que ocurre, a su entender, es que el Estado debería “coordinarlo, ayudarlo y promoverlo” con la exclusiva finalidad de que toda la población tenga acceso a Internet.

    Acosta y Lara también se refirió al desembarco de la tecnología 5G en el país y aseguró que está prevista la realización de una licitación de espectro para el segundo semestre de este año, algo que ayudará a orientar la inversión por parte del gobierno.

    Sin embargo, opinó que “es una mentira hablar de 5G” si el país tiene aún una cobertura de menos de 4G, por lo que si bien hay un interés para que Uruguay implemente una de las primeras redes de última generación “también se necesita que esa inversión genere recursos”.

    “Para invertir en 5G, las empresas van a necesitar clientes, y para que llegue a los hogares todavía falta, porque esta tecnología va a ir primero a las grandes corporaciones, a los grandes núcleos comerciales o empresas que necesitan automatización. Y después va a ir bajando a la sociedad. Pero para eso necesitas tener una buena conexión, y eso implica tener un piso de 4G”, señaló.

    En noviembre, el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que el gobierno apostaría a extender la cobertura 5G en el país “a mediano plazo” con el fin de llegar a las zonas rurales sin acceso a Internet.

    “Si se puede resolver rápido”, tal vez se siga avanzando con el 4G, ya que hay numerosas torres “que ya están en camino”, explicó. De todas formas, casi toda la infraestructura es “5G ready”, por lo que en caso de ser necesario se podría utilizar para ese tipo de conectividad, indicó. “Hoy estamos mal en el medio rural, por lo que si llegáramos con 4G ya estaríamos avanzando”, sostuvo entonces (Búsqueda Nº 2.097).

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