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La administración del presidente Luis Lacalle Pou recibió desde actores del exterior mensajes de respaldo a varias de sus reformas y políticas que, al mismo tiempo, son cuestionadas por la oposición política y por sindicatos.
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Después de una década sin modificarla, Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de la deuda pública uruguaya en un escalón —a “Baa1”— y le asignó una perspectiva “estable”, ponderando las reformas fiscales, monetarias y de la seguridad social hechas por el actual oficialismo. Samar Maziad, vicepresidenta analista senior de esa agencia, dijo a Búsqueda que esperan que esas transformaciones “se mantengan en gran medida bajo gobiernos futuros” y advirtió que, erosionarlas, podría “debilitar los resultados de las políticas fiscales y monetarias y conducir a un deterioro de la fortaleza crediticia de Uruguay”.
La decisión de Moody’s fue interpretada por las autoridades del gobierno como un logro de su gestión. Mientras, algunos políticos del Frente Amplio celebraron la mejora en la nota, pero señalaron que fue producto de progresos logrados por el país en más de un período.
Otra calificadora, Fitch, divulgó esta semana un comentario sobre la región en el que menciona a Uruguay como el país que menos riesgos presenta debido a su “alta estabilidad social y política”, así como una sólida gobernanza. Sin embargo, la agencia indicó que el próximo gobierno tendrá por delante como desafío una “mayor consolidación fiscal que mejore la trayectoria de la deuda”, consigno Ámbito Financiero.
Por su lado, de visita en Montevideo, la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Antoinette Sayeh, elogió la conducción monetaria hecha por el gobierno y la reducción de la inflación conseguida en los últimos tiempos.
Pero varias reformas implementadas por la administración de Lacalle Pou son criticadas desde el Frente Amplio y el movimiento sindical. Una de las más sensibles entre las que monitorean las calificadoras de riesgo es la que puso en vigor un sistema previsional único y, entre otras cosas, subió a 65 años la edad mínima requerida para poder jubilarse y obliga a todos los nuevos trabajadores a afiliarse a una AFAP. Un plebiscito para volver esa edad a 60, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo y eliminar las administradoras de fondos previsionales es promovido por el PIT-CNT y ya lleva recolectadas unas 200.000 firmas, de las 270.000 que debe presentar antes del 27 de abril. Dos de los cuatro precandidatos presidenciales frenteamplistas firmaron esa papeleta.
Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y una de las principales referentes de este intento de plebiscito, dijo a Búsqueda que si bien son tres los ejes propuestos, desde su punto de vista el “principal objetivo” es “la eliminación de las AFAP” y que “lo demás es una cuestión de justicia”.
“El hecho de llevar esto a plebiscito no marca una inseguridad jurídica. Al contrario, marca que el pueblo tiene que decidir y va a ser visto como lo que es: una lucha obrera”, sostuvo.
