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Los dos presidentes la presentaron como la solución definitiva al conflicto que enfrentó a Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa UPM (Ex Botnia) a orillas del río Uruguay. Con Mauricio Macri a su lado, el presidente Tabaré Vázquez anunció en enero, en Anchorena, que ambos gobiernos trabajarían juntos para instalar “un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra”.
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Siete meses después, según las autoridades, las relaciones bilaterales inauguradas en Colonia siguen en un “nivel excelente”. Lo que cambió es la situación económica en ambos países. Por eso los gobiernos resolvieron postergar la instalación del laboratorio y que el monitoreo continúe con las “capacidades ya instaladas”, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra se reunieron en Montevideo el lunes 27 para avanzar en los acuerdos anunciados por Macri y Vázquez. El ministro uruguayo informó en una conferencia de prensa que Argentina se comprometió a comprar el excedente de producción de la planta regasificadora que el gobierno pretende instalar en Puntas de Sayago. Los ministerios de Energía de ambos países trabajaron en un convenio que está a estudio de las cancillerías, explicó. Y añadió: “Está para ser firmado”.
“Uruguay y Argentina han levantado casi todas las restricciones que tenían en el comercio”, dijo el ministro uruguayo a la prensa. “Los temas pendientes están en vías de solución por el clima de entendimiento reinante entre ambos gobiernos”.
Postergación.
El buen clima permitió que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sesionara esta semana por primera vez desde noviembre del 2015 y trabajara sobre algunos de esos puntos. En la reunión se abrió un llamado a licitación para el “dragado de los fondos duros en los pasos Casa Blanca y Montaña, y también sobre el primer estudio de factibilidad para mejorar la navegabilidad del tramo Paysandú-Salto/Concordia”, dijo en un comunicado el presidente de la delegación uruguaya, Gastón Silbermann.
Los técnicos de ambos países tienen pronto el acuerdo para profundizar el canal Martín García, aunque todavía “falta formalizar” los últimos detalles, dijo a Búsqueda uno de los informantes.
La CARU —y en especial el monitoreo del impacto ambiental de UPM— fue uno de los escenarios del conflicto entre el gobierno de José Mujica y el de Cristina Fernández. El control binacional fue una de las salidas que habían encontrado los dos países para terminar con un enfrentamiento que llegó hasta la Corte de Justicia de la Haya y que provocó que uno de los puentes internacionales estuviera cortado por años.
Uruguay reclamó en 2012 la publicación de los informes de laboratorios internacionales sobre el accionar de la planta y sostuvo que si estos no habían sido divulgados era por responsabilidad de la delegación argentina. En una dura respuesta, los argentinos manifestaron, por el contrario, que era el gobierno de Mujica el que no permitía que la información fuera transparente, el que avalaba el incumplimiento de la sentencia de La Haya y que se produjeran informes que carecían “de rigor científico y técnico”.
Los gobiernos nunca llegaron a un acuerdo.
Hasta que el 7 de enero Vázquez y Macri anunciaron la instalación del laboratorio. Sería de última generación y podría ser utilizado por todo el Mercosur si era necesario. “Esperemos que ésta (solución) definitivamente resuelva el tema desde una mirada integral, que tenga en cuenta muchos aspectos y que podamos realizar en forma conjunta”, declaró entonces a “En Perspectiva” el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano.
Después de varias reuniones técnicas, sin embargo, los gobiernos decidieron postergar la instalación del laboratorio. Aunque “sin perder el objetivo final”, aclaró uno de los informantes. “Hay que ser realistas, a nivel presupuestal no están dadas las condiciones en ninguno de los dos países”, dijo. El nuevo laboratorio se volvió un “objetivo de mediano plazo”. Mientras tanto se “fortalecerá” el trabajo de la CARU y su monitoreo “a partir de las capacidades ya instaladas”, acordaron los cancilleres.
En el nuevo marco de diálogo, Uruguay volvió a plantear su interés de publicar los resultados de los monitoreos que se hacen. De acuerdo con los informantes, “hay voluntad política” de divulgarlos, pero resta discutir “parámetros comunes” y solucionar cuestiones técnicas. Es que, según las fuentes, las “discrepancias” hicieron que en los últimos dos años, cada país recabara información por separado y no la volcara a una base de datos común.
