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En los próximos días un grupo de deudores en unidades reajustables (UR) se movilizará hacia el Ministerio de Economía (MEF) para reclamar una respuesta a la situación que atraviesan miles de clientes del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda. A mediados de agosto la convocatoria había sido de otro grupo que se concentró frente a la Torre Ejecutiva para pedirle a Luis Lacalle Pou una solución a su situación después de una reunión con el presidente mantenida en abril.
“Queremos definiciones; en la reunión el presidente nos dijo que lo tenía que hablar con el MEF y que si bien no iba a ser en 15 días, tampoco llevaría cuatro meses tener una respuesta. Ya han pasado cuatro meses; queremos la respuesta para que la gente tome sus decisiones de qué hacer con su vivienda. Porque muchos se van a jubilar y no van a poder con la cuota”, dijo a Búsqueda Gimena Bas, vocera de uno de los grupos de deudores del BHU.
Dijo que habla por más de 11.000 familias que pretenden que se apruebe el proyecto de ley presentado en mayo por Carlos Camy y Sergio Botana, aunque aspiran a intercambiar con el MEF algunas modificaciones a ese texto. La propuesta de los dos senadores blancos plantea que los deudores en UR con más de 170 cuotas pagas puedan pedir que se les convierta y congele en pesos el monto de lo que resta cancelar por todo concepto.
Para Bas, los análisis del BHU elevados al MEF advirtiendo serios perjuicios para el banco de una eventual reestructura de los créditos en UR buscan transmitir una “visión catastrófica” a la opinión pública. Consideró que el Hipotecario “tiene un respaldo importante” de patrimonio para dar soluciones y rechazó la posibilidad de que al banco le “lluevan juicios” de deudores que ya hayan cancelado su crédito porque las leyes “no son retroactivas”. Y añadió: “Todos conocemos la quita de intereses en deudas que han hecho los gobiernos departamentales y no tenemos conocimiento de que se hayan perdido juicios por ese motivo”.
En abril Lacalle Pou recibió a una delegación de deudores en UR que le planteó la problemática generada por la suba que tuvo el valor de esa unidad en los últimos 15 años y lo que consideran fue un tratamiento “injusto” de sus créditos con la reforma del BHU. “El Estado, en ese momento, no solamente no protegió nuestro crédito social, sino que nos convirtió en rehenes de la UR. Muchas familias que enfrentaron la crisis del 2002, cuando el país se recuperó, siguieron siendo perjudicadas y muchas perdieron sus viviendas en remates públicos”, señaló Bas.
Reclaman que, “a través del Parlamento, se haga una revisión de la deuda para que las familias que no pueden hacer frente a esa situación no sigan perdiendo su techo. (...) Queremos pagar nuestra vivienda, de hecho, algunos ya la hemos pagado más de dos y tres veces y todavía nos quedan varios años por delante”, afirmó.
