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Hace unas semanas, como forma de protesta, un guardavidas de Rocha se tomó una fotografía en la playa en la que posó semidesnudo, con solo dos envases de protector solar tapando su cuerpo. Luego, hizo circular la imagen por las redes sociales. El funcionario, que fue separado de su cargo por 30 días por la Intendencia de ese departamento —bajo el argumento de que interrumpió su jornada laboral para subir las fotos—, quería denunciar la precariedad de la infraestructura que tenía para hacer su trabajo, particularmente, la falta de equipo y de las casetas para resguardarse del sol.
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Año a año, en un departamento costero o en otro surgen reclamos de los guardavidas por estos temas, algo que los diferentes gobiernos departamentales han intentado solucionar de forma independiente. En algunos casos, como sucedió en Rocha en 2015, el conflicto puede llegar a amenazar la cobertura de las playas durante la temporada alta, lo que pone en riesgo la seguridad de los bañistas y, por lo tanto, perjudica al turismo.
Es por ese motivo que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso un proyecto de ley para solucionar el problema. El texto —al que accedió Búsqueda— indica que su objetivo es el de llenar un vacío legal ante la inexistencia de una norma que regule la actividad de los guardavidas: “En definitiva, el interés principal de este proyecto de ley es, específicamente, la regulación de una actividad que se vincula directamente con la salvaguardia de la vida de terceros o propia y con la definición de los requisitos necesarios para poder ejercerla en condiciones adecuadas”. “La regulación de esta actividad profesional es un requisito indispensable para mejorar las condiciones que nuestro país ofrece a los turistas nacionales y extranjeros”, agrega el legislador en su iniciativa.
Los artículos del proyecto establecen que los empleadores deben garantizar las “instalaciones” y los “suministros de equipamiento” necesarios para que puedan cumplir con su actividad e indica que solo quienes posean un título reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura pueden brindar el servicio, que son los egresados del Instituto Superior de Educación Física (ISEF). A su vez, exige un tiempo mínimo de contratación —que será de 120 días— y que las jornadas no excedan las ocho horas. En caso de que eso suceda, se deberán pagar horas extras.
“Ha sido frecuente la dificultad de acordar las reglas de juego y las condiciones de trabajo entre empleadores, fundamentalmente los gobiernos departamentales, y los guardavidas organizados. Ello se debe a que no existen normas legislativas vigentes y la existencia de acuerdos puntuales (temporada a temporada) y heterogéneos entre los diferentes gobiernos departamentales ha sido, también, motivo de distorsión en un servicio que debe ser garantizado en forma precisa e indispensable”. A raíz de esta situación, explica el senador en su propuesta, se incluye la creación de un Registro Nacional de Guardavidas, que tendrá como meta mantener actualizados los títulos y certificados que habilitan a los guardavidas. Esa tarea será llevada a cabo por el Ministerio de Turismo, que además colaborará con los gobiernos departamentales con una partida anual para promover la contratación de los guardavidas.
Este último punto fue una sugerencia realizada por el senador Marcos Carámbula. El legislador frenteamplista, que fue intendente de Canelones, un departamento donde han surgido inconvenientes por el tema, está a favor de impulsar una ley de ese tipo. El actual jerarca de ese departamento, Yamandú Orsi, opina de forma similar y piensa que los guardavidas deberían formar parte de la Dirección Nacional de Bomberos, que depende del Ministerio del Interior. La idea es que tengan más autoridad de la que tienen actualmente sobre los bañistas para poder prevenir accidentes.
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, también piensa que es indispensable avanzar en ese sentido mediante una ley. El jerarca blanco, sin embargo, piensa que los guardavidas deben depender de la Prefectura Nacional Naval, una dependencia del Ministerio de Defensa. Según el jefe comunal, esa repartición sería ideal porque cuenta con herramientas que pueden colaborar con su tarea, como motos de agua y lanchas.
En las últimas semanas, en ese departamento surgieron algunos reclamos por falta de casillas para trabajar.
Mientras tanto, los guardavidas siguen disconformes con su situación laboral y con lo que les ofrecen los gobiernos departamentales, por lo que se están organizando a escala nacional para realizar sus reclamos con más fuerza, en un ámbito que denominan Mesa Nacional, la cual está afiliada al PIT-CNT.
El guardavidas Eduardo Vera explicó a Búsqueda que es difícil sintetizar algunos de los puntos en una plataforma común, dado que existen necesidades y regímenes de trabajo diferentes en los departamentos, pero que, aun así, hay planteos que son comunes a todos.
La Mesa Nacional, que tuvo su primera reunión en mayo, nuclea a las brigadas —como se llama a los grupos de guardavidas— de los departamentos en donde su actividad es más importante (Rocha, Salto, Maldonado, Montevideo, San José y Canelones), y busca la aprobación de un marco regulatorio para todo el territorio, aunque con algunos puntos que no están incorporados en el proyecto de Mieres. Dentro de las reivindicaciones más importantes está la de establecer un salario mínimo. También que los horarios no sean excesivos, que el trabajo se realice de grupos de a dos y —en algunos casos— que sus servicios sean contratados de forma anual.
Actualmente, en la mayoría de las comunas, los guardavidas trabajan en forma zafral.
Esta temporada, no obstante, se desarrollará sin un marco normativo nacional que regule la actividad de los guardavidas, ya que la iniciativa de Mieres, que está en la Comisión de Asuntos Sociales y Laborales del Senado, será tratada el año que viene.
