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Poco antes de que se instalara el actual gobierno, en el verano de 2010, en reuniones con las autoridades entrantes, técnicos de una institución multilateral de crédito elogiaron a Uruguay por la mejora en diversos indicadores, pero también sugirieron dejar de medir al país respecto a vecinos de la región —varios con desempeños mediocres— y hacerlo con otros más avanzados, como los nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde esta entidad opinan lo mismo.
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“Uruguay debería aspirar a compararse con países no necesariamente de la región latinoamericana. Es uno de los líderes, no solo en el PIB (Producto Interno Bruto) sino en muchos aspectos del desarrollo institucional del país, por los fundamentos detrás de estos buenos índices. Y debería mirar con más atención a, por ejemplo, las otras economías de la OCDE. Eso es un proceso parecido al que ha llevado a Chile a ingresar o a Colombia y Costa Rica a ser invitados a integrar la organización”, declaró a Búsqueda Christian Daude, un uruguayo que ocupa en esa institución el cargo de jefe para América Latina de su Centro de Desarrollo.
La OCDE fue establecida en 1961, con sede en París, con la misión de promover políticas que contribuyan al desarrollo económico y social en el mundo. Sus miembros son hoy 34 países, entre ellos varias de las mayores potencias globales —Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canadá, Italia, Reino Unido— y otros con relativamente altos niveles de desarrollo. Chile y México son los únicos latinoamericanos que integran este club.
Además de análisis, desde este foro son promovidos acuerdos, estándares y recomendaciones de lo que se consideran buenas políticas en favor del desarrollo. También es usual la examinación mutua entre los gobiernos de los países miembros o de otros que sin serlo, adhieren a comisiones referidas a materias específicas que funcionan dentro de la organización.
“La OCDE se ha visto como el club de los países ricos, pero ha dejado de serlo hace mucho tiempo. Tenemos varias economías emergentes con niveles de desarrollo parecidos al de Uruguay que son miembros. Varios países de Europa del Este. Lo que une a estos países es el convencimiento de que tener estadísticas fiables, comparables y datos sobre la calidad de las políticas y la calidad de las instituciones ayuda a la toma de decisiones”, explicó Daude, un graduado en la estatal Facultad de Ciencias Económicas que hoy reside en París.
Según dijo, la información técnica “mejora las políticas públicas, de eso están convencidos los países de la OCDE. Lo otro es la voluntad y el convencimiento de que es útil someterse al examen de sus pares. La OCDE es un secretariado que trabaja para los gobiernos, está gobernado por comités sectoriales y grupos de trabajo que básicamente son como ministerios sectoriales que les piden hacer tal o cual cosa. Son los gobiernos miembros los que fijan los estándares”.
Cuando se hace el intercambio entre pares, el estudio sobre determinado país es analizado en un comité y los demás miembros “hacen críticas constructivas, son críticas genuinas y duras de cómo uno está implementando ciertas políticas. Y ese proceso, que no siempre es fácil, es el que los países encuentran útil para aprender”, alegó.
Lista negra y adhesión
La OCDE fue un organismo poco conocido para muchos uruguayos hasta que en 2009 colocó al país en una nómina de países poco colaboradores en el combate a la evasión tributaria internacional. En medio de presiones, el gobierno reactivó negociaciones de tratados de intercambio de datos con otras naciones y puso en marcha nuevas, e incluso con Argentina —lo que hasta entonces había sido resistido férreamente—. Eso le permitió a Uruguay salir de esa “lista negra”; hoy tiene más de 30 acuerdos de ese tipo.
El país también se sometió a una revisión entre pares, en el marco de un foro de transparencia del organismo, y en función de sus conclusiones modificó el régimen de sociedades anónimas para reducir su opacidad.
Otro paso vinculado con la OCDE fue el estudio por parte de la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pedido del canciller Luis Almagro, del impacto que supondría el hecho de que Uruguay solicitara el ingreso a esa organización. Ser miembro “sería altamente beneficioso en términos de credibilidad ante los principales actores del desarrollo económico” mundial y permitiría consolidar los flujos de atracción de inversión extranjera y mejorar las políticas públicas en diversas áreas, se concluyó, entre otros aspectos (ver Nº 1.653).
¿El país está en condiciones para comenzar el proceso de ingreso a la OCDE?, le preguntó Búsqueda a Daude. “Sí, están dadas las condiciones para que Uruguay se acerque más a la organización”, respondió.
Y amplió: “Estos son procesos largos en general. Y creo que desgraciadamente el público conoció a la OCDE por la famosa lista negra. Pero nosotros somos más que eso, obviamente. En el espíritu de mejorar sus políticas públicas, uno aspira a dar un salto de calidad, la OCDE puede ser un interlocutor interesante para el país si hay un primer acercamiento. Eso no tiene por qué llegar a membresía ni nada. Uruguay podría ser miembro del Centro de Desarrollo, un organismo especial de la OCDE donde hay países que tienen derechos plenos como Brasil que no es miembro de la OCDE, que está en el comité director. Decide en pie de igualdad con Alemania e Italia cuál es el plan de trabajo”.
Hay otros asuntos en los que Uruguay ya está trabajando con este organismo, como con los temas de las evaluaciones PISA para la enseñanza secundaria, recordó.
Un mayor acercamiento a la OCDE depende de “voluntades políticas de ambos lados. Eso es difícil de preverlo. Uruguay es una democracia establecida, una economía de mercado, cumple con muchas características del organismo. Pero es un proceso que trasciende un gobierno. La OCDE tiene 34 países miembros y no tiene aspiraciones de convertirse en las Naciones Unidas”, aclaró el funcionario.
