Ante eso los técnicos advirtieron que se esperan “impactos en múltiples dimensiones —económicas, sociales y ambientales— entre los que se encuentra el posible cambio en el uso del suelo”.
“La ampliación significativa de infraestructura industrial y —adicionalmente— la ubicación de un nuevo punto geográfico para esa demanda incremental dan lugar a un nuevo escenario con implicancias sobre la actividad forestal”, plantearon.
Estimaron que “se ampliará marcadamente la cantidad necesaria de materia prima y consecuentemente la cosecha anual de madera”.
Eso “afectará además los costos vinculados con la logística, aspecto relevante para los resultados de la actividad, lo que introducirá cambios en las condiciones para la extracción de la oferta forestal existente y en los incentivos para la plantación de nuevos montes y la ampliación del área forestada”, proyectaron.
Consideraron que en Uruguay con prácticamente la totalidad del suelo destinado a la producción agropecuaria, la expansión del uso de las tierras por una actividad implica, necesariamente, la sustitución y consecuente disminución del área utilizada por otras. “En términos económicos esto se explica por la rentabilidad diferente de cada actividad” productiva, acotaron.
Argumentaron que “los cambios en el negocio forestal que surgen de la nueva localización industrial darían a la forestación mejores condiciones de competencia para el acceso a la tierra, que se expresa en el mercado de este factor, tanto en los precios de compraventa como en el de arrendamientos” de campos.
Aptitud y clasificaciones
Para definir lo que es suelo de prioridad forestal la normativa legal, que comprende básicamente la Ley 15.939 de 1987, maneja dos conceptos diferentes y relacionados, según Opypa.
Por una parte, se entiende por aptitud de uso de los suelos al conjunto de características propias del perfil del suelo (fertilidad, textura, drenaje, etc.) y cualidades del paisaje como la pendiente, rocosidad, entre otros, que lo hace más adecuado para algún tipo de actividad agropecuaria.
Las clasificaciones de aptitud de suelos definen como clases principales: agrícola, pastoril y forestal y también existen clases combinadas, como por ejemplo pastoril-forestal, consideró Opypa.
Y planteó que, en un extremo, la clase agrícola es la más exigente en calidad del suelo y, en el otro, la forestal se refiere a los suelos más pobres, que no son aptos para agricultura o uso pastoril.
Inversamente, muchos suelos que son aptos para la agricultura y las pasturas lo son también para el crecimiento de los árboles, sostuvo.
Aclaró que por este motivo, en el informe se analizan algunos aspectos de aptitud agrícola dentro de los grupos de prioridad forestal.
El otro concepto que se utiliza para definir a ese tipo de suelos, además de la aptitud, son las razones de utilidad pública.
El informe de Opypa recordó que en la reglamentación de la Ley Forestal se aplicaron estas definiciones para determinar los grupos de suelos Coneat de prioridad forestal.
En las administraciones frenteamplistas, específicamente mediante decretos en 2005, 2006 y 2010, se modificaron algunos criterios para la consideración de los grupos de suelos de ese tipo, mencionó.
Advirtió que “cualquier particular puede solicitar el peritaje de su terreno y obtener o no la calificación de prioridad forestal, más allá de no estar definido en el mapa”.
Del análisis de los tipos de suelo dentro de la zona de influencia de la nueva planta, Opypa calculó que “aún existe un stock disponible de tierras de prioridad forestal que alcanza las 387.320 hectáreas, es decir un 80% del total”. No obstante, sostuvo que “se debe considerar que solamente una parte de esta superficie podrá ser utilizada para forestar por los motivos expuestos”.
El escenario que provoca la operativa de la nueva planta de celulosa se evidencia en la dinámica del mercado de campos.
“Si bien el nivel de apertura de los datos (de las transacciones de tierras) no permite esbozar conclusiones categóricas, los movimientos recientes observados en la superficie comercializada y los precios por hectárea en el departamento de Tacuarembó podrían estar relacionados con este fenómeno”, señalaron los técnicos de Opypa.
Y afirmaron que en cuanto a los arrendamientos en los departamentos de Durazno y Tacuarembó se destaca un aumento de la superficie arrendada para forestación en los años 2015 a 2017. Igualmente, hubo una “tendencia creciente de los precios medios de arrendamientos forestales”, indicaron.
Consideraron la eventualidad de que “futuros estudios podrían analizar en detalle la posibilidad de incrementar el área forestada fuera del área definida de prioridad en la zona de influencia de la nueva planta, en el marco de las normativas vigentes”.
Los técnicos plantearon “acciones de reconversión de plantaciones de pino a eucalipto, lo que permite incrementar el área destinada a la segunda especie sin necesidad de aumentar la superficie forestada total”.
La movida en las rentas
“Hubo incrementos relevantes en la superficie arrendada para forestación en Tacuarembó y Durazno, con una mayor claridad en el primero”, concluyeron.
Advirtieron que en ambos departamentos “se verificó un aumento por encima de la media en 2015 y en 2016”. Y específicamente “en Tacuarembó se acercó a las 14.000 hectáreas, llegando a tener una participación del 22% de la superficie arrendada total del departamento”, destacaron.
A su vez, Opypa analizó que “en Durazno la superficie arrendada para forestar superó las 10.000 hectáreas en 2016, es decir un 20% de la superficie arrendada total”.
En los departamentos de Florida y Flores esa oficina del MGAP no detectó “cambios importantes” en la dinámica de arrendamientos de tierras con destino forestación.
Respecto a los precios, al considerar el promedio de los últimos cinco años, en Flores se verificaron valores promedio mayores de arrendamientos destinados a forestación (US$ 174 ha), aunque sin superar los guarismos pagados por la agricultura de secano (soja, maíz, trigo), indicó.
Resaltó que en Florida y Tacuarembó los precios de arrendamientos con destino a la forestación, se ubicaron en el entorno de US$ 155 por hectárea en los últimos cinco años, superando en 12% al promedio para agricultura de secano en el caso de Tacuarembó.
En tanto que en Durazno el promedio de precios de los últimos cinco años de tierras arrendadas para forestar se ubicó en US$ 150 la hectárea, sin superar a los valores pagados por la agricultura de secano.
