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El publicista que trabaja para el Ministerio de Turismo (Mintur) Álvaro Moré solía decirles a los empresarios hoteleros que a todas las actividades les llega su Uber. Desde hace 13 años, el crecimiento de plataformas como Airbnb es una preocupación para los operadores turísticos, frente a lo cual pretenden una regulación del mercado de vivienda de uso turístico argumentando que enfrentan una “competencia desleal”. “No se trata de decir: ‘Estamos en contra’. Sí lo estamos de la ilegalidad y de la forma de tener una real competencia que no es tal, porque la Justicia nos trata por igual y no lo somos”, dijo el dirigente gremial Juan Martínez al recordar aquel comentario de Moré en un evento organizado por la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU).
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Impulsado por los privados, este año el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que se discute en una comisión del Senado pero que no logró consenso para su aprobación y tendrá modificaciones. En las últimas semanas, la Cámara de Turismo (Camtur) volvió a reclamar su aprobación; es una de las cinco medidas que le piden al gobierno para mitigar la crisis que enfrenta el sector por la pandemia y, ahora, por la diferencia cambiaria con Argentina.
Antes de insistir con las medidas, el Centro de Hoteles de Punta del Este (CHPE) sistematizó una estimación de la facturación de los alojamientos que consideran informales publicados en Airbnb. De acuerdo con esos datos —a los que accedió Búsqueda—, en los primeros siete meses de 2023 el “informalismo” fue estimado en US$ 59,1 millones, un aumento de 38% respecto al mismo lapso de 2022 (US$ 42,6 millones).
El informe del CHPE asegura que el 77% de las “ventas informales” pertenecen a destinos de Maldonado (US$ 45 millones) y el 23%, al resto del país. Esa proporción aumentó en estos meses de 2023 en comparación a 2022, cuando era de 72% y 23% en cada caso.
En la mayoría de los 13 destinos que consideró la gremial hotelera en su informe hubo un aumento de la “informalidad”, según la información procesada a partir de una aplicación española. En Montevideo fue del 20% al pasar de significar US$ 4,9 millones en enero-julio de 2022 a US$ 5,9 millones en esos mismos meses de este año. En Rocha creció de US$ 4,6 millones a US$ 5,1 millones.
En Colonia, en tanto, hubo una reducción de la “informalidad” en US$ 27.000, un 3% menos. También hubo disminución del monto de los contratos de arrendamiento a través de Airbnb en Paysandú, Rivera y Artigas, aunque la cifra es comparativamente más baja que los otros destinos considerados por el análisis.
Los hoteleros de Punta del Este piden varias medidas: que se extiendan los “seguros de paro parcial” para el sector; que se aplique la tasa cero al IVA tanto para los turistas extranjeros como los nacionales; y que se reduzcan el Impuesto al Patrimonio y el IVA en la gastronomía. “La consigna del gobierno tiene que ser que ningún operador turístico quede por el camino, que todos se mantengan en funcionamiento, y por eso se requieren estas medidas un tiempo más”, cierra el informe preparado para una discusión que tuvieron distintas gremiales empresariales de Punta del Este.
Cambios al proyecto
En febrero, los ministerios de Interior, Economía, Turismo y Vivienda enviaron al Parlamento el proyecto para regular el “alojamiento en viviendas con fines turísticos”. En la exposición de motivos, el Ejecutivo destaca que la “economía colaborativa bien entendida puede llegar a ser una solución” cuando la capacidad hotelera de algunos destinos está colmada, aunque debe regirse por los “principios rectores de la actividad turística”.
La propuesta original define a la vivienda de uso turístico como aquellas que ofrecen el servicio más de cinco veces en el año o por un tiempo que sumado excede los 90 días. De convertirse en ley, estos alojamientos serán definidos como actividad extrahotelera y se les exigiría registrarse. Establece, además, que para que un tercero intermedie de forma habitual en más de una propiedad deberá registrarse como inmobiliaria turística ante el Mintur. Dispone que el dueño de una vivienda tenga que solicitar al gobierno departamental el cambio en el uso de la propiedad.
La propuesta del Ejecutivo recibió cuestionamientos tanto del oficialismo como de la oposición en el trámite parlamentario. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, exministra de Turismo, dijo que tiene “dudas” sobre si el modo elegido por el gobierno es el mejor. “En principio estoy a favor de acompañar porque me parece que hay que dar alguna señal, pero la verdad es que yo hubiera ido por otro camino”, opinó. Para ella, se podrían haber impulsado cambios reglamentarios en la “ley de turismo” a través de un decreto.
El senador colorado Raúl Batlle se mostró en contra de la propuesta. En la comparecencia de la Camtur al Parlamento, lo consideró un proyecto “en pañales” y opinó que le da “potestades exacerbadas” al Mintur. “Estamos hablando de gente que ofrece su casa en alquiler y no de un empresario que tiene un edificio entero”, dijo. La iniciativa impulsada por la Camtur le cayó “muy violenta”, afirmó.
Después de estas críticas, el Mintur envió modificaciones que buscan “simplificar” la propuesta legislativa, dijeron a Búsqueda fuentes del sector. El nuevo texto elimina el “doble registro” —ante el Mintur y las intendencias—, hace más “simple” la clasificación de las viviendas turísticas y deja algunas definiciones abiertas a la reglamentación.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, comunicó a los empresarios que el trámite parlamentario se detuvo por el trámite de la Rendición de Cuentas, pero que se retomará en las próximas semanas.
