Hubo 29 ocupaciones en 2023, pese a la normativa más restrictiva

Según los registros de la institución, en 2023 hubo al menos 20 ocupaciones sindicales. Los sectores de la industria (10) y la educación (5) fueron los que más usaron la medida. La cifra global perfila al año como uno de los de mayor uso de la herramienta desde 2015. Los niveles más elevados se dieron en 2019 con 33 casos y en 2018 con 32.

El regreso de la ocupación como medida de lucha también se confirma en las cifras del Ministerio de Trabajo. La cartera registró 29 casos en lo que va de 2023 (14 en el sector público y 15 en el privado), 58 en 2022 (53 en el sector público y 5 en el privado), 14 en 2021 (13 en el sector público y 1 en el privado) y solo cinco en 2020 (todas en el sector público), según los datos a los que accedió Búsqueda. Las cifras suman 106 ocupaciones en lo que va del período.

Normativa vigente

Durante la campaña electoral de 2019, los principales candidatos presidenciales de los partidos entonces opositores coincidían en que debía modificarse el decreto 165 del año 2006, que consagraba a las ocupaciones como “una extensión del derecho a huelga”. Una vez en el gobierno, las novedades no tardaron en llegar.

La Ley de Urgente Consideración (LUC), que entró en vigencia en julio de 2020, dispuso en su artículo 392: “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

El PIT-CNT se opuso a esta norma. Sus referentes cuestionaron que se hablara de “huelga” en términos generales y no de “ocupación” en particular y la imprecisión del concepto de “ejercicio pacífico”. También argumentaron que era una medida de lucha que se usaba de forma excepcional y ante irregularidades graves de las empresas, por lo que no eran un problema para el país. El artículo 392 fue uno de los incluidos en el referéndum que intentó –sin éxito– derogar buena parte de la LUC.

A esa disposición se sumó en octubre del 2020 el decreto 281, que derogó los decretos 165 de 2006 y el 354 de 2010. Este último establecía un régimen distinto para el sector público que permitía al jerarca a cargo de la dependencia ocupada “solicitar el desalojo”.

Además de las derogaciones, el decreto 281 estableció una nueva regulación para esa medida sindical. Ahora, ante una ocupación, sea en el sector público o privado, el jerarca o empleador puede pedir la “intervención” del Ministerio de Trabajo. Esta cartera, a su vez, ??”podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio” y, en paralelo, tiene la potestad de “intimar” (antes, durante o después de la instancia de diálogo) a la “desocupación inmediata bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública”. Si la ocupación persiste, detalla el texto, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato.

Cambio restrictivo

Para el catedrático (grado cinco) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, Hugo Barreto, la nueva normativa “cambió radicalmente” el escenario anterior. En su opinión, sobre todo en la realidad del sector privado, la regulación actual tiene un tono más “restrictivo”. Hace esta precisión porque, a nivel público, el decreto 354 de 2010 ya establecía un mecanismo de desalojo. En cambio, a nivel privado estaban avaladas como una “extensión del derecho a huelga”.

El decreto 281 del 2020 resolvió esta “doble vara” que regía, valoró. A pesar de que las nuevas normas siguen un espíritu similar al de distintos pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el experto hace algunos señalamientos críticos.

En su opinión, para ajustarse estrictamente a la posición del organismo internacional, el artículo 392 de la LUC debería hablar de la “ocupación” y no del “derecho a huelga”. También ve algunos problemas en el decreto 281. Por su redacción, sostiene, “parece que cualquier ocupación puede ser desalojada” y esa lectura va en contra de la posición de la OIT y de los extremos formulados en la LUC. Si las ocupaciones permiten el ingreso de los no huelguistas y de los empleadores, subraya, no deberían considerarse ilegítimas ni desalojarse.

Consultado por Búsqueda sobre un balance de la nueva normativa para las ocupaciones, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo: “Se ha internalizado que no está permitido. Que algún sindicato lo siga haciendo es parte del proceso de adaptación. Nosotros vamos a actuar siempre de la misma manera y con celeridad”.

En su opinión, el incremento de las ocupaciones responde a lo que sucede con la conflictividad en general. “En la medida que hay un aumento de la conflictividad, este instrumento, que no está permitido, sigue usándose”, dijo.

Según detalló el ministro, de las 106 ocupaciones que se dieron, en 92 se recurrió al Ministerio del Interior para concretar la desocupación. En los restantes 14 casos, las medidas se desactivaron a través de la intermediación del Ministerio de Trabajo.

Del total de ocupaciones en este período, 69 fueron en centros educativos y, en general, estuvieron relacionadas con “cuestiones ideológicas” referidas a la reforma educativa, opinó el ministro.

Mieres reconoció que las ocupaciones no están prohibidas si permiten el ingreso de los no huelguistas. Al referirse a los límites que tiene la medida, señaló algunas zonas grises. “Si hay violencia verbal, aunque se le permita ingresar a un trabajador no huelguista, pero bajo una presión que tipifica un acoso, hay un problema de normativa”, dijo.