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Un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) difundido la semana pasada señaló varias debilidades de gestión en la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (Impo). Al respecto, el director general de ese organismo, Fernando Abellá, se expresó muy satisfecho “de ver que se venía transitando el camino correcto” para corregirlas. Agregó que las actuales autoridades están “trabajando en los distintos hallazgos” ya desde antes de que se hiciera la auditoría, de modo de “solucionar problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años”.
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Según el informe de la AIN, el Impo incurre en “pérdidas económicas por mantenimiento de unidades vacías” en su edificio San José de Mayo, así como por deudas impagas de arrendatarios.
Abellá dijo que se encontraron que las unidades enfrentaban “múltiples realidades jurídicas, contratos vencidos, comodatos, deudas. Desde que asumimos la dirección, a fines de octubre de 2020, nos planteamos el objetivo de regularizar” la situación en un plazo no mayor a tres años, contemplando en parte las distorsiones asociadas con la emergencia sanitaria por el Covid. Las unidades vacías fueron ofrecidas a distintos organismos estatales; dos ya están en proceso de arrendarse y las restantes estarían en condiciones de ponerse a la venta si no las alquilan otras dependencias estatales, informó.
El jerarca dijo que, gracias a las gestiones realizadas por el Departamento Jurídico, se “cobraron las deudas”, y una señalada como pendiente en el informe de la AIN, que mantenía una asociación civil, fue saldada el 5 de mayo pasado.
Según Abellá, otro “problema histórico” también mencionado por los auditores es la dificultad en la cobranza de créditos por servicios. A propósito, se refirió a las “limitaciones que en la práctica Impo encuentra para ejercer, sobre el Estado en general, algún nivel de poder de coerción, aunque sea mínimo, ante la falta de pago”. Agregó que en la presente administración se estableció un criterio, en proceso de implementación, que incluye autorizaciones para la apertura de cuentas, la fijación de topes de crédito, plazos, la intervención de la Asesoría Jurídica si así correspondiera, y hasta la cancelación de cuentas de los clientes. Antes del 31 de mayo de 2023 se finalizará la adopción de este procedimiento.
Otro de los hallazgos de la AIN refirió a que la información, en algunos expedientes, no era íntegra. El director general del Impo señaló que, al momento de asumir las actuales autoridades, el soporte era exclusivamente en papel. Indicó que, en la pandemia, se produjeron demoras en el procesamiento documental. “Del relevamiento de los 30 expedientes archivados que nos fueron solicitados, desde Impo, surge el faltante de un remito en uno de ellos (no fue posible obtener el envío de ese documento por parte del proveedor y por eso en la evaluación técnica que le fue realizada y que consta en el expediente se le asignó un puntaje de cero en ese ítem) y el faltante de una evaluación en otro expediente”, señaló.
El jerarca añadió que, desde 2021, el organismo implementó un sistema de expediente electrónico y a partir de marzo de 2023 estará en producción otro para todos los trámites procesados a través del Departamento de Gestión del Gasto.
Cometidos
Según Abellá, “otra problemática que se venía arrastrando desde hace tiempo”, también advertida por la AIN, era la posibilidad de que, “aunque se pudiera dar en casos muy excepcionales”, ante diversas interpretaciones de la normativa vigente, alguno de los trabajos realizados por el Impo a solicitud de otros organismos pudiera considerarse “no enmarcado dentro de sus cometidos”.
Alegó que los organismos recurren a Impo porque “evidentemente encuentran un servicio eficiente” y la “mayoría de las veces necesitan la impresión de los materiales de forma urgente”, como ocurrió durante la emergencia sanitaria con dípticos para el Ministerio de Salud Pública o las actas de escrutinio pedidas por la Corte Electoral para las elecciones departamentales. Más allá de esas situaciones, Abellá enfatizó que este asunto ya había sido abordado como una prioridad por las actuales autoridades, desde antes de la auditoría, dando instrucciones internas y gestionando un artículo —el 527 de la Ley 20.075, de 20 de octubre de 2022—, con vigencia a partir del próximo 1° de enero, que dará “claridad y solución a los diversos criterios o interpretaciones que podían realizarse”. Esa norma habilita al Impo a “desarrollar, actualizar y administrar contenidos que provengan de organismos estatales y no estatales y entidades del sector privado, así como apoyar la difusión y conocimiento de actividades de interés general que los mismos promuevan. Para el cumplimiento de tales cometidos se suscribirán convenios y contratos entre las partes intervinientes, a efectos de acordar las condiciones de su implementación”.
“Queda mucho trabajo por hacer (…) pero reconforta observar que el trabajo que se vienen realizando desde todas las áreas de Impo ha solucionado y va camino a solucionar problemas históricos que ha padecido la institución”, dijo.
