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Durante la última década, las oficinas recaudadoras de impuestos de todas las latitudes han venido comprendiendo y empezaron a capitalizar el “gran potencial que poseen las innovaciones tecnológicas más avanzadas —como la analítica de datos o la inteligencia artificial, entre otras— para fortalecer sus capacidades operativas”, utilizando el “creciente caudal de información estadística” para mejorar la gestión de los riesgos tributarios. Pero si bien estas son “verdaderas tendencias globales”, existe una “gran diversidad de experiencias particulares en distintos países”, con distinto “ritmo”, “intensidad” y “éxito” relativo. Con ese preámbulo, un reciente informe del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) presentó los resultados de la segunda edición del Índice de innovación, digitalización y tecnología en la administración tributaria (Inditec) que, para el caso de Uruguay, mostró una leve desmejora.
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Basado en la Encuesta Internacional sobre Administración Tributaria (Isora, por sus siglas en inglés), la última realizada en 2022, el Inditect pretende ser una herramienta para evaluar, de manera sintética, el estado de situación de las oficinas recaudadoras en lo vinculado a la incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar el cumplimiento tributario y la gestión de la información estadística; la transformación digital de los procesos operativos y la orientación estratégica de los recursos financieros y humanos disponibles. Incluye cuatro dimensiones: “innovación tecnológica”, que incluye variables referidas al uso efectivo de técnicas y herramientas innovadoras orientadas a la gestión tributaria tales como la ciencia analítica de datos, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la tecnología de registro distribuido o cadena de bloques (blockchain), las interfaces de programación de aplicaciones, la identificación digital, los asistentes virtuales, etc.; “mejora del cumplimiento”, que engloba variables relacionadas con la utilización/implementación de enfoques cooperativos dirigidos a grandes contribuyentes y/o a individuos de alto patrimonio; “digitalización operativa”, referida a la transformación digital
de los principales procesos internos de las administraciones tributarias; y “recursos y presupuesto”, que apunta a reflejar la disponibilidad y uso efectivo de los recursos humanos y económicos disponibles en las oficinas recaudadoras.
Entre los casi 40 miembros del CIAT, la brecha en el valor de sus respectivos índices fue muy amplia para 2021, desde un mínimo en Bermudas (0,21) hasta un máximo en Argentina (0,85). Uruguay se ubicó en una posición intermedia, con 0,64, con una ligera baja respecto a su índice de 2019 (0,67). Salvo por la dimensión de “mejora de cumplimiento” —que mantuvo su puntaje en 0,50—, la DGI bajó en todas: en “innovación tecnológica” de 0,75 a 0,67; en “digitalización operativa” de 0,83 a 0,77; y “recursos y presupuesto” de 0,62 a 0,61.
Pero, en general, la evolución en los países analizados fue la contraria. De hecho, el informe resalta los “alentadores avances registrados en la salida de la pandemia de Covid-19” en la adopción de recursos tecnológicos en el cobro de impuestos.