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El Poder Ejecutivo pretende consensos en el oficialismo para lograr en este período de gobierno la aprobación de una ley que brinde mayor seguridad e independencia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado para la búsqueda de información sobre detenidos desparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985).
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“Desde la presidencia de Jorge Batlle en adelante este tema se manejó bajo una lógica de decretos. El objetivo es explicitar a través de una ley el compromiso del Estado de seguir trabajando en el tema y cómo hacerlo”, dijo a Búsqueda Felipe Michelini, uno de los integrantes del grupo, quien mencionó la posibilidad de crear un servicio descentralizado que se deslinde del Poder Ejecutivo.
El martes 9 la diaria informó que Michelini se reunió con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de diputados del Frente Amplio para discutir el tema.
El objetivo es presentar la iniciativa antes del cierre de la administración. “Un cambio de gobierno, aún dentro del Frente Amplio, siempre trae una tensión en todas las esferas: un nuevo gobierno tiene prioridades distintas, lo que no significa necesariamente un atascamiento sino que es una lógica natural de toda transición, más allá del partido que gobierne”, sostuvo Michelini.
Dependiente de la Presidencia de la República, el grupo de trabajo fue creado en mayo de 2015 por Tabaré Vázquez. Michelini evaluó como satisfactorio el trabajo realizado desde entonces, pero cree necesaria una ley para “dar un salto de calidad”.
Esta semana una sentencia de segunda instancia de la Justicia de Italia condenó a cadena perpetua a un jerarca civil y 12 militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana en el marco del Plan Cóndor. “En primera instancia, solamente uno de los 13 acusados había sido condenado y la acción de la Presidencia de la República en la Justicia italiana accionó la apelación”, valoró en un comunicado el gobierno uruguayo, que estuvo representado en Roma por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
El miércoles 10 miércoles Toma criticó a Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos y excanciller durante la administración de José Mujica, por cuestionar el rol del gobierno durante el juicio. “Lo que hizo Uruguay cuando estaba Almagro fue muy poco y fue paupérrimo. Lo que hizo el gobierno desde 2015 fue entregar la documentación autenticada, traducida, legalizada y con el proceso de admisibilidad. ¿Usted sabe cómo anteriormente se manejaba la prueba? En pendrive. No tiene fuerza ni valor probatorio. Por eso Almagro ahora sale a atacar a Uruguay”, dijo en Radio Sarandí.
Como canciller, Almagro lideró la defensa de Uruguay durante la primera instancia del juicio. “La sentencia es una sentencia de apelación, es decir que se debe a los que apelaron, no a los que omitieron hacerlo, como el Estado uruguayo, que se limitó a presentar documentos redundantes”, había dicho Almagro el martes 9 en Radio Carve.
El miércoles 10 en la noche Almagro respondió a Toma en su cuenta de Twitter y aseguró que varias de sus afirmaciones eran falsas.
Es falsa la afirmación d Toma respecto a contratación de abogados, no contraté ningún abogado durante mi gestión como Canciller xa atender caso d #PlanCóndor en Italia, seguimos con abogado contratado x anterior administración Pdte Vázquez. Ver carta anexa https://t.co/u55WeLwHS7pic.twitter.com/lHphhL9ryq
