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La condición de un primer informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), que cifraba en US$ 25,2 millones un potencial precio para la renovación del espectro en la banda de 850 MHz (3G y 4G), fue eje de debate este miércoles en la Comisión de Industria del Senado, a la que fueron convocadas las autoridades de ese organismo y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
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Los dirigentes oficialistas defienden esa posición, que creen que se manifiesta de forma clara en los hechos. Esa no es la postura de la oposición.
El representante del Frente Amplio en el Directorio de la Ursec, Pablo Siris, señaló que esa información “claramente” fue parte del expediente electrónico antes de su consideración por el organismo. A posteriori fue retirado y se puso otra información, que no brindaba un precio para esa banda.
Más adelante, en el programa La letra chica de TV Ciudad, el senador frenteamplista, Alejandro Sánchez, responsable de la convocatoria, dijo que hay que “profundizar” la investigación para saber si hubo una adulteración de documento público.
El otro tema de la presencia de las autoridades giró en torno a las condiciones para la subasta del 5G, sobre todo luego de que se hiciera público que borradores del pliego definitivo permitían la participación de más empresas y que se pusieran en juego cuatro bandas distintas.
Las autoridades, entre ellas, el ministro Omar Paganini, sostuvieron en la sesión que siempre se actuó “conforme a derecho” y brindando “reglas claras”.
Desde la oposición se cuestionó el cambio de idea inicial del gobierno de subastar todo para luego limitarse a la banda de 3,5 GHz, así como por qué la estatal Antel no ha comenzado a brindar el servicio 5G cuando, según se indicó, tiene “ya las condiciones” para hacerlo.