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Informe privado acusa al gobierno de favorecer “maniobras colusivas” por parte de frigoríficos
“A fuego lento” es el sugestivo título que el Ing. Agr. Alberto Rosso dio a su informe, entregado a la FR, sobre el comportamiento de la industria frigorífica, en el que la acusa de actuar al margen de la legalidad
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Una vez más, la vieja disputa entre ganaderos y frigoríficos por el precio del ganado se reavivó este año, pero, en esta ocasión, algunos actores del sector incluyeron al gobierno en esta puja, y lejos de considerarlo como un jugador a favor de los productores, lo acusaron de establecer “prácticas beneficiosas” para las grandes compañías brasileñas, que en los años recientes adquirieron varias plantas de faena en Uruguay.
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En ese escenario, entre mañana viernes 9 y el sábado 10, la Federación Rural realizará su congreso anual en San José de Mayo, capital del departamento de San José. Todo hace prever que con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo esa polémica centrará la atención de los productores en momentos en que los días se hacen cada vez más fríos y los ganaderos deben reducir la cantidad de animales en sus campos ante la disminución de las pasturas para alimentarlos.
Esa situación obliga a los productores a salir a vender sus vacunos, lo que tiende a favorecer la posición negociadora de los frigoríficos. En ese contexto, en los días previos a este congreso ruralista un ex técnico del Instituto Plan Agropecuario y productor agropecuario, Alberto Rosso, encendió la mecha al presentar a la FR un informe en el que fustigó duramente a la industria frigorífica y al gobierno del presidente José Mujica por la caída del precio de la hacienda.
“Cuando parecía que en la ganadería uruguaya los problemas estructurales se estaban disipando, sobre todo aquellos relacionados con el pasaje más oscuro de otros tiempos, nuevamente los productores somos espectadores de una maniobra colusiva por parte de la industria en la comercialización de ganado para faena”, acusa Rosso en ese trabajo titulado “A fuego lento”.
Advierte que “no hubo tiempo de disfrutar el verano llovedor, ni la buena parición de terneros. La industria frigorífica reavivó el viejo dilema de la comercialización de hacienda y trajo incertidumbre a un negocio que espera y necesita todo lo contrario”.
El titular de la FR, Carlos Uriarte, aclaró a Campo que ese informe no fue encargado por la gremial, sino que es un aporte realizado por el autor en su calidad de ganadero.
No es un documento de la Federación, enfatizó.
Reconoció, no obstante, que muchos productores comparten lo señalado por Rosso, que el tema será analizado por los congresistas rurales y que la FR lo tratará con los integrantes de la Comisión de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas.
El productor y ex técnico del Instituto Plan Agropecuario considera que se han dado una serie de “prácticas facilitadoras” de esa situación que van “desde la propia Ley de Inversiones, que les ha permitido anclar fondos con ventajas importantes, beneficios fiscales operativos y de exportación y otros favores en cuanto a la regulación de la mano de obra disponible (todo el manejo de los seguros de desempleo)”,
Rosso también acusa al gobierno de influir a favor de los frigoríficos en la compra de hacienda. “Basta recordar la incidencia del Inac en la compra en tercera o cuarta balanza, los beneficios respecto al mercado”. Eso lo señala aludiendo a “la regulación arbitraria referida a la exportación en pie y, finalmente, el manejo político último de los precios bajo el rótulo de no disparar la inflación”. El Ministerio de Economía convocó en varias ocasiones a empresarios de diversos sectores para plantearles la preocupación por el incremento de los precios de algunos productos. De esas reuniones surgieron acuerdos de congelamiento de precios u otras propuestas, como rebajas temporales de ciertos cortes de carne.
Embudo de ganado
En Uruguay se están dando los dos fenómenos de “colusión”: uno referido al “manejo oportuno y ordenado” de la competencia desleal captando las oportunidades que se le ofrecieron, indica. Pero considera que “también (se da) la colusión tácita, ya que para esta no se requiere coordinación explícita entre los integrantes de la industria y no se deja o no existe evidencia empírica sobre la comunicación o negociación entre las partes”.
“Al igual que una carrera de ciclistas, al tener el poder absoluto del mercado y condicionar la oferta, se rotan en la compra de hacienda, no generando ningún tipo de presión en los precios del mercado”, asegura. Para Rosso, de la misma forma (los frigoríficos) “se rotan en la categoría animal a comprar de manera de no generar distorsiones que los obliguen a mejorar su desempeño”. “Estas prácticas con limitada oferta no eran muy visibles, pero bastaron unos meses de buena disponibilidad para que se hicieran evidentes”, sostiene.
En su informe, el ex técnico del Plan Agropecuario explica que “la legislación le asigna el carácter de ilegal a esta práctica, y es pasible de sanción, definida como acuerdos entre competidores para restringir la competencia”. “Son de carácter horizontal y se dan en un mismo nivel de la cadena de producción o comercialización de productos”, agrega.
La ley 18.159 de julio de 2007 establece las bases legales sobre la promoción y defensa de la competencia. En el trabajo presentado en la FR, Rosso recuerda que esa norma define como acuerdos entre competidores para fijar, concertar o manipular precios o intercambiar información para tal efecto, restringir la compra de productos; segmentar mercados por clientes, proveedores, tiempos o espacios y establecer posturas, ya sea al concertar ofertas o al abstenerse en licitaciones públicas.
“En momentos en que Uruguay podría capitalizar al máximo su capacidad instalada, apostando de manera cierta a la verdadera eficiencia de una cadena, la industria frigorífica reduce sus compras generando un embudo de ganado en condiciones de faena que provoca todo tipo de repercusiones negativas al sector y al país”, acusa.
En alusión a un planteo que realizó en varias ocasiones el presidente del Inac, Alfredo Fratti, el autor del informe señala: “No se trata de discutir livianamente si existe o no cadena; la seriedad del tema exige una revisión más profunda, ligada a las definiciones de una política agropecuaria que los productores desconocemos”.
Rosso fustiga al gobierno al señalar que “no parece ser una medida coherente con el concepto del ‘Uruguay agrointeligente’ apostar al incremento productivo, si luego al final del proceso primario se dilapidan los logros en pro de ganancias industriales”. El titular del Ministerio de Ganadería, Tabaré Aguerre, ha inisistido en los últimos años en que la agropecuaria local debe tener políticas con un enfoque de país agrointeligente, basado en la incorporación de tecnología, el agregado de valor y la mayor inserción en el mercado internacional.