Inmobiliarias adoptarán manual frente al lavado de activos; asesor asegura que el sector se “presta” para esos delitos por su “boom”

El abogado Leonardo Costa afirmó la semana pasada al disertar en un foro organizado por esa gremial empresarial sobre  la responsabilidad de las inmobiliarias frente a la normativa antilavado, que “hay que cumplir” con ese compromiso elaborando un documento y un código de buenas prácticas para que los asociados tengan una herramienta y la usen. “El gobierno planteó a la Cámara: ‘si ustedes no hacen algo, lo voy a hacer yo’”, explicitó frente a los asistentes.

“¡Por lo menos googlearlo!”. 

Durante la charla Costa dijo que no se opinaría acerca de si está bien o mal que el sector esté obligado a reportar casos sospechosos de lavado. Con practicidad, planteó que “hay que delimitar la responsabilidad” de los operadores porque “ya son obligados y eso no se puede cambiar”.

Alegó que hasta el 2011 el “90% de los procesamientos por lavado de activos” involucró alguna operación inmobiliaria y que si bien en los últimos años ese porcentaje puede haber disminuido, el “sector  se presta para el lavado” por el “boom inmobiliario” y el “grado de irracionalidad de los precios” de las propiedades, entre otros factores. Agregó que la actividad inmobiliaria es de las “más vulnerables, porque carece de controles” y regulaciones.

Señaló que se espera que Uruguay sea evaluado en 2017 por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre cuál es la efectividad de la regulación contra el blanqueo de capitales.

“¿Quién tiene un oficial de cumplimiento?”, consultó seguidamente a los asistentes, y solo uno —de más de 50— levantó la mano. La figura a la que se refirió Costa refiere a la persona encargada de reportar las operaciones y actividades sospechosas, y la responsable de la política global de la empresa en relación a los controles preventivos para evitar el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos.

Entre las recomendaciones realizadas, el experto señaló la necesidad de que el inmobiliario conozca a quién está comprando o vendiendo la propiedad antes de cerrar el negocio y si es “razonable” el precio pactado según la situación del mercado. “¡Por lo menos googlearlo!” sugirió Costa a los agentes y agregó: “Ese es el click que tienen que hacer ustedes”.

Consideró indispensable saber “qué actividad lícita” sustenta la transacción en el caso de que el inmobiliario asesore a la parte compradora, y desde el lado del vendedor procurar saber cómo obtuvo la propiedad, si se trata de personas físicas. Y en el caso de las sociedades, “saber quién es el beneficiario final” de la misma.

En términos generales, el abogado recomendó documentar la información que se obtenga del interesado en comprar o vender, conservar los documentos de las transacciones de los últimos cinco años y tener procedimientos de operaciones inusuales o sospechosas, entre otras prácticas.

El Entrevero.

“¿A usted no le llamó la atención?”. Costa pretende que los inmobiliarios intenten responder esa pregunta, porque ese es el tema por lo que van a ser juzgados en caso de que alguna operación en la que participen sea investigada por presunto blanqueo de capitales. En ese sentido, Costa aludió al caso de la estancia “El Entrevero”, en Maldonado, que involucró a un empresario argentino cercano a la familia Kirchner.

El Ministerio de Economía se apresta a emitir una resolución relativa a esa operación tras recibir hace algunas semanas de la Auditoría Interna de la Nación un informe acerca de la supuesta omisión por parte de un agente inmobiliario y de un escribano de reportar una sospecha de lavado de activos en el negocio.

Fuentes de esa secretaría de Estado reafirmaron a Búsqueda que la intención del gobierno es, con este caso, enviar un “mensaje” ejemplarizante para los agentes que intermedian en el mercado inmobiliario y a otros sujetos a la exigencia legal de denunciar ante la UIAF operaciones sospechosas de lavado. 

El entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, había dicho en junio del año pasado en el Senado, que si se comprueba el incumplimiento de los sujetos obligados a informar el caso sospechoso, se actuará con “todo el rigor sancionatorio” y de forma “contundente para que se vea cómo se actúa en Uruguay una vez que ocurrió algo que no debió haber ocurrido”.

Las leyes 17.832 de 2004 y la 18.494 de 2009 establecieron la obligación de reportar presuntas operaciones de lavado por parte  de todas las personas físicas o jurídicas controladas por el BCU, además de los casinos, empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, casas de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, y ante la omisión, determina la aplicación por el Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 unidades indexadas a la inflación (equivalente a unos U$S 125) y de 20 millones de dicha unidad de cuenta (cerca de U$S 2,5 millones), “según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la UIAF.

El campo de 150 hectáreas en José Ignacio —Maldonado— fue comprado en U$S 14 millones, según se informó en 2013 en el programa “Periodismo Para Todos” de la televisión de Argentina, junto a otras denuncias sobre lavado de activos que vinculan al empresario Lázaro Báez, un socio y amigo personal del difunto ex presidente de ese país Néstor Kirchner. Eso derivó en una investigación por la Justicia argentina.